“El loco de la casilla” irá preso: revocaron la domiciliaria y esperará el juicio detenido

El juez José Luis Flores revocó la prisión domiciliaria que cumplía Roberto Carlos García —ex policía federal— en el balneario municipal de La Toma y ordenó que permanezca detenido en el Servicio Penitenciario Provincial hasta la realización del juicio oral, previsto para los días 5 y 6 de marzo.

La decisión fue adoptada durante una audiencia de revisión de medida de coerción, a partir de un planteo del Ministerio Público Fiscal, que expuso una serie de incumplimientos y episodios de violencia registrados mientras el imputado gozaba de un régimen excepcional de prisión domiciliaria, que se cumplía en un motorhome instalado dentro del camping municipal de la localidad.

En su resolución, el magistrado fue categórico al señalar que la prisión domiciliaria concedida a García fue, desde su origen, una medida absolutamente excepcional y atípica, tanto por el lugar elegido como por las condiciones en que se desarrollaba. Remarcó que el domicilio fijado —una casilla rodante— no reunía las características mínimas de seriedad exigidas para una medida de esa naturaleza y que, aun así, se había autorizado ante la falta de alternativas concretas, siempre condicionada al cumplimiento estricto de las reglas impuestas.

Sin embargo, el juez consideró que ese marco de excepcionalidad se fue desvirtuando con el correr de los meses. Durante la audiencia se detallaron numerosos conflictos ocurridos en el camping de La Toma, donde vecinos, turistas y autoridades municipales denunciaron reiteradas situaciones de violencia, consumo de alcohol, gritos, amenazas y agresiones físicas atribuidas al imputado. Según se expuso, García protagonizaba altercados casi semanales, generaba temor entre quienes concurrían al balneario y hacía imposible la convivencia en uno de los espacios recreativos más concurridos de la localidad.

La Fiscalía informó que en enero de este año se formularon nuevas imputaciones por hechos ocurridos los días 6, 13 y 14, vinculados directamente a episodios registrados en el predio donde cumplía la domiciliaria. Entre ellos se mencionaron maniobras imprudentes con su vehículo dentro del camping, discusiones violentas con visitantes y una denuncia por una agresión física tras un altercado relacionado con uno de sus perros. Incluso se puso en conocimiento del tribunal la intervención de autoridades locales ante la reiteración de conflictos y el creciente malestar social que generaba su presencia.

El juez subrayó que una persona sometida a prisión domiciliaria debe mantener una conducta estricta y vigilada: no cometer nuevos delitos, no embriagarse, no generar disturbios ni situaciones de riesgo. A su entender, nada de eso fue respetado. Por el contrario, consideró que los hechos registrados evidencian el fracaso de la medida alternativa y refuerzan el riesgo procesal, así como el peligro de entorpecimiento del proceso judicial.

Flores también tuvo en cuenta los antecedentes penales del imputado, incluida una declaración de reincidencia derivada de una condena dictada en 2017, lo que —según sostuvo— obliga a evaluar con mayor rigor cualquier beneficio excepcional. Además, destacó que García no posee un domicilio estable en la provincia y que el lugar donde cumplía la domiciliaria ya no cuenta con el consentimiento de sus responsables para sostener su permanencia, aclarando que la Justicia nunca impuso a los administradores del camping la obligación de tolerar su presencia.

Durante la audiencia, la defensa solicitó trasladar la prisión domiciliaria a otro inmueble, pero el planteo fue rechazado. El magistrado consideró que no se acreditaron condiciones serias y concretas que permitieran sostener una nueva excepción, ya que no se presentaron estudios socioambientales, controles efectivos ni consentimiento informado de las personas propuestas como responsables del nuevo lugar.

“No existe ninguna razón seria que habilite nuevamente la excepción”, sostuvo el juez, y agregó que la prisión domiciliaria “ya no puede ser sostenida de la misma manera” frente al contexto de conflictos, incumplimientos y denuncias reiteradas.

Con estos fundamentos, Flores resolvió que García continúe detenido bajo la modalidad de prisión preventiva en una unidad penitenciaria provincial hasta la realización del juicio oral. También dispuso que se adopten las medidas necesarias para resguardar sus pertenencias personales.

Si bien recordó que el principio de inocencia se mantiene vigente hasta una sentencia definitiva, el magistrado consideró que el escenario actual impone una medida más severa para garantizar el normal desarrollo del proceso y la seguridad de terceros. El debate oral está previsto para los días 5 y 6 de marzo, instancia en la que se definirá la responsabilidad penal del acusado por los delitos que se le imputan, entre ellos coacciones agravadas por el uso de arma de fuego, portación ilegal de arma y resistencia a la autoridad.