Fotomultas en Villa Mercedes: indignación por los montos y el “negocio” privado

Lo que el Municipio, a cargo de Maximiliano Frontera, presentó en su momento como una iniciativa de concientización y prevención vial en realidad configura una encendida polémica en Villa Mercedes. Tras finalizar la etapa inicial de prueba, el sistema de fotomultas comenzó a aplicar sanciones económicas directas, enviando a los domicilios de los titulares vehiculares miles de notificaciones con imágenes comprobatorias y cifras que no tardaron en encender las alarmas de los conductores.

El nudo de la controversia no radica únicamente en los controles sobre maniobras como cruces de semáforo en rojo, excesos de velocidad, uso del teléfono celular o falta de cinturón de seguridad, sino en las condiciones del contrato pactado. El acuerdo aprobado con la empresa Cecaitra establece la colocación de 132 cámaras y radares por un plazo de cinco años. Sin embargo, el dato que terminó de colmar la paciencia de la ciudadanía es que el 50% de la recaudación total de cada multa iría a parar directamente a las arcas de esta firma privada de otra provincia.

La noticia generó una fuerte ola de sospechas y malestar entre los vecinos, quienes al ingresar a la plataforma web oficial para verificar sus trámites se encontraron de golpe con abultadas infracciones acumuladas. Las preguntas resonaron de inmediato en las calles y en los ámbitos locales: ¿por qué destinar semejante volumen de dinero de los mercedinos a una empresa externa en lugar de invertir el 100% de esos fondos en obras públicas, asfaltado o infraestructura para la propia ciudad?

La indignación vecinal se trasladó de inmediato a las redes sociales, donde el escepticismo sobre la pretendida "finalidad pedagógica" del proyecto se hizo sentir con fuerza. Comentarios como "Es un choreo" o "Robando como siempre" dominaron las publicaciones. Otros usuarios apuntaron a los supuestos vínculos detrás del convenio, señalando: "Seguro el dueño de la empresa es pariente de alguno de arriba". El sarcasmo y la ironía tampoco tardaron en aparecer; vecinos remarcaron con acidez que "la frase pedagógica del proyecto es 'pagando se aprende'", mientras que otros calificaron abiertamente la medida como "la mafia de las fotomultas".

Mientras las autoridades insisten en que el objetivo central es reducir la siniestralidad y ordenar el tránsito local, el volumen masivo de actas —que ya supera ampliamente las 4.000 notificaciones— y el cuestionado esquema de reparto financiero dejan al descubierto que, para gran parte de los mercedinos, la medida responde más a un fin meramente recaudatorio que a una verdadera política de seguridad vial.