La familia de Abel Ortiz acusa un pacto de silencio policial y exige Justicia

El 14 de septiembre de 2014, Abel Ortiz festejó el cumpleaños de su sobrino sentado en la mesa familiar de La Ribera. Al día siguiente, salió rumbo al gimnasio, prometió volver enseguida y jamás regresó. Desde entonces, el misterio de su desaparición se convirtió en una herida abierta para su familia y en una causa judicial atravesada por acusaciones de encubrimiento, pruebas falsas y la sombra de complicidades policiales.

“Él me dijo: ‘Ya vuelvo, Marcela’. Esa fue la última vez que lo vi”, recuerda su hermana. Esa noche la familia se preocupó porque no volvió a dormir. Al día siguiente comenzaron los llamados, las búsquedas y finalmente la denuncia en la Comisaría 29 de La Ribera. Lo que parecía el inicio de una investigación terminó en un laberinto de irregularidades.

Según los Ortiz, la expareja de Abel, Alejandra Espinosa, fue la última en verlo con vida. Él se había separado siete meses antes tras una relación marcada por episodios de violencia y denuncias de golpes. “Ella era tóxica, lo golpeaba, lo tenía controlado, no lo dejaba trabajar. Incluso hay una denuncia de Abel en la que relata esas agresiones”, insiste la familia.

La sospecha sobre Espinosa se fortaleció con el tiempo, pero nunca fue suficiente para que la Justicia dictara una condena por homicidio. Lo que sí quedó asentado en el expediente fue el entramado de vínculos con la Policía. “Mientras nosotros hacíamos la denuncia, una agente de la fuerza le avisaba a Espinosa de cada paso. Cuando llegaban a allanar su casa, ella ya estaba lista, peinada, esperando. Siempre la protegieron”, denuncia uno de los hermanos de Abel.

Con el paso de los meses, las versiones comenzaron a multiplicarse en la causa: testigos que aparecían y desaparecían, supuestas prostitutas que decían haber escuchado confesiones de sicarios, historias que hablaban de golpes, de un cuerpo en una bolsa, de un crimen relacionado al narcotráfico. Muchas de esas pistas, sospecha la familia, fueron sembradas para desviar la atención. “Nos dimos cuenta de que era algo más grande. Había logística, había encubrimiento. Lo desaparecieron porque sabía algo”, sostienen.

Abel, sin embargo, no tenía bienes ni dinero. Apenas un Jeep deteriorado y una moto de 110 que le habían robado en circunstancias que, según la familia, también fueron orquestadas por Espinosa. “No tenía ni dos pesos. No tenía documentos ni celular. Ocho meses después ella se sentó en la televisión y mostró su DNI. ¿Cómo puede ser?”, se preguntan.

Once años después, la causa judicial avanza lentamente. No hay cuerpo y sin cuerpo no hubo imputaciones por homicidio. Lo único que se discute hoy es una posible condena por asociación ilícita para Espinosa y los policías señalados por encubrirla. “No es suficiente, pero al menos es algo. No pueden quedar absueltos, no pueden salir limpios”, insisten.

El recuerdo de Abel sigue presente en su barrio, en un mural pintado por los chicos y en las marchas que cada aniversario reclaman justicia. Para su familia, la certeza es una sola: “Lo desaparecieron ese mismo día para siempre. Queremos que los responsables paguen, porque su memoria sigue viva y no vamos a dejar de nombrarlo”.