Ajuste silencioso de Dosep: aumentos récord en las órdenes y prestaciones que desaparecen

El ajuste en la obra social de los empleados públicos puntanos, Dosep, no fue anunciado con bombos y platillos. Fue silencioso, mes a mes, orden por orden, hasta convertirse en uno de los golpes más duros al bolsillo estatal y en el síntoma más claro de una obra social que tiene sus cuentas en rojo.

El golpe al bolsillo del afiliado a Dosep no fue de una sola vez, fue una seguidilla de aumentos que se pueden rastrear en el propio sistema de la obra social. En diciembre de 2021 la orden valía 190 pesos y en abril de 2022 ya costaba 280 pesos, un salto del 47,36 por ciento en solo cuatro meses; mientras que en ese mismo periodo a los médicos se les aumentó solo un 10,9 por ciento por consulta.

El quiebre más brutal se dio a mediados de 2024, cuando sin previo aviso la orden pasó de 700 a 2.400 pesos, un incremento del 342 por ciento. A los pocos meses, en agosto de ese mismo año, volvió a saltar de 2.400 a 4.200 pesos, luego en octubre pasó a 4.500 y en noviembre cerró en 4.700 pesos con una suba del 4,44 por ciento.

Si se toma la punta contra punta, una orden que en 2022 costaba 190 pesos hoy cuesta 4.700, lo que representa un aumento del 2.373 por ciento. Pero el incremento no es solo en la consulta médica general, la consulta psicológica llegó a 330 pesos con un 17 por ciento de aumento, la práctica odontológica también a 330 y la consulta psiquiátrica a 920 pesos.

A esta escalada se le sumó el cobro de plus y coseguros por fuera del sistema, una práctica que el afiliado termina pagando dos veces.

El Círculo Médico de San Luis llegó a aplicar un plus de 200 pesos más un coseguro del 20 por ciento para cirugías y prácticas y en agosto de 2025 anunció un cobro extra de 1.000 pesos como medida extraordinaria.

Desde la obra social respondieron que en 2024 la consulta médica que se le paga al profesional aumentó un 213 por ciento, pasando de 5.247 pesos en enero a 16.400 pesos en diciembre, y que llevaron el valor a 14.000 pesos tras un acuerdo del 59 por ciento.

Mientras sube lo que paga el afiliado, se achica lo que recibe, y ese es el núcleo del reclamo gremial y de las familias.

Padres de niños con discapacidades denunciaron que la obra social del Estado, en los últimos meses, cortó prestaciones, no renovó convenios y arrastra demoras en los pagos a prestadores.

En el caso de oncología y enfermedades crónicas, el Centro Oncológico dejó de ser administrado por Dosep y pasó al Hospital San Luis, y desde entonces se registran demoras y rechazos en la provisión de drogas oncológicas.

La propia coordinadora del área reconoció que la principal dificultad está en los medicamentos oncológicos y para diabetes de alto costo.

La denuncia más grave la hizo el gremio SIEP y expone la situación límite que atraviesan muchos trabajadores. Empleados con cáncer, diabetes e hipertensión severa que superan los seis meses de licencia con goce de haberes pasan a licencia sin goce y pierden automáticamente la cobertura de Dosep porque al no haber aporte los sacan del sistema, quedando sin salario y sin obra social en pleno tratamiento.

A esto se suman los reclamos de las clínicas y centros médicos de la ciudad, que le exigen a la obra social que abone con la mayor celeridad posible los conceptos que adeuda y que son fundamentales para la operatividad de las firmas sanitarias. De hecho, en agosto de 2024 el Círculo Médico directamente suspendió las prestaciones por falta de pago.

Como cierre de este proceso de ruptura del sistema, en agosto de 2025 Dosep anunció que a partir del 19 de septiembre la relación será directa con los médicos, rompiendo definitivamente con el Círculo Médico, lo que deja al afiliado en un escenario de mayor incertidumbre y desprotección.

El ajuste tiene una explicación financiera que reconoce la propia obra social. En septiembre de 2024 se conoció que Dosep registraba una pérdida mensual de casi 1.000 millones de pesos y un déficit acumulado de 4.000 millones, por lo que el gobierno de Claudio Poggi tuvo que hacer un desembolso de 6.000 millones para no cortar las prestaciones.

En ese contexto, el Ejecutivo había aumentado previamente el aporte de los empleados del 4 al 6 por ciento de su sueldo, un 50 por ciento más, lo que representó 3.000 millones de pesos extra para la obra social.

El combo resulta muy perjudicial para el empleado público, aporta más de su salario, paga órdenes 24 veces más caras que hace dos años, debe afrontar un plus médicos no autorizado y cuando más necesita la obra social, por discapacidad, cáncer o una enfermedad grave, se encuentra con que la cobertura se corta, se demora o directamente desaparece.