Polo de Estancia Grande: a un mes del fallo, Fiscalía de Estado sigue sin dar explicación

El gobierno provincial perdió el juicio por la expropiación del terreno destinado al polo de Estancia Grande y Fiscalía de Estado no explica qué hizo frente a esa derrota. Pasaron 29 días desde la sentencia del 17 de septiembre. El Diario de la República consultó al organismo y, tras una semana de espera, no obtuvo respuesta. La pregunta sigue abierta: ¿apeló el fallo o decidió aceptar su resultado?

En la copia del expediente descargada el 5 de octubre, 18 días después de la resolución, no aparece un recurso contra la sentencia que frenó la expropiación. Ese documento no permite descartar una presentación posterior, pero Fiscalía de Estado, cuyo titular es Rafael Berruezo, tuvo la oportunidad de aclararlo ante la consulta periodística y no respondió.

No se trata de un detalle administrativo. La jueza Civil, Comercial y Ambiental 3, Valeria Benavidez, rechazó la demanda de expropiación de urgencia promovida por el Gobierno de San Luis contra Agroindustrias Las Barranquitas S. A. e impuso las costas a la Provincia.

De esta forma, el Estado perdió la pretensión que sostuvo durante más de 17 años y quedó obligado a afrontar los gastos del proceso, con honorarios todavía pendientes de regulación.

El fundamento de la derrota exige una explicación. Según la sentencia, no quedó suficientemente acreditado por qué el Gobierno necesitaba expropiar la totalidad del inmueble, de aproximadamente 169 hectáreas, para desarrollar el emprendimiento. Una inspección judicial de agosto de 2011 había constatado obras sobre unas 50 hectáreas. La diferencia era sustancial.

El fallo reconoció que la ley podía habilitar expropiaciones para promoción turística, pero advirtió que esa facultad no autorizaba al Ejecutivo a tomar cualquier extensión de terreno sin demostrar su relación con la finalidad pública.

Fiscalía de Estado había defendido esa pretensión y obtenido decisiones favorables durante el trámite. Se opuso al pedido de la empresa de exigir el cumplimiento del destino previsto para toda la superficie y consiguió que se descartara una pericia arquitectónica por falta de impulso de la demandada. Esos resultados procesales no evitaron que, al resolver el fondo, la Justicia encontrara insuficiente la justificación de la expropiación.

Ahora el organismo debe explicar qué estrategia adoptó frente a la sentencia: si apeló, cuándo lo hizo y con qué fundamentos; si decidió no recurrir, por qué considera que corresponde aceptar una resolución adversa al Gobierno y qué consecuencias prevé para la Provincia. También debe responder cómo se llegó al final de un proceso tan prolongado sin acreditar la necesidad de expropiar toda la superficie pretendida.

Los 29 días son corridos desde la fecha del fallo. Sin conocer la fecha de notificación, no corresponde afirmar que venció el plazo para apelar ni que la sentencia quedó firme. Esa precisión procesal, sin embargo, no justifica la falta de respuesta a una consulta sobre la actuación de un organismo público.

Una semana después de la consulta, Fiscalía de Estado sigue sin aclarar si busca revertir la derrota o si la acepta. Mientras tanto, la resolución que sí está documentada rechazó la demanda y dejó las costas a cargo de la Provincia. La defensa de los intereses del Estado también exige explicar las decisiones tomadas cuando un juicio se pierde.

Interrogante

Quienes han seguido con atención la difusión que el aparato de prensa del gobierno le dio a este tema están intrigados por la pasiva actitud del fiscal de Estado, Rafael Berruezo.

Les resulta sugestivo que, a casi un mes de conocerse el fallo de la jueza Benavidez, no haya movido un pelo para ocuparse de un tema en el que están en riesgo las finanzas del Estado.

También les llama la atención que no se ocupe de un juicio en cuyo expediente figura con claridad que el gobernador Claudio Poggi, en 2012, siendo ministro de Turismo, impulsó el proyecto del campo de polo y firmó el decreto que lo sostuvo.

Por ello, el interrogante persiste: ¿qué hay detrás de la actitud pasiva del fiscal de Estado, Rafael Berruezo?