Calculan que banda liderada por un sindicalista de la carne lavó más de $1.200 millones

Una fuente ligada a la investigación dejó trascender que la organización narco desarticulada el 15 de mayo habría lavado una suma estimada en 1.200 millones de pesos en apenas seis meses. Las proyecciones de los investigadores apuntan a un circuito de cinco entregas semanales de cocaína, con un valor de reventa de 10 millones por kilo. A razón de cinco kilos por semana, eso da un promedio de 50 millones semanales, 200 millones al mes y más de mil millones semestrales, incluso con cálculos conservadores.

El principal acusado es Juan Carlos Insúa , secretario adjunto del Sindicato de Trabajadores de la Carne y propietario de un campo en las afueras de Villa Mercedes. La investigación sostiene que Insúa lideraba la organización y era responsable del financiamiento, la coordinación logística y el uso de estructuras paralelas para canalizar las ganancias. Además, lo señalan como el nexo con los proveedores de Buenos Aires, quienes ya fueron identificados y puestos a resguardo.

El juez federal Juan Carlos Nacul tiene previsto resolver esta semana la situación procesal de los trece detenidos, entre ellos Insúa y su hijo, ambos imputados por tráfico agravado de estupefacientes y lavado de activos. Las defensas presentaron pedidos de excarcelación y morigeración de prisión domiciliaria, que ya cuentan con dictamen fiscal. Las resoluciones podrían conocerse entre el martes y el jueves.

La causa ya supera las 200 páginas. Incluye 32 allanamientos simultáneos realizados con apoyo de Gendarmería Nacional en Villa Mercedes, Justo Daract, Escobar y Ezeiza. En el campo de Insúa, ubicado sobre ruta 7, se secuestraron armas, documentación y al menos tres vehículos adquiridos recientemente, sin respaldo patrimonial claro.

También se investiga una concesionaria de autos de Escobar, provincia de Buenos Aires, que habría sido utilizada como pantalla para blanquear los fondos mediante la compra y reventa de camionetas y vehículos de alta gama.

Los peritajes se concentran ahora en el análisis de más de 50 teléfonos celulares secuestrados. Según trascendió, allí se encontrarían mensajes, transferencias y registros de llamadas que comprometerían no solo a los principales imputados, sino también a contactos en otras provincias.

Fuentes judiciales aseguran que la causa está lejos de cerrarse. No se descartan nuevas detenciones ni el avance hacia una segunda etapa de investigación con foco en testaferros y posibles conexiones políticas.