La Corte confirmó la condena contra Cristina Kirchner y no será candidata

La Corte Suprema de Justicia de la Nación ratificó este lunes la condena a seis años de prisión contra la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner en la causa conocida como "Vialidad", por administración fraudulenta en perjuicio del Estado. El fallo también la inhabilita de forma perpetua para ejercer cargos públicos, lo que le impide presentarse como candidata en las próximas elecciones legislativas.

La resolución fue firmada por el presidente del máximo tribunal, Horacio Rosatti, el vicepresidente Carlos Rosenkrantz y el ministro Ricardo Lorenzetti. El ministro Juan Carlos Maqueda no participó de la decisión por estar de licencia médica, mientras que la jueza Ana María Figueroa fue apartada de la Corte en 2023 por cumplir 75 años sin acuerdo del Senado para su continuidad.

La decisión se dio a conocer tras una jornada de expectativa política y judicial. Mientras Rosatti convocaba a sus colegas para firmar la sentencia, en la sede del Partido Justicialista nacional se montó una vigilia con militancia y referentes que aguardaban una resolución clave para el futuro político de la exmandataria.

La causa se inició por presuntas irregularidades en la adjudicación de obras públicas viales en Santa Cruz durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner. En 2022, el Tribunal Oral Federal N°2 la encontró culpable y le impuso una condena de seis años de prisión e inhabilitación perpetua, sentencia que ahora queda firme tras la validación del máximo tribunal.

Con este fallo, Cristina Kirchner no solo queda fuera de toda carrera electoral a corto y mediano plazo, sino que también deberá enfrentar el cumplimiento de una condena penal. La defensa de la expresidenta podría presentar un recurso extraordinario ante organismos internacionales, pero en el plano interno, las posibilidades de revertir la sentencia son nulas.

El impacto político de la decisión ya comenzó a sentirse en el oficialismo, donde sectores del kirchnerismo duro denuncian una "proscripción judicial" y un "golpe institucional encubierto". Sin embargo, desde otros sectores de la oposición y del arco judicial consideran que se trata de una señal de independencia del Poder Judicial y un paso clave en la lucha contra la corrupción.