"La discapacidad es un abandono": el desesperado pedido de una madre por una vivienda

Samanta Díaz es una joven madre de un pequeño de casi 8 años (su cumpleaños es en enero) que tiene un complejo diagnóstico. Básicamente, el niño sufre discapacidad motriz y mental en medio de un contexto grave. Usa pañales y requiere de diferentes abordajes para que su calidad de vida sea óptima. La asistencia de Incluir Salud no le alcanza de mucho y todo lo afronta ella con su sueldo del Plan de Inclusión. Acceder a una casa propia sería un hecho elemental para su dignidad, un derecho indispensable. Pero la indiferencia estatal los dejó fuera de todo sueño.

"Me inscribí en 2017. Ahora me volví a anotar. Largaron dos listados. Hubo un primer listado donde figuraban todos los inscriptos; luego salió el otro, previo al sorteo, en el cual no aparecía. Tengo a mi hijo con su situación, que es muy particular, tiene una discapacidad grave. He llamado a Vivienda, me pasan con el 0800 y me dicen que no se puede hacer nada, que tengo que esperar a marzo o abril", repudió con notable indignación.

Un caso que requiere escucha

Díaz contó que hace 4 meses vive en San Luis; antes estaba en La Toma. Optó por empezar a vivir con su pareja para tener el concubinato y lograr acceder a un próximo sorteo por la cuestión del recibo de sueldo. Previo a La Toma, pasó algún tiempo en Villa Mercedes, donde sufrió violencia de género.

La mujer repudió el hecho de que la hayan pasado al listado de autoconstrucción, ya que, siendo una trabajadora del plan, apenas puede subsistir. "Si tuviera que construir, aun pensando que tuviese un terreno, tengo que pagar mano de obra y eso es más caro que una cuota mensual. Lamentablemente las condiciones no están dadas. El progenitor de mi hijo es de Villa Mercedes, tengo un montón de causas en el Juzgado, no había pasado la cuota alimentaria... son un montón de cosas que se juntan", especificó con hartazgo.

Díaz cuestionó no solo que no se contemple una situación para las familias con hijos con discapacidad, sino que criticó cómo se abordan estos casos desde el Estado, tanto en vivienda como en otros órdenes. Intentó hablar con el Gobierno y con funcionarios, y ni siquiera se tomaron un tiempo para escucharla y tomar nota de su presente.

"Soy empleada del Plan de Inclusión. Tengo un sueldo de $460 mil. Es mucho más lo que tengo que pagar de alquiler que lo que cobro al mes. Me cobran medio millón de pesos de alquiler. Hay cero empatía (en el Gobierno), no me escucharon. Lo único que me dicen es que espere como el resto", dijo.

En su desesperación, efectuó comunicaciones personalmente a la página de Facebook oficial del Gobernador, intentó hablar con Hugo "Pipo" Rossi y hasta con Gastón Hissa, con la esperanza de que alguien le tendiera una mano. Lejos de eso, recibió indiferencia absoluta. La misma indiferencia que recibe con cosas elementales para la salud de su hijo: como tantas familias, para acceder a las terapias o distintas necesidades, tiene que andar rogando y atravesando peripecias imposibles. La respuesta más concreta fue la de Hissa, que le pidió que informe su situación a través de los canales de comunicación de la provincia. 

"La discapacidad es un abandono en San Luis", dijo compungida.

"En La Toma hay gente que salió sorteada y tiene propiedades. Si una ve que no sale en el sorteo, pero le dan la posibilidad a otros que realmente necesitan, las esperanzas estarían intactas; pero no es así, salen los que tienen propiedades. Necesito que me escuchen. Hay muchas pasando lo mismo. Es una vergüenza", concluyó.

Díaz no quiere nada regalado. Quiere que sus esperanzas no se esfumen, sueña con un contexto claro y transparente. Por ahora, tiene que resignarse al olvido, al abandono estatal, y sobrevivir como pueda junto a su hijo.