Mega causa por estafas inmobiliarias: imputaron a tres nuevos integrantes de la red
El Ministerio Público Fiscal amplió la imputación en la causa por apropiación fraudulenta de inmuebles. Ya son 14 los acusados por asociación ilícita, estafas procesales y falsificación de documentos.
Este lunes, el fiscal Francisco Assat Alí y la fiscal adjunta Ornela Costa, de la Fiscalía de Instrucción 1, formularon cargos contra José Héctor Jofré, Pedro Eduardo Mazzoca Fernández y Ruth Sonia Agüero por los delitos de asociación ilícita en carácter de partícipes, estafa procesal y falsificación de documentos públicos y privados, y su uso en procesos judiciales.
La audiencia fue encabezada por la jueza de Garantía 4, Luciana Banó, con la participación de la Fiscalía de Estado —representada por Florencia Bustos Samperisi— y la querella a cargo de los abogados Maximiliano y Sebastián Pipitone.
Assat explicó que la audiencia tuvo por objeto ampliar la imputación a tres nuevas personas en el marco de la causa, que ya cuenta con once imputados. Además, se formuló reserva de audiencia para otros dos citados que no comparecieron: Salvador Presti y Carlos David Genta.
Durante la exposición, el fiscal detalló que la investigación abarca hechos que se remontan al menos al año 2012. Según la hipótesis del Ministerio Público Fiscal, los imputados habrían integrado una organización ilícita dedicada a la apropiación ilegítima de predios, lotes e inmuebles mediante maniobras fraudulentas y artificios procesales.
Entre los mecanismos detectados se mencionaron la introducción de domicilios falsos para impedir que las víctimas fueran notificadas, la utilización de documentación apócrifa y la falsificación de firmas y sellos. También, la participación rotativa de los mismos testigos y miembros del grupo en distintos expedientes, asumiendo diversos roles según la conveniencia.
Las víctimas, según el fiscal, suelen ser personas mayores, con limitaciones físicas o herederos que residen fuera de la provincia, lo que las hace especialmente vulnerables a este tipo de maniobras.
Para la Fiscalía, los hechos se enmarcan en la actuación de una organización con estructura estable, división de funciones y permanencia en el tiempo. El grupo estaría liderado por el abogado Juan Cruz Domínguez, cuyo conocimiento técnico en materia civil habría sido determinante para la ejecución de las maniobras.
Respecto de las medidas cautelares, la Fiscalía solicitó que los imputados firmen el libro de procesados una vez por semana durante seis meses y que no puedan salir de la provincia sin autorización judicial. También pidió declarar la causa como “compleja” y disponer la inhibición general de bienes y la prohibición de disponer del patrimonio de los acusados.
La jueza Banó hizo lugar a los planteos, declaró la causa compleja y fijó un plazo de investigación de seis meses. Además, ordenó la firma semanal en el Ministerio Público Fiscal, prohibió la salida del territorio provincial y dispuso medidas patrimoniales preventivas.
En la primera audiencia del caso, donde ya habían sido imputadas once personas, la Fiscalía describió que la presunta asociación ilícita habría intervenido en al menos veinte hechos de apropiación fraudulenta de inmuebles ubicados en San Luis capital, El Volcán, El Chorrillo, Potrero de los Funes, Merlo, Luján, Los Vallecitos y Nogolí.
Según la investigación, el grupo actuaba con una estructura organizada y rotación de funciones. Las maniobras consistían en simular procesos sucesorios y cesiones de derechos basadas en documentación falsificada para iniciar juicios de escrituración que terminaban en sentencias engañosas y en la transferencia irregular de propiedades.
El armado de boletos de compraventa, denuncias policiales, certificaciones notariales, pagarés y comprobantes impositivos falsos formaba parte del entramado. Un punto clave era el uso de “domicilios seguros” o “controlados” —en realidad pertenecientes a integrantes de la organización—, que impedían notificar a los verdaderos propietarios, declarados luego en rebeldía.
De ese modo, los tribunales, actuando de buena fe pero bajo engaño, dictaban resoluciones que legitimaban las transferencias. Según el fiscal Assat Alí, el perjuicio patrimonial total supera los cuatro millones de dólares.
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