El fracaso de la obra pública en la provincia
San Luis no tendrá nuevos proyectos de infraestructura y solo continuará iniciativas que estaban en marcha.
Por redacción
| 07 de septiembre de 2024
En otros tiempo, la obra pública fue un pilar de desarrollo en la provincia. Foto: Archivo.
El Presupuesto 2025 presentado por el Estado provincial deja ver cuál es su ADN: un recorte interminable. En este caso, la “ley de leyes”, la verdadera hoja de ruta que tienen los gobiernos para la implementación de sus acciones, confirma la paralización de la obra pública en la provincia, que quedará absolutamente relegada para nuevas iniciativas salvo para la construcción de viviendas. Además, se constata un estancamiento en las partidas destinadas en Salud, Educación y Seguridad, y un flujo considerable de fondos a áreas que el mismo Ejecutivo hasta no hace mucho se encargaba de minimizar y bastardear, como es el caso de la Universidad de La Punta (ULP).
El presupuesto para el año que viene asciende a $1.841.214.283.195, una cifra astronómica que demuestra la desbocada inflación experimentada en los últimos tiempos. Los gastos corrientes representan un 81% del total, mientras que los gastos de capital son del 19%, lo que marca un rotundo empeoramiento en la estructura del gasto si se considera que en el Presupuesto 2024, el último formulado por la gestión anterior, los bienes de capital conformaban el 46% del total.
Las proyecciones que ha realizado el Gobierno establecen que habrá para el próximo año un crecimiento de los fondos, tanto nacionales como provinciales, por un aumento general de la actividad (una presunción un tanto optimista y aventurada, dado el contexto recesivo de la economía), y que la inflación en 2025 estará en el orden del 40%.
Con relación a la fuente de financiamiento, el 78% de los fondos estipulados en el presupuesto procederán de recursos nacionales y el 22% serán de origen propio.
La paralización de un sector estratégico
Al principio de la semana se dio una escena paradigmática que muestra el valor que hoy el Gobierno le otorga a la obra pública. Claudio Poggi atendía a los medios después de participar de un acto y una de las preguntas fue sobre el Presupuesto 2025. “No es un proyecto como los que teníamos antes. No hay obras importantes, vamos a trabajar en el mantenimiento de edificios públicos”, dijo con honestidad brutal el Gobernador.
Seguidamente, un periodista le recordó que la construcción de viviendas podía ser incluida dentro de lo que se considera el desarrollo de infraestructura. Ahí, el mandatario respiró un poco y dijo que la mitad de las partidas destinadas a infraestructura irán a la construcción de viviendas.
La paralización de la obra pública se patentiza en el hecho de que solo insumirá el 11% del gasto total en el Presupuesto 2025.
El proyecto estipula que el 47% de las partidas para obra pública (un 5,5% del monto total) estarán destinadas a la edificación de viviendas, cuya financiación tendrá un fuerte componente de fondos nacionales. “La otra mitad se destinará a las obras actualmente en ejecución, a la construcción de salas de tres años y jardines maternales, y el resto, a tareas de mantenimiento y conservación de edificios e infraestructura existentes atento a las restricciones presupuestarias y financieras”, señalan en el Gobierno.
Si bien el Ejecutivo promociona con bombos y platillos la construcción de viviendas, ya surgen fuertes interrogantes incluso de dirigentes del mismo color político. El intendente de Santa Rosa, Miguel Postiguillo, dijo en declaraciones radiales que con este presupuesto las municipalidades harán un “enorme esfuerzo” para participar de la edificación de casas sociales, admitió que andarán “muy finitos con los números” y se mostró crítico sobre cómo el Estado confeccionó las partidas.
Según el texto enviado al Congreso Provincial, el año que viene se reeditará el Programa “Construyendo con Tu Pueblo”, que implica obras menores de bacheo, pavimentación e iluminación, y que, en consecuencia, tienen un impacto limitado en la generación de puestos de trabajo.
La postergación de la obra pública es perjudicial por partida doble. Por un lado, ha sido el sector que históricamente impulsó el desarrollo socioeconómico de la provincia y esto es algo que aceptan tanto los que comulgan con el peronismo puntano como los que están en la vereda opuesta.
Pero también resulta perjudicial abandonar la ejecución de iniciativas de infraestructura en un contexto de profunda crisis económica como la que actualmente padece la Argentina. La historia económica está llena de ejemplos que muestran cómo la inversión eficiente y estratégica en obra pública representa un factor clave no solo para amortiguar los efectos negativos de un desplome económico pronunciado, sino para iniciar el camino de la recuperación.
El poggismo ha repetido en numerosas ocasiones que busca que la Provincia esté preparada o haya hecho el “precalentamiento” para cuando sople el “viento de cola” que supuestamente sobrevendrá en los próximos meses por los resultados de las medidas económicas nacionales. Sin embargo, este optimismo tan ingenuo y dependiente conlleva la posibilidad de que el “avión” se quede sin sustentabilidad en un período crítico, con el consiguiente riesgo social que eso implica para los puntanos.
Estancamiento en áreas vitales
Más allá de las promesas, el Presupuesto 2025 arroja que las partidas para Salud, Educación y Seguridad son similares en sus porcentajes a las del Presupuesto 2024. El año que viene se destinarán del monto total $149.410 millones para Seguridad, $362.343 millones para Salud y $532.143 millones en Educación.
En Ciencia e Innovación, los recursos pautados para el año que viene ascienden a $4 mil millones.
El poggismo siempre denigró y minimizó la Universidad de La Punta (ULP), al punto de decir en algún momento que tenía el destino de “oficina”. Sin embargo, el año que viene recibirá $35.545.192.781, de los cuales $15.000 millones serán invertidos en la financiación del Plan de Inclusión Educativa.
Para tomar dimensión de esta partida que recibirá la ULP, equivale a tres veces los fondos que serán canalizados al Poder Legislativo (casi $10 mil millones) y constituyen un monto cercano al que dirigirán al Poder Judicial, que tendrá $47.135 millones.
Otra área que recibirá fondos cuantiosos será la Secretaría de Comunicación, a la que se destinarán casi $9 mil millones. Esta dependencia, según lo que dice el mismo Gobierno, se encarga de “suministrar a los medios la información oficial debidamente procesada”.
Para continuar leyendo, ingresá a tu Suscripción
¿No tenes Suscripción? Elegí tu plan:
El Presupuesto 2025 presentado por el Estado provincial deja ver cuál es su ADN: un recorte interminable. En este caso, la “ley de leyes”, la verdadera hoja de ruta que tienen los gobiernos para la implementación de sus acciones, confirma la paralización de la obra pública en la provincia, que quedará absolutamente relegada para nuevas iniciativas salvo para la construcción de viviendas. Además, se constata un estancamiento en las partidas destinadas en Salud, Educación y Seguridad, y un flujo considerable de fondos a áreas que el mismo Ejecutivo hasta no hace mucho se encargaba de minimizar y bastardear, como es el caso de la Universidad de La Punta (ULP).
El presupuesto para el año que viene asciende a $1.841.214.283.195, una cifra astronómica que demuestra la desbocada inflación experimentada en los últimos tiempos. Los gastos corrientes representan un 81% del total, mientras que los gastos de capital son del 19%, lo que marca un rotundo empeoramiento en la estructura del gasto si se considera que en el Presupuesto 2024, el último formulado por la gestión anterior, los bienes de capital conformaban el 46% del total.
Las proyecciones que ha realizado el Gobierno establecen que habrá para el próximo año un crecimiento de los fondos, tanto nacionales como provinciales, por un aumento general de la actividad (una presunción un tanto optimista y aventurada, dado el contexto recesivo de la economía), y que la inflación en 2025 estará en el orden del 40%.
Con relación a la fuente de financiamiento, el 78% de los fondos estipulados en el presupuesto procederán de recursos nacionales y el 22% serán de origen propio.
La paralización de un sector estratégico
Al principio de la semana se dio una escena paradigmática que muestra el valor que hoy el Gobierno le otorga a la obra pública. Claudio Poggi atendía a los medios después de participar de un acto y una de las preguntas fue sobre el Presupuesto 2025. “No es un proyecto como los que teníamos antes. No hay obras importantes, vamos a trabajar en el mantenimiento de edificios públicos”, dijo con honestidad brutal el Gobernador.
Seguidamente, un periodista le recordó que la construcción de viviendas podía ser incluida dentro de lo que se considera el desarrollo de infraestructura. Ahí, el mandatario respiró un poco y dijo que la mitad de las partidas destinadas a infraestructura irán a la construcción de viviendas.
La paralización de la obra pública se patentiza en el hecho de que solo insumirá el 11% del gasto total en el Presupuesto 2025.
El proyecto estipula que el 47% de las partidas para obra pública (un 5,5% del monto total) estarán destinadas a la edificación de viviendas, cuya financiación tendrá un fuerte componente de fondos nacionales. “La otra mitad se destinará a las obras actualmente en ejecución, a la construcción de salas de tres años y jardines maternales, y el resto, a tareas de mantenimiento y conservación de edificios e infraestructura existentes atento a las restricciones presupuestarias y financieras”, señalan en el Gobierno.
Si bien el Ejecutivo promociona con bombos y platillos la construcción de viviendas, ya surgen fuertes interrogantes incluso de dirigentes del mismo color político. El intendente de Santa Rosa, Miguel Postiguillo, dijo en declaraciones radiales que con este presupuesto las municipalidades harán un “enorme esfuerzo” para participar de la edificación de casas sociales, admitió que andarán “muy finitos con los números” y se mostró crítico sobre cómo el Estado confeccionó las partidas.
Según el texto enviado al Congreso Provincial, el año que viene se reeditará el Programa “Construyendo con Tu Pueblo”, que implica obras menores de bacheo, pavimentación e iluminación, y que, en consecuencia, tienen un impacto limitado en la generación de puestos de trabajo.
La postergación de la obra pública es perjudicial por partida doble. Por un lado, ha sido el sector que históricamente impulsó el desarrollo socioeconómico de la provincia y esto es algo que aceptan tanto los que comulgan con el peronismo puntano como los que están en la vereda opuesta.
Pero también resulta perjudicial abandonar la ejecución de iniciativas de infraestructura en un contexto de profunda crisis económica como la que actualmente padece la Argentina. La historia económica está llena de ejemplos que muestran cómo la inversión eficiente y estratégica en obra pública representa un factor clave no solo para amortiguar los efectos negativos de un desplome económico pronunciado, sino para iniciar el camino de la recuperación.
El poggismo ha repetido en numerosas ocasiones que busca que la Provincia esté preparada o haya hecho el “precalentamiento” para cuando sople el “viento de cola” que supuestamente sobrevendrá en los próximos meses por los resultados de las medidas económicas nacionales. Sin embargo, este optimismo tan ingenuo y dependiente conlleva la posibilidad de que el “avión” se quede sin sustentabilidad en un período crítico, con el consiguiente riesgo social que eso implica para los puntanos.
Estancamiento en áreas vitales
Más allá de las promesas, el Presupuesto 2025 arroja que las partidas para Salud, Educación y Seguridad son similares en sus porcentajes a las del Presupuesto 2024. El año que viene se destinarán del monto total $149.410 millones para Seguridad, $362.343 millones para Salud y $532.143 millones en Educación.
En Ciencia e Innovación, los recursos pautados para el año que viene ascienden a $4 mil millones.
El poggismo siempre denigró y minimizó la Universidad de La Punta (ULP), al punto de decir en algún momento que tenía el destino de “oficina”. Sin embargo, el año que viene recibirá $35.545.192.781, de los cuales $15.000 millones serán invertidos en la financiación del Plan de Inclusión Educativa.
Para tomar dimensión de esta partida que recibirá la ULP, equivale a tres veces los fondos que serán canalizados al Poder Legislativo (casi $10 mil millones) y constituyen un monto cercano al que dirigirán al Poder Judicial, que tendrá $47.135 millones.
Otra área que recibirá fondos cuantiosos será la Secretaría de Comunicación, a la que se destinarán casi $9 mil millones. Esta dependencia, según lo que dice el mismo Gobierno, se encarga de “suministrar a los medios la información oficial debidamente procesada”.
El Presupuesto 2025 presentado por el Estado provincial deja ver cuál es su ADN: un recorte interminable. En este caso, la “ley de leyes”, la verdadera hoja de ruta que tienen los gobiernos para la implementación de sus acciones, confirma la paralización de la obra pública en la provincia, que quedará absolutamente relegada para nuevas iniciativas salvo para la construcción de viviendas. Además, se constata un estancamiento en las partidas destinadas en Salud, Educación y Seguridad, y un flujo considerable de fondos a áreas que el mismo Ejecutivo hasta no hace mucho se encargaba de minimizar y bastardear, como es el caso de la Universidad de La Punta (ULP).
El presupuesto para el año que viene asciende a $1.841.214.283.195, una cifra astronómica que demuestra la desbocada inflación experimentada en los últimos tiempos. Los gastos corrientes representan un 81% del total, mientras que los gastos de capital son del 19%, lo que marca un rotundo empeoramiento en la estructura del gasto si se considera que en el Presupuesto 2024, el último formulado por la gestión anterior, los bienes de capital conformaban el 46% del total.
Las proyecciones que ha realizado el Gobierno establecen que habrá para el próximo año un crecimiento de los fondos, tanto nacionales como provinciales, por un aumento general de la actividad (una presunción un tanto optimista y aventurada, dado el contexto recesivo de la economía), y que la inflación en 2025 estará en el orden del 40%.
Con relación a la fuente de financiamiento, el 78% de los fondos estipulados en el presupuesto procederán de recursos nacionales y el 22% serán de origen propio.
La paralización de un sector estratégico
Al principio de la semana se dio una escena paradigmática que muestra el valor que hoy el Gobierno le otorga a la obra pública. Claudio Poggi atendía a los medios después de participar de un acto y una de las preguntas fue sobre el Presupuesto 2025. “No es un proyecto como los que teníamos antes. No hay obras importantes, vamos a trabajar en el mantenimiento de edificios públicos”, dijo con honestidad brutal el Gobernador.
Seguidamente, un periodista le recordó que la construcción de viviendas podía ser incluida dentro de lo que se considera el desarrollo de infraestructura. Ahí, el mandatario respiró un poco y dijo que la mitad de las partidas destinadas a infraestructura irán a la construcción de viviendas.
La paralización de la obra pública se patentiza en el hecho de que solo insumirá el 11% del gasto total en el Presupuesto 2025.
El proyecto estipula que el 47% de las partidas para obra pública (un 5,5% del monto total) estarán destinadas a la edificación de viviendas, cuya financiación tendrá un fuerte componente de fondos nacionales. “La otra mitad se destinará a las obras actualmente en ejecución, a la construcción de salas de tres años y jardines maternales, y el resto, a tareas de mantenimiento y conservación de edificios e infraestructura existentes atento a las restricciones presupuestarias y financieras”, señalan en el Gobierno.
Si bien el Ejecutivo promociona con bombos y platillos la construcción de viviendas, ya surgen fuertes interrogantes incluso de dirigentes del mismo color político. El intendente de Santa Rosa, Miguel Postiguillo, dijo en declaraciones radiales que con este presupuesto las municipalidades harán un “enorme esfuerzo” para participar de la edificación de casas sociales, admitió que andarán “muy finitos con los números” y se mostró crítico sobre cómo el Estado confeccionó las partidas.
Según el texto enviado al Congreso Provincial, el año que viene se reeditará el Programa “Construyendo con Tu Pueblo”, que implica obras menores de bacheo, pavimentación e iluminación, y que, en consecuencia, tienen un impacto limitado en la generación de puestos de trabajo.
La postergación de la obra pública es perjudicial por partida doble. Por un lado, ha sido el sector que históricamente impulsó el desarrollo socioeconómico de la provincia y esto es algo que aceptan tanto los que comulgan con el peronismo puntano como los que están en la vereda opuesta.
Pero también resulta perjudicial abandonar la ejecución de iniciativas de infraestructura en un contexto de profunda crisis económica como la que actualmente padece la Argentina. La historia económica está llena de ejemplos que muestran cómo la inversión eficiente y estratégica en obra pública representa un factor clave no solo para amortiguar los efectos negativos de un desplome económico pronunciado, sino para iniciar el camino de la recuperación.
El poggismo ha repetido en numerosas ocasiones que busca que la Provincia esté preparada o haya hecho el “precalentamiento” para cuando sople el “viento de cola” que supuestamente sobrevendrá en los próximos meses por los resultados de las medidas económicas nacionales. Sin embargo, este optimismo tan ingenuo y dependiente conlleva la posibilidad de que el “avión” se quede sin sustentabilidad en un período crítico, con el consiguiente riesgo social que eso implica para los puntanos.
Estancamiento en áreas vitales
Más allá de las promesas, el Presupuesto 2025 arroja que las partidas para Salud, Educación y Seguridad son similares en sus porcentajes a las del Presupuesto 2024. El año que viene se destinarán del monto total $149.410 millones para Seguridad, $362.343 millones para Salud y $532.143 millones en Educación.
En Ciencia e Innovación, los recursos pautados para el año que viene ascienden a $4 mil millones.
El poggismo siempre denigró y minimizó la Universidad de La Punta (ULP), al punto de decir en algún momento que tenía el destino de “oficina”. Sin embargo, el año que viene recibirá $35.545.192.781, de los cuales $15.000 millones serán invertidos en la financiación del Plan de Inclusión Educativa.
Para tomar dimensión de esta partida que recibirá la ULP, equivale a tres veces los fondos que serán canalizados al Poder Legislativo (casi $10 mil millones) y constituyen un monto cercano al que dirigirán al Poder Judicial, que tendrá $47.135 millones.
Otra área que recibirá fondos cuantiosos será la Secretaría de Comunicación, a la que se destinarán casi $9 mil millones. Esta dependencia, según lo que dice el mismo Gobierno, se encarga de “suministrar a los medios la información oficial debidamente procesada”.
Para continuar leyendo, ingresá a tu Suscripción
¿No tenes Suscripción? Elegí tu plan:
Más Noticias
05 de diciembre de 2024
14 de noviembre de 2024
