El Caburé: la Justicia confirmó la primicia de El Diario e imputó a un ex funcionario

Este martes se desarrolló una audiencia multipropósito que se extendió por más de cuatro horas en el marco de la causa que investiga presuntos delitos en la administración de un campo de 1.997 hectáreas ubicado sobre la Ruta Provincial N° 27, a la altura del kilómetro 144, conocido como “El Caburé”, propiedad del Estado provincial.

En ese contexto, Darío Oviedo Helfenberger fue imputado como autor de los delitos de defraudación en perjuicio de la administración pública, peculado en concurso ideal con incumplimiento de los deberes de funcionario público.

El Ministerio Público Fiscal de la Segunda Circunscripción Judicial contextualizó que el predio pertenece al Gobierno de la provincia de San Luis y que, desde febrero de 2018, la firma “El Caburé” tenía conocimiento de la rescisión del contrato de adjudicación que le permitía explotar el campo con fines agrícolas.

Pese a ello, en 2022 la empresa celebró un contrato de aparcería por el plazo de cinco años. Según Fiscalía, se dispuso del predio sin tener derecho sobre el mismo, incluyendo una siembra de maíz que también pertenecería al Estado provincial.

En abril de 2024, cuando Oviedo se desempeñaba como director de Ética y Legalidad del Ejecutivo provincial, se firmó un convenio entre la Secretaría de Ética Pública y el Ministerio de Desarrollo Productivo, mediante el cual el campo quedó a disposición de dos abogados, uno de ellos el propio imputado.

El 26 de abril de 2024 el Estado provincial tomó posesión del campo, hecho que incluso fue reflejado por los medios de comunicación. Sin embargo, Fiscalía indicó que no existe constancia alguna sobre el estado del predio ni sobre la producción existente. En ese sentido, se incorporó el testimonio de un trabajador que aseguró haber retirado cuarenta camiones de maíz, trasladándolos a un campo cercano.

Según la teoría del caso, expuesta por los fiscales Leandro Estrada y Alexis Chavero, Oviedo habría autorizado contratos que luego fueron ejecutados por el cosechador, sin rendiciones de cuentas ni actuaciones administrativas que respalden la gestión del predio. Aunque la fiscalía nada dice de la participación de otros funcionarios en la trama. 

La maniobra habría generado un perjuicio al Estado provincial, que podría enfrentar reclamos por daños y perjuicios de empresas que sembraron en el campo de buena fe. Por ello, Fiscalía encuadró la conducta como defraudación contra la administración pública.

Fiscalía de Estado, representada por Rafael Berruezo y Juan Ignacio Trusendi, coincidió con la plataforma fáctica y sostuvo que el accionar se encuadra como peculado en concurso ideal con incumplimiento de los deberes de funcionario público.

Durante la audiencia también expusieron las distintas querellas y defensas. El defensor de Oviedo, Gustavo Reviglio, se opuso a la formulación de cargos, cuestionó la congruencia de la acusación y sostuvo que su defendido actuó siguiendo órdenes jerárquicas dentro del Ejecutivo provincial. Además, afirmó que no se acreditó beneficio personal ni perjuicio concreto al Estado.

Tras escuchar a las partes, el juez Alfredo Cuello tuvo por admitidos provisoriamente los cargos y ordenó el levantamiento del secreto bancario del imputado, la firma del libro de presencia ante Fiscalía y la prohibición de salida del país, salvo autorización judicial.

Finalmente, el magistrado rechazó un planteo de nulidad presentado por la defensa y Fiscalía adelantó que no se descartan nuevas formulaciones de cargos a medida que avance la investigación.