El edificio "Dalmiro Pérez Laborda" solo puede tener un fin sanitario

Familiares de Dalmiro Pérez Laborda advirtieron que si el edificio donde funciona el Laboratorio de Salud Pública, que lleva el nombre del prestigioso médico, cambia su funcionamiento a una actividad que no esté vinculada al servicio sanitario público, pedirán al gobierno provincial que les restituya de inmediato el inmueble, cedido en carácter de donación.

“Cuando el cargo es para salud, entiendo que no puede ser para una cuestión administrativa o para el despacho del ministro de Salud. Mucho más si hablamos de una venta o canje o cambiarle el espíritu. Si el Gobierno cambia el espíritu de la donación, vamos a pedir que nos devuelva el inmueble”, precisó a San Luis 24 Marcelo Amitrano, nieto de Pérez Laborda y funcionario del gobierno saliente.

La familia Pérez Laborda donó “con cargo” al Estado provincial la casona ubicada en la Avenida del Fundador. El predio tenía que servir para el funcionamiento de una dependencia de salud “para los puntanos”. Dalmiro Pérez Laborda fue un médico traumatólogo. En la década de 1950 instaló en ese predio, junto a otros profesionales, un centro de rehabilitación para tratar personas afectadas por poliomielitis.

El predio fue gestionado como una sociedad por sus herederos.  En el tiempo que coincidió con la última gobernación de Alberto Rodríguez Saá, el centro ya no estaba cumpliendo la función con la que se había creado. “Ahí se tomó la decisión de disolver la sociedad y donar esa propiedad al Estado provincial, con el cargo de que siempre funcionara ahí algo que tenga que ver con la salud pública”, señaló.

El Ejecutivo puntano restauró el inmueble cuando recibió la donación, lo que permitió instalar el laboratorio, que le aportó a la provincia una vigilancia epidemiológica exhaustiva de enorme importancia, por ejemplo, durante la reciente pandemia del coronavirus. Además, actualmente cumplía esta misma función para la vigilancia del dengue, una epidemia en expansión.

Reducción de personal

A fines de abril, los profesionales del Laboratorio "Dalmiro Pérez Laborda" recibieron un baldazo de agua fría al ser notificados del desplazamiento de profesionales. En concreto, les informaron que de once personas que trabajaban allí, siete pasarían a cumplir funciones en otras dependencias.

La decisión del Ejecutivo puntano, arbitraria e inentendible, generó el temor de un posible cierre de la infraestructura, y de ahí la advertencia de la familia de Dalmiro Pérez Laborda al Gobierno para que no le dé a la propiedad otro destino que no sea el oportunamente fijado.

Uno de los profesionales reubicados es Juan Talia, quien dirigía el laboratorio. Señaló que el personal que trabajaba en el predio estaba al tanto de que el inmueble había sido donado para que funcionara únicamente vinculado a la salud.

“La familia que lo donó ya dijo que si cambian el trabajo del laboratorio van a pedir que se los devuelvan. No sabemos qué va hacer el gobierno provincial, pero hasta el momento seguiría funcionando, porque ya tomaron dos o tres profesionales más”, señaló.  

Talia, quien fue reubicado a Laboratorios Puntanos, resaltó que lo que hizo el Ejecutivo con el laboratorio es un perjuicio para la salud pública, porque los especialistas estaban preparados y formados para realizar los trabajos.