Choque y fuga: un policía embistió una moto y apareció después

Un accidente de tránsito ocurrido este miércoles por la tarde en Juana Koslay volvió a encender alertas sobre la conducta de quienes deben garantizar el cumplimiento de la ley. El siniestro se produjo en inmediaciones de Avenida del Viento Chorrillero y boulevard Las Palmeras y tuvo como protagonistas a dos jóvenes que se movilizaban en motocicleta y a un automóvil que se dio a la fuga tras el impacto.

Según informaron fuentes policiales, una joven de 27 años y un joven de 26 se encontraban detenidos en un semáforo a bordo de una motocicleta Corven Energy 110cc cuando fueron colisionados por un automóvil, aparentemente un Fiat Siena. Lejos de detenerse a asistir a las víctimas, el conductor del vehículo abandonó el lugar inmediatamente después del choque.

Como consecuencia del impacto, el joven de 26 años debió ser asistido por personal médico del hospital de Juana Koslay y trasladado en ambulancia al Hospital Central “Dr. Ramón Carrillo”, debido a las heridas que presentaba. La joven, en tanto, fue atendida en el lugar por personal del Sempro, aunque no fue necesario su traslado a un centro de salud.

Horas más tarde, el conductor del automóvil se presentó de manera voluntaria en una dependencia policial y manifestó ser efectivo de la Policía de San Luis. Según su propio testimonio, se encontraba de franco al momento del siniestro. En ese contexto, se le practicó un test de alcoholemia que arrojó resultado negativo, con 0,00 gramos de alcohol por litro de sangre.

Más allá del resultado del alcotest, el hecho de haberse retirado del lugar del accidente sin brindar asistencia ni dar aviso inmediato a las autoridades plantea serios interrogantes. La situación resulta aún más grave al tratarse de un integrante de la fuerza policial, institución que tiene entre sus funciones primarias prevenir delitos y actuar con apego estricto a la ley.

El hecho fue judicializado y, en paralelo, se inició una investigación interna dentro de la Policía de San Luis para determinar responsabilidades administrativas. Sin embargo, el caso reabre el debate sobre los privilegios, los dobles estándares y la necesidad de que quienes portan un uniforme estén sujetos a un control aún más riguroso que el resto de la ciudadanía.