El Concejo ya suma una multa de $1 millón por no acatar fallo judicial

Incumplir la ley tiene sus costos. La presidenta del Concejo Deliberante de San Luis, Agustina Arancibia Rodríguez, se niega a acatar una orden judicial que establece la reincorporación de 14 empleados del Poder Legislativo. Desde el miércoles pasado, en concepto de astreintes, el Concejo debe pagar una multa de $150 mil pesos diarios, que al cierre de esta nota ya superan el monto de un millón de pesos.

Las astreintes son sanciones económicas que se imponen por la demora en el cumplimiento de una orden judicial. En detalle, la jueza Valeria Benavídez, del Juzgado Civil Nº 3, determinó el pasado 26 de febrero la reincorporación de 14 empleados en planta permanente que fueron cesanteados por Arancibia Rodríguez a principios de enero. El tiempo pasó y a pesar del mandato judicial, la concejala que responde al intendente Gastón Hissa hizo oídos sordos.

Los empleados asisten al patio del Concejo en sus horarios de trabajo habituales, esperando ser reincorporados. “Entiendo, como profesional del derecho, que no corresponde que se le impute el dinero a ella de manera particular. Por supuesto que la persona más criteriosa en esto es la jueza que está a cargo del expediente, que es quien tiene la última palabra en resolver”, dijo en primer lugar la concejala del bloque justicialista Agustina Gatto, quien es abogada.

“Pero yo entiendo que los fondos van a ser exclusivamente en relación al patrimonio del cuerpo legislativo porque el demandado en sí es el Concejo Deliberante. Es como cuando vos demandás un club, el presidente está a cargo, pero la persona jurídica es del club. Esto es lo que nos está pasando a nosotros hoy”, agregó.

Gatto señaló que el decreto judicial no detalla si la multa se destinará al Poder Judicial o a los propios trabajadores.

 “Estamos viviendo una situación insólita. La presidenta del Concejo, cuando asistió la secretaria del Juzgado a consultar si cumpliría con la orden judicial, dijo: “No, no quiero cumplirla”. Y esto lo hizo una persona en representación de un poder del Estado. ¿Cómo les vamos a pedir a los ciudadanos que cumplan con las ordenanzas si la propia presidenta no cumple con la ley?”, criticó.

“Hay trabajadores que hace 7, 10 años trabajaban en el Concejo. A fines del año pasado obtuvieron la planta permanente por la votación de todo el cuerpo, incluso de concejales cuyas fuerzas pertenecen hoy al oficialismo. Ingresa la presidenta y los despide, en una acción ilegal, porque una resolución no puede anular otra resolución”, recordó la legisladora.

“Ellos están todos los días en el patio del Concejo, un lugar pequeño, con frío, calor, en una situación de violencia constante”, reflexionó.

Gatto además apuntó contra la actitud de Arancibia Rodríguez, quien también fue empleada del Concejo. “Acá hay un tema de creer que los cargos atraviesan la vida y uno ocupa lugares por tiempo determinado, y no son más por tener un cargo y por supuesto que mucho menos te habilita a no cumplir la ley ser presidente de un cuerpo legislativo un año”, argumentó la edil.

“Esto trasciende los colores políticos, porque puede ocurrir que un empleado que está en el Legislativo hace diez años entró por un color político y es el que más sabe y sigue en sus funciones. Son personas que están hace muchos años en el Concejo, que es un organismo público del Estado, donde cumplen tareas y no hacen política partidaria”, agregó.

“Los recursos que pagan los vecinos van a ir en un porcentaje al pago de una multa judicial por un capricho de la presidenta, que a su vez dura un año en sus funciones. ¿Cuánto daño va a hacer esta mujer en un año?”, concluyó con enojo Gatto, sobre la insólita situación del Legislativo de la capital puntana.

En la Municipalidad hay malestar

Los cuatro meses de gestión de la Municipalidad a cargo de Gastón Hissa se caracterizaron por grandes problemas como la ineficiente gestión de los servicios públicos y los despidos. Gremios como ATE denunciaron más de 200 cesantías durante el verano. A eso se le sumaron distintas protestas de los trabajadores que continuaron con sus fuentes de trabajo, pero sin ningún tipo de actualización salarial.

En este contexto, ATE realizó el pasado 3 de abril un paro de actividades de los municipales. Ante la pretensión del Municipio de denunciar que se trataba de una medida ilegal, la Dirección de Relaciones Laborales del gobierno provincial intervino y dictó la conciliación obligatoria horas después. Este es un período de negociaciones de 15 días en el que, en este caso, el gremio debe abstenerse de realizar cualquier medida de acción directa y al Municipio de tomar represalias contra los trabajadores.

A su vez, la resolución fijó una audiencia conciliatoria para el próximo martes 16 de abril de 2024 a las 10 de la mañana en la Dirección de Relaciones Laborales, con la advertencia de sanciones legales si alguna de las partes no asiste.

Redacción/MGE