Preocupante: la mitad de los juicios que se hacen son por abusos a menores

Un informe del Poder Judicial de la Provincia indica que la mitad de las causas que llegan a juicio en San Luis es por causas relacionadas a la violencia sexual y que en la gran mayoría de los casos, las víctimas son menores de edad.

Con eso, la provincia aparece incluida en un problema que se evidencia a nivel nacional y global que tiene a los niños, las niñas y los adolescentes como centro y víctimas.

La oficina de prensa de los tribunales puntanos dijo que entre septiembre de 2024 y junio de 2025 se sustanciaron 269 causas penales en la sala de juicios orales de toda la provincia y que en la Primera Circunscripción Judicial, que abarca los departamentos Pueyrredón, Belgrano, Ayacucho y Pringles, poco menos del 50 por ciento tuvo como objeto de investigación delitos contra la integridad sexual.

En realidad, de los 153 juicios que se realizaron en ese período en San Luis, 74 –lo que representa más del 48 por ciento- fueron por causas sexuales contra menores. En los tribunales de Villa Mercedes el ritmo es mucho más cauto: hubo 42 juicios orales y solo 5 fueron por delitos de ese orden; en tanto que en el Valle del Conlara el promedio sube de 74 juicios en total y 20  por esa causa.

Un paréntesis que llama la atención indica que en los últimos diez meses, la sala de juicios orales de Concarán tuvo más actividad que la de Villa Mercedes.

“En la mayoría de estos casos, al momento de ocurrir el abuso sexual, las víctimas fueron niños, niñas o adolescentes, y los agresores resultaron ser adultos cercanos”, relata el escrito que indica que entre familiares directos, allegados o personas en una posición de confianza o autoridad frente a las víctimas se encuentran la mayor cantidad de victimarios.

Con eso, los especialistas alertaron sobre una situación que es conocida aunque pocas veces tratada con seriedad desde el Estado: una de las características más complejas del abuso sexual infantil es que se da en el ámbito doméstico o en espacios donde la víctima debería estar protegida.

“Que casi la mitad de los juicios estén relacionados con este tipo de delitos no solo demuestra su gravedad y frecuencia, sino que revela que se trata de un fenómeno estructural”, sostiene el informe que indica que la respuesta judicial es fundamental, “pero resulta insuficiente si no va acompañada de políticas públicas integrales de prevención, educación, protección y acompañamiento a las víctimas”.