La fiscalía sostiene que a Moyano le disparó un adolescente; le dieron domiciliaria

La investigación por el homicidio de Javier Moyano, ocurrido el 13 de febrero en la avenida V Centenario de la ciudad de San Luis, avanzó este miércoles con nuevas resoluciones judiciales. La jueza subrogante del Juzgado de Garantía 3, Agustina Dopazo, dictó la prisión preventiva por 120 días para uno de los imputados mayores de edad, mientras que el acusado más joven, de 16 años, quedó bajo prisión domiciliaria por decisión de la Justicia Penal Juvenil.

En la causa hay tres personas imputadas, Carlos Barroso, Hugo Barroso y Uriel Lucero, este último menor, por el delito de homicidio doblemente calificado por el concurso premeditado de dos o más personas y por el uso de arma de fuego, figuras contempladas en los artículos 80 inciso 6 y 41 bis del Código Penal. 

Durante la audiencia realizada este miércoles, la magistrada analizó la situación procesal del imputado mayor de edad, luego de la prórroga de detención solicitada por su defensa. Pese a los cuestionamientos planteados por los abogados defensores, Soledad Poma y Hanna Abdalah, sobre la consistencia de la acusación, la jueza consideró que la hipótesis fiscal cuenta con elementos suficientes para avanzar en esta etapa inicial del proceso.

A pedido del fiscal Esteban Roche la magistrada ordenó que el imputado permanezca detenido y sea trasladado al Servicio Penitenciario Provincial por el plazo de 120 días mientras continúa la investigación.

Al fundamentar su decisión, Dopazo explicó que en esta fase del proceso no se requiere una acreditación plena de los hechos, sino verificar que exista coherencia entre el relato fiscal y las evidencias presentadas, requisito que entendió cumplido.

También evaluó la existencia de riesgos procesales, entre ellos la posibilidad de fuga y de entorpecimiento de la investigación, debido a la gravedad del delito, la expectativa de una pena de cumplimiento efectivo y la presencia de testigos que aún deben declarar.

Respecto del adolescente de 16 años a quien la Fiscalía atribuye haber efectuado los disparos desde el asiento del acompañante del vehículo, la jueza solo dio por formulados los cargos, ya que la definición sobre la medida de coerción debía ser resuelta por la Justicia Penal Juvenil.

Según la teoría del caso presentada por el fiscal Roche, el día del hecho la víctima circulaba en una motocicleta azul por el carril derecho de la avenida V Centenario en sentido oeste–este. A la altura de la manzana L del barrio 1° de Mayo, entre las 19:50 y las 20 horas, un vehículo con varias personas comenzó a seguirlo.

De acuerdo con la investigación, desde el asiento del acompañante el adolescente habría efectuado múltiples disparos de arma de fuego contra Moyano. La víctima cayó sobre el asfalto y murió en el lugar a causa de las heridas que le provocaron un shock hipovolémico.

En la audiencia también participó el abogado querellante, Martín Loayza Fernández, quien acompañó el planteo de la Fiscalía. En la sala estuvo presente la esposa de la víctima, quien manifestó temor por su seguridad.

Tras la audiencia en el fuero penal ordinario, el análisis de la medida de coerción para el adolescente se trasladó al ámbito de la Justicia Penal Juvenil, tal como establece el Código Procesal Penal de San Luis.

En una nueva audiencia, la jueza Daniela Benenatti dispuso la prisión domiciliaria del menor por 90 días, bajo la supervisión de familiares responsables y con control policial.

La magistrada también ordenó el seguimiento del Instituto de Reinserción Social, asistencia psicológica desde el área penal juvenil y medidas para garantizar que el adolescente continúe sus estudios de manera virtual. Además, se dispuso que la Comisaría de Atención a la Niñez, Adolescencia y Familia evalúe ampliar los intervalos de control domiciliario.

La jueza explicó que la medida busca asegurar el desarrollo de la investigación, que aún se encuentra en una etapa inicial, y proteger tanto a la familia de la víctima como al propio adolescente.

Desde la Defensoría de Niñez, que representa al imputado menor de edad, cuestionaron algunos aspectos del procedimiento y señalaron que el joven se presentó voluntariamente ante la División Homicidios, cuando —según su postura— la intervención debió canalizarse a través de la CANAF.

La defensa también sostuvo que no existiría riesgo de entorpecimiento, ya que el adolescente cumpliría la medida en un barrio distinto al de los testigos. No obstante, solicitó que se garantice la continuidad escolar y la contención psicológica durante el período de la medida cautelar.