El Gobierno recorta el PANE: de "política de Estado" a cuestión optativa

El Plan Alimentario Nutritivo Escolar (PANE), presentado como una política de Estado para garantizar el derecho a una alimentación saludable en las escuelas públicas de San Luis, atraviesa su etapa más crítica. Este lunes, la secretaria del PANE, Eugenia Gallardo, anunció una serie de nuevas medidas que, en los hechos, suponen un fuerte recorte del programa.

La funcionaria explicó que a partir de ahora el PANE dejará de tener alcance universal y se aplicará “de manera focalizada, según la demanda y la evaluación de las instituciones educativas”. Con ese cambio, el programa alimentario que cubría diariamente a miles de estudiantes pasará a funcionar solo en determinadas escuelas, bajo criterios aún poco claros.

“La idea es que el PANE se articule con otras políticas y se adapte a las realidades de cada comunidad escolar”, sostuvo Gallardo, aunque no precisó cuántas instituciones dejarán de recibir los módulos alimentarios ni qué reemplazo se ofrecerá en esos casos. Lo cierto es que las escuelas dejarán de contar con la cobertura completa, ya que existirá la posibilidad de "rechazar" el programa.

Desde los centros educativos y las familias, la respuesta fue inmediata: reclamos, preocupación y denuncias de desprotección. “Nos están diciendo que el almuerzo de nuestros hijos ya no es prioridad”, se quejó una madre del barrio Eva Perón. 

El programa, creado para brindar alimentación balanceada en los turnos escolares, había sido defendido como una herramienta transversal contra la malnutrición infantil. Hoy, bajo el argumento de “reorganizar recursos”, el PANE se achica y pierde su carácter universal.

Lo que hasta hace poco era presentado como una política pública integral, hoy quedó reducida a una “cuestión optativa”. Para muchas familias lo único que se sobre la mesa es la posibilidad de rechazar los alimentos, pero la autocrítica del gobierno respecto del fracaso de su programa estrella no aparece.