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La tutela económica de Washington y el extravío de la soberanía

La degradación institucional no solo se mide por los gritos o los gestos presidenciales, sino también por la renuncia silenciosa al derecho a decidir sobre la propia economía. Por Alejandro Olmos Gaona

Por redacción
| Hace 3 horas

Seguir en los últimos meses los avatares de la economía argentina pone en evidencia que la misma ha dejado de ser un espacio de decisiones nacionales para transformarse en un laboratorio de políticas dictadas desde Washington. Lo que antes se insinuaba bajo la forma de “recomendaciones” del Fondo Monetario Internacional, hoy se ejerce de manera abierta a través del Tesoro de los Estados Unidos, que interviene de hecho en la política cambiaria argentina, convalidando un esquema que viola los principios más elementales de la Carta Orgánica del Banco Central. Todo convalidado por las recientes expresiones de Kristalina Georgieva que pueden funcionar como una presión, tanto interna como externa sobre el gobierno para que avancen con recortes —pensiones, salario público— y generar expectativas entre acreedores, mercados y organismos internacionales de que esas medidas serán implementadas.

 

El argumento oficial insiste en que se trata de “coordinar esfuerzos para estabilizar la moneda”, sin embargo, nuestra historia demuestra que detrás de esa fórmula tecnocrática se esconde una realidad mucho más cruda: el gobierno norteamericano está dirigiendo los resortes fundamentales de la política económica argentina, decidiendo cuándo y cómo debe intervenir el Banco Central, fijando márgenes de acción y, sobre todo, condicionando las relaciones internacionales del país.

 

Como parece que ya ni siquiera quieren disimular las condiciones de la intromisión. Bessent explicitó una inadmisible pretensión: apartar a China de las operaciones financieras y comerciales de la Argentina, aunque el país asiático mantiene inversiones sustantivas en energía, infraestructura y un swap de monedas que fue clave para evitar un colapso de reservas. Estados Unidos parece exigir una “lealtad exclusiva” en un contexto en el que la diplomacia argentina parece confundirse con la subordinación.

 

El problema no es solo geopolítico, para decidir cómo manejaremos nuestra relaciones internacionales, sino existen cuestiones éticas y financieras que desnudan lo que no se quiere mostrar. Entre los principales beneficiarios de esta “coordinación” económica manejada desde los EE.UU: se encuentran los gigantes de Wall Street: BlackRock, Fidelity y Pimco, fondos que acumulan títulos argentinos depreciados y que ahora podrán ver crecer sus ganancias gracias a la manipulación del tipo de cambio y la suba artificial de los bonos.

 

También aparecen nombres propios de peso, como Stanley Druckenmiller y Robert Citrone, viejos socios de Scott Bessent, que es  hoy uno de los principales e indisimulados asesores económicos del presidente Javier Milei. Todos ellos compartieron en el pasado el mismo espacio de especulación financiera bajo el ala de George Soros, y hoy vuelven a operar sobre la Argentina, repitiendo los mecanismos de rescate y enriquecimiento que ya conocieron en los años noventa. El gabinete económico ha guardado silencio, ya que se encuentra totalmente subordinado a lo que decida el gobierno norteamericano, que ya  opera de como debe ser la economía del país, y también sus relaciones internacionales.

 

La operación tiene un doble efecto: refuerza a los fondos que apostaron a la Argentina con la bendición del Tesoro norteamericano y, al mismo tiempo, garantiza una suerte de supervivencia política del gobierno de Milei, que depende de esos flujos externos para mantener la ilusión de estabilidad. No es casual que Paul Krugman, premio Nobel de Economía,-en expresiones que recogió PERFIL- haya advertido que esta medida “es como un bailout —un salvavidas financiero— no solo para el controvertido gobierno de Javier Milei, sino también para las apuestas fallidas de los aliados de Bessent en el mundo de los fondos de cobertura”.

 

Hay una frase conocida atribuida a un primer ministro británico, cuando decía que “ los países no tienen solidaridades, sino que tienen intereses” y esta supuesta ayuda que se exhibe y calma transitoriamente a los mercados  no es un gesto de solidaridad ni una política de cooperación, sino una transferencia de recursos para rescatar a inversores privados que equivocaron sus jugadas y ahora reciben un auxilio público internacional, a costa de la soberanía argentina.

 

Ante tantas ocurrencias a las que son afectos los miembros del gobierno, y tantos exitismos prolijamente divulgados, pareciera que el país se somete a una tutela que anula cualquier margen de decisión autónoma. Existe una ficción de que existen  “mercados libres”, pero en los hechos el mercado está intervenido por el poder político de los Estados Unidos, que define quién gana y quién pierde. Y lo hace con la complacencia de un gobierno que continúa esa vieja costumbre de celebrar la sumisión como si fuera un éxito de gestión.

 

La historia económica argentina está llena de episodios en los que se confundió el rescate externo con la solución de fondo. Pero cada uno de esos episodios terminó igual: con un aumento de la dependencia, una pérdida de control institucional y una transferencia de rentas hacia los mismos actores financieros que hoy vuelven a presentarse como salvadores. Desde los olvidados intentos del general Carlos María de Alvear por ofrecer  las Provincias Unidas al amparo británico, hasta la “relación carnal” de los años noventa, que a través del Plan Brady nos sometió a las exigencias del sistema financiero, la Argentina ha oscilado entre los gestos de autonomía y los retrocesos hacia la tutela extranjera. Pero lo que ahora se verifica es aún más grave: una cesión explícita del control económico a los intereses financieros globales, legitimada por un discurso que llama “libertad” a la dependencia y “orden” a la subordinación.

 

La degradación institucional no solo se mide por los gritos o los gestos presidenciales, sino también por la renuncia silenciosa al derecho a decidir sobre la propia economía. Y en ese terreno, la intervención de Washington marca un punto de inflexión: ya no se trata de condicionalidades del FMI, sino de una administración directa del poder financiero global sobre el Estado argentino. La pregunta, entonces, no es si los Estados Unidos se exceden en su injerencia, sino si la Argentina está dispuesta a seguir renunciando a su soberanía en nombre de un espejismo cambiario. Porque ningún país que delega su política económica puede decir que sigue siendo libre

 

 

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