Caso "El Caburé": exfuncionario pedirá prisión preventiva para el titular de Ética Pública

La causa judicial denominada "El Caburé" sumó un capítulo de extrema tensión política y judicial en las últimas horas. Darío Oviedo Helfenberger, exdirector de Ética Pública y Control de Gestión, confirmó que solicitará formalmente la prisión preventiva para quien fuera su superior jerárquico, Ricardo Bazla. El pedido surge luego de que la Fiscalía de Instrucción N°4 de Villa Mercedes, a cargo de Leandro Estrada, citara a indagatoria al Secretario de Ética para el próximo 25 de marzo.

Bazla es investigado como presunto coautor del delito de defraudación en perjuicio de la Administración Pública. La paradoja del caso radica en que el imputado es, precisamente, el máximo responsable institucional de velar por la transparencia y el comportamiento ético dentro del Gobierno de San Luis. Pese a la gravedad de los cargos y al inicio de las actuaciones penales, el funcionario solicitó una licencia sin goce de haberes por un plazo de 60 a 90 días para ejercer su defensa, pero se mantiene en la estructura estatal.

Para Oviedo Helfenberger, cuya imputación fue confirmada recientemente por el Tribunal de Impugnaciones, la licencia de Bazla es insuficiente para garantizar el éxito de la investigación. "Vamos a pedir medidas de coerción de prisión preventiva porque la licencia no le impide seguir truchando resoluciones o acuerdos posdatados para perjudicarme", disparó el exfuncionario. Además, advirtió que buscará que el Fiscal de Estado actúe con la misma vara con la que se actuó contra él: "Quiero ver ahora que pidan la preventiva contra un ministro como hicieron conmigo".

En sus declaraciones, Oviedo Helfenberger sostuvo que fue utilizado como un "chasqui" que solo acataba órdenes por jerarquía y acusó a la cúpula de la Secretaría de inventar documentación "pos cosecha" para eludir responsabilidades. Específicamente, mencionó la existencia de una resolución —la Nº 12— que no figuraría en el sistema oficial Tramix y que, según su testimonio, fue expuesta por las propias funcionarias del área.

El expediente, caratulado como hurto calificado, abuso de autoridad y peculado, también pone bajo la lupa convenios de cooperación entre la Secretaría de Ética y el Ministerio de Producción. Mientras la querella, representada por el abogado Pascual Celdrán, considera que la acusación actual es aún "liviana" frente a la magnitud de los hechos, la Justicia avanza sobre una trama que mezcla supuestos beneficios a privados y manipulación de instrumentos públicos en el corazón de la gestión que debía controlarlos.