Sobreseimiento al excomisario y sus allegadas: el dolor de la familia Ortíz

El fallo que otorgó el sobreseimiento por el beneficio de la duda en la causa por la desaparición de Abel Ortiz, ocurrida hace once años en Villa Mercedes, no solo cerró un expediente judicial: abrió una nueva grieta pública, emocional y política en la ciudad.

Las repercusiones se hicieron sentir con fuerza en las horas posteriores al veredicto, especialmente tras las declaraciones concedidas a Lafinur FM, donde tanto el antes imputado Marcelo Acevedo como la familia de Abel Ortiz expusieron visiones enfrentadas sobre lo que significó el cierre de la causa.

Para Acevedo, el fallo significó una “reivindicación personal” después de más de una década bajo sospecha. En diálogo con la emisora, sostuvo que siempre confió en su inocencia y reiteró que fue víctima de una persecución judicial que, según sus palabras, fue impulsada por funcionarios que cambiaron de rol con el paso de los años. Recordó que en una primera etapa había sido beneficiado con una falta de mérito, y sostuvo que el expediente fue “armado” a partir de acusaciones que —afirmó— nunca pudieron probarse en un tribunal .

Las repercusiones para él y su entorno fueron inmediatas. Vecinos, conocidos y hasta antiguos vínculos laborales comenzaron a manifestarse, algunos para acompañarlo y otros para mantener distancia. Según su entorno, durante años hubo estigmatización social, aislamiento y una marca pública que, aun con el fallo, no se borra de un día para el otro.

“Nos acusaron de todo y ahora nadie explica qué pasa con esa historia que se le contó a la familia Ortiz”, señaló Acevedo en la entrevista radial, abriendo otra arista de las repercusiones: la deuda que deja la Justicia con quienes creyeron durante años en una versión que quedó sin sustento judicial.

En el extremo opuesto, las consecuencias emocionales y sociales para la familia de Abel Ortiz fueron devastadoras. Carolina Ortiz, también en declaraciones a Lafinur FM, expresó que el fallo significó “volver a desaparecer” a su hermano. Sus palabras reflejaron el sentimiento de abandono que atraviesa a la familia desde hace más de una década.

La mujer sostuvo que durante el juicio se escucharon testimonios que describían a redes de violencia, amenazas, incendios y maniobras delictivas que, según ella, nunca fueron investigadas con la profundidad necesaria. En la radio, denunció que se acomodaron pruebas, que se ocultaron elementos clave y que se protegió a personas que, a su entender, debían haber sido investigadas seriamente .

Las repercusiones también impactaron en el tejido social de Villa Mercedes. El caso volvió a instalar la desconfianza hacia el sistema judicial, reavivó viejas divisiones y reencendió cuestionamientos sobre el rol de fiscales y jueces que intervinieron en distintas etapas. En redes sociales y espacios comunitarios se multiplicaron los mensajes de indignación, apoyo y resignación, mostrando que, aun con un fallo firme, la herida sigue abierta.

Mientras los antes imputados intentan reconstruir su vida tras años de exposición pública, la familia Ortiz enfrenta el mismo vacío que los acompaña desde hace once años: la ausencia de certeza sobre qué ocurrió con Abel.

El expediente está cerrado, pero las repercusiones recién empiezan.