Hace 4 años que una niña espera justicia: aún la causa por abuso no tiene fecha de juicio

Hay causas que miden su daño no solo por lo que denuncian, sino por el tiempo que tardan en llegar a una sala de juicio. Esta es una de ellas.

En mayo de 2023, una madre denunció en San Luis el abuso sexual sufrido por su hija, entonces menor de edad. Casi cuatro años después, esa niña sigue esperando que la Justicia le ponga fecha al juicio. Y esa espera, en sí misma, es una segunda forma de violencia.

El expediente se tramita en la Fiscalía de Género N°1 y en el Juzgado de Garantía N°4. Según documentación oficial, en marzo de 2025 se notificaron las Cámaras Gesell, en julio de 2026 la Fiscalía formuló el requerimiento de elevación a juicio oral con pedido de pena efectiva, y en septiembre de este año se suspendió la audiencia de control de acusación que debía ordenar la prueba y definir el tribunal. Desde entonces, silencio. No hay fecha nueva. No hay debate fijado.

Para la víctima, que hoy es adolescente, el tiempo judicial no es el tiempo de la vida. Cada notificación, cada suspensión, cada cambio de fiscal que la familia asegura haber sufrido sin aviso, la obliga a volver a ese momento. Es lo que los especialistas llaman revictimización institucional: cuando el proceso para buscar justicia termina dañando de nuevo a quien pide ser protegida.

La madre no pide una condena mediática. Pide algo mucho más básico y mucho más urgente: que el juicio se haga este año. Que su hija pueda dejar de ser "la nena de la causa" para volver a ser una adolescente que pueda pensar en el año que viene, en irse, en inspirarse en otras cosas, en sacarse -como ella misma dijo- esa piedrita del zapato que lleva hace casi cuatro años.

La lentitud no es un detalle administrativo. En casos de abuso sexual en las infancias, la dilación atenta contra la posibilidad de reparación. La prueba se desgasta, la memoria se contamina, la víctima crece con el proceso abierto. La Ley 26.061 es clara: la protección integral de niñas, niños y adolescentes exige celeridad y reserva absoluta de identidad.

Este medio reserva la identidad de la víctima, de los testigos menores y del acusado, justamente para no identificarla indirectamente.

Hoy, lo único verificable es esto: una causa por abuso gravemente ultrajante denunciada en 2023 está en condiciones de ir a juicio desde julio de 2026 y no tiene fecha. Una niña que denunció cuando era niña, hoy espera como adolescente que el Estado le diga cuándo va a ser escuchada.

La Justicia que llega tarde, para una víctima de abuso, no es solo lenta. Es injusta. Se aguarda que el Juzgado de Garantía fije a la brevedad la nueva audiencia de control de acusación y la admisión de prueba. La defensa de la víctima solicita fecha de debate antes de fin de año.