Emergencia Social: desvío de fondos, nepotismo y maltrato

La Dirección de Emergencia Social de la Provincia, bajo la órbita de la Secretaría de Desarrollo Humano que encabeza Gustavo Bertolini, quedó en el centro de un polémico entramado de irregularidades administrativas, favorecimiento a familiares y un manejo discrecional de la asistencia pública.

Las sospechas apuntan directamente a su titular –y pastora- Celeste García, señalada no solo por nombrar a allegados directos dentro de la estructura estatal, sino también por el presunto desvío de insumos de asistencia crítica hacia templos evangélicos vinculados a su entorno y por ejercer un régimen de hostigamiento y persecución contra el personal a su cargo.

Los hechos cobraron trascendencia tras una investigación periodística emitida por Canal 9 y la filtración de una presentación formal dirigida al gobernador Claudio Poggi, fechada el 6 de enero de 2026, a la cual tuvo acceso El Diario de la República. En el escrito, trabajadores y beneficiarios damnificados exponen un modus operandi basado en represalias, falsas acusaciones para forzar desvinculaciones y el uso arbitrario del patrimonio público.

Entre la multiplicidad de anomalías denunciadas, tres ejes concentran la mayor gravedad institucional y administrativa:

Desvío de insumos de emergencia hacia centros de culto particulares

Testimonios e informes recabados indican que materiales destinados a familias vulnerables —estufas, colchones, colchonetas y elementos deportivos— habrían sido trasladados en vehículos oficiales a establecimientos religiosos ligados a la funcionaria. La operativa salpica a al menos dos iglesias de su entorno: "Nueva Vida", ubicada en Tilisarao, donde la propia García se desempeña como pastora, y el "Centro de Alabanza UAD", en la capital provincial.

A esto se suman sospechas por la comercialización de verduras producidas en las huertas comunitarias de la ex Colonia Hogar y la venta de viandas elaboradas con insumos estatales, cuyos fondos habrían financiado equipamiento informático, sistemas de videovigilancia y tendidos de agua para predios privados.

Red de contrataciones familiares y arbitrariedad en la asistencia

Las denuncias comprometen la incorporación bajo régimen de monotributo de familiares directos de la directora, entre ellos su hermana, Marisol Daniela García —señalada en la nota al Gobernador por ejercer abusos de poder sin nombramiento formal claro—, y su cuñada, Eliana De Amo.

Asimismo, se cuestiona el vertiginoso incremento patrimonial de la titular del área y la asignación discrecional de funciones particulares a empleados del Estado, a quienes se habría destinado a tareas de jardinería en su residencia privada.

La contrapartida de estos manejos es la severa restricción impuesta a los ciudadanos vulnerables que acuden por ayuda: para acceder a un bolsón básico compuesto por fideos, arroz, harina y mate cocido, se exige el DNI de todo el grupo familiar y se limita el beneficio a una sola entrega anual.

Maltrato laboral sistemático y filtración de denuncias

La presentación realizada ante el Ejecutivo provincial describe un clima de hostigamiento psicológico, persecución y exigencias ilegítimas, como el cumplimiento de jornadas extenuantes no remuneradas y la obligación de aportar recursos propios.

Según el documento, ante cada intento de reclamo, las autoridades recurrían a la difamación y a la imputación falsa de delitos como robos o acoso para forzar despidos. Un aspecto crítico expuesto por los firmantes es la "cajoneada" de las actuaciones y la posterior filtración de las identidades de los denunciantes, lo que derivó en represalias inmediatas: empleados despojados de sus puestos sin notificación formal, traslados punitivos a dependencias externas bajo estricta vigilancia física y situaciones de humillación pública ejercidas por el entorno de la funcionaria.