Andis en San Luis: las oficinas cerradas desde abril y problemas de comunicación

La realidad de las personas con discapacidad en la provincia es muy difícil por varias razones. Una de ellas es el cierre de las oficinas de la cuestionada Agencia Nacional de Discapacidad, el organismo que está en el centro de la escena por los pedidos de coimas denunciados por su ex director, Diego Spagnuolo. A raíz de eso, la Defensoría del Pueblo emitió un tibio comunicado en el que recomienda a la Secretaría de Personas con Discapacidad del Gobierno Provincial que haga el intento por mejorar la comunicación para los damnificados.

Uno de los tantos casos que quedaron a la deriva tras el cierre de la agencia en San Luis es el de Sebastián Pinela, un peluquero de La Punta que desde julio no cobra su pensión no contributiva y va de oficina en oficina en busca de una respuesta. Le otorgaron el beneficio en 2011 y este año dejaron de pagarle “sin notificación previa y sin ninguna explicación”, según le dijo a El Diario de la República.

Sebastián sufre de un traumatismo en el ojo izquierdo producto de una bala de goma policial que le arrojaron en una manifestación ocurrida en 2004 y que le dejó el iris roto y una catarata traumática. “Si no me pongo una gota todos los días, el dolor que siento es muy intenso”, dijo el hombre, a quien se le rompieron los anteojos especiales que usaba y no los puede reponer.

Luego de pasar por varios médicos, de ganar el juicio al Estado y de cobrar religiosamente su pensión, el herido se encontró con la novedad de que le dejaron de depositar sin previo aviso. Cuando intentó buscar una explicación sea en Andis o en Anses, se encontró con el silencio como respuesta.

“Las oficinas de Andis, que funcionaban en la calle Falucho, están cerradas y en Anses nunca respondieron a mis pedidos, solo me dijeron que fuera a la Andis”, relató Pinela, quien producto de la herida entró en una depresión que le hizo bajar diez kilos. Como si fuera poco, durante la pandemia tuvo que cerrar su peluquería.

“Con la pensión tenía una cierta una cierta seguridad económica, no era mucha plata pero sabía que contaba con eso y me ayudaba a mantenerme”, contó Sebastián, quien dijo que nunca le pasó lo que le sucede por estos días. “Con Macri sufrimos, pero nunca como lo hacemos con Milei, quien directamente sacó la pensión arbitrariamente”.

La falta de respuesta de los organismos oficiales, hizo que Pinela recayera en la Defensoría del Pueblo, el órgano dirigido por Guillermo Belgrano Rawson que recibió muchísimos reclamos de personas con discapacidad que buscan alguna respuesta. Para ser oído, entre otras cosas, el peluquero tuvo que recuperar su historia clínica, eliminada en el hospital central aunque todavía presente en el expediente judicial abierto hace 20 años.

La resolución de la Defensoría reconoce que “las pensiones no contributivas tienen por objeto proteger económicamente a sectores vulnerables, como personas con discapacidad e imposibilitadas para trabajar”. ,

La suspensión intempestiva y sin previo aviso de la prestación –firmó Belgrano Rawson- imposibilitó a los pensionados de efectuar un reclamo en defensa de su derecho “debido a que en la ciudad de San Luis la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) se encuentra cerrada y sin atención al público desde abril”. El defensor encontró como agravante que la Superintendencia de Salud también tiene sus oficinas cerradas.

A los ojos de Belgrano Rawson, la falta de representación de la agencia en toda la provincia generó “un gran vacío en la información”, que obligó a los perjudicados, en su mayoría con problemas de movilidad, “a recorrer sin respuestas diversas oficinas públicas”. Para colmo, en los sitios virtuales a los que pueden recurrir los damnificados, tampoco hay información.

Ante la falta de atención en la oficina de ANDIS, los pensionados pidieron auxilio en la Secretaría de Estado de Personas con Discapacidad pero al momento el organismo provincial no ha contado con la posibilidad de articulación con ANDIS para un acceso directo a la información, dice la resolución del Defensor del Pueblo, con fecha de finales de julio.

Finalmente, la oficina dirigida por Belgrano Rawson instó a la ANDIS y a la Superintendencia de Salud a que reabra las oficinas en la provincia, y “recomendó” a la Secretaría de Estado de Personas con Discapacidad de San Luis a “brindar una colaboración activa y articulada con nación a fin de facilitar el acceso a la información a los beneficiarios de las pensiones no contributivas”.