Milei y Bullrich reestructuraron la Policía Federal: la oposición pide debatir el decreto

El presidente Javier Milei y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, anunciaron este martes una profunda reforma de la Policía Federal Argentina (PFA), orientada a convertirla en una fuerza especializada en delitos complejos, con el FBI estadounidense como modelo. La medida fue formalizada a través del **Decreto 383/2025**, publicado en el Boletín Oficial, y ya generó fuertes críticas desde distintos bloques opositores que reclaman su revisión en el Congreso.

En un acto realizado en la sede de la Policía Montada, en Palermo, el mandatario presentó la creación del **Departamento Federal de Investigaciones (DFI)**, que absorberá funciones de inteligencia criminal, análisis forense y combate al crimen organizado. “Tendremos una Federal enfocada en la raíz del delito, no en el síntoma”, dijo Milei, y enfatizó: “Terminamos con la nefasta lógica del zaffaronismo penal, que trataba a las victimarias como víctimas, y volvimos al sentido común”.

Bullrich, por su parte, aseguró que “ningún narcotraficante, ningún delincuente podrá caminar por nuestras calles o entrar por nuestras fronteras como si nada pasara” gracias a la reconversión de la fuerza.

El Gobierno definió que la nueva estructura se basará en el modelo organizacional del FBI y de la Policía Federal de Brasil. Se prevé la incorporación de personal especializado en abogacía, psicología social, informática y criminalística, además de inversión en tecnología de punta.

Sin embargo, el decreto incluye facultades que generaron alarma entre sectores opositores y organizaciones de derechos humanos. Entre las atribuciones otorgadas a la PFA se encuentran la **prevención del delito en redes sociales**, **requisas sin orden judicial en espacios públicos**, el **registro de personas que realicen actividades consideradas delictivas**, y la posibilidad de **detener a personas sin autorización judicial si no acreditan fehacientemente su identidad**.

Desde Unión por la Patria, el diputado José Glinski expresó que “la PFA necesita modernizarse, pero una reforma de esta magnitud no puede ser una decisión unilateral del Poder Ejecutivo”. En sus redes sociales, alertó: “La policía podrá hacer inteligencia sin causa judicial ni orden de un juez. Esto borra de un plumazo los controles democráticos”.

También hubo críticas desde otros bloques. Mariela Coletta (Democracia para Siempre) señaló que la reforma “debería pasar por el Congreso” y acusó al Gobierno de “imponer por decreto en vez de buscar consensos”. Más duro fue el formoseño Fernando Carbajal, que calificó el DNU como “un virtual Estado de sitio” y denunció “detenciones policiales sin control”.

En contraste, desde el PRO, la diputada Laura Rodríguez Machado defendió la medida, afirmando que “la Policía Federal podrá enfocarse en su verdadera misión: combatir delitos federales y complejos con mayor eficiencia y resultados concretos”.

La reforma se suma a otras iniciativas del Gobierno que endurecen la política criminal, como la ley Antimafias, el decreto que habilita la participación de las Fuerzas Armadas en seguridad interior, y la reciente ampliación del Registro Nacional de Datos Genéticos, medidas que también se encuentran bajo cuestionamiento parlamentario.

Por ahora, el DNU 383/2025 se encuentra vigente. Pero los cuestionamientos de constitucionalidad y los pedidos de derogación anticipan que el Congreso podría convertirse en el próximo campo de batalla de esta transformación en el sistema de seguridad federal.