"Tremendo daño produjo el Gobierno con el cierre del Inafci"

El vocero presidencial, Manuel Adorni, anunció la decisión que tomó el gobierno nacional, de cerrar el Instituto de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena (Inafci) y el Consejo Nacional de Agricultura Familiar. Una medida que cayó como un baldazo de agua fría a productores y técnicos de la institución. El exdelegado de la región de Cuyo Daniel Sosa opinó que “este (Javier Milei) es un presidente que no habla de producción de alimentos, pero sí de especulación financiera y del precio del dólar o los bitcoins. Está mostrando claramente cuál es el camino que quiere tomar. Es tremendo el daño que produjo esta medida”.

El Inafci cumplía el rol de asistir a pequeños productores, “especialmente a quienes están descapitalizados; por lo general tienen poca extensión de tierra; se caracterizan por un escaso acceso a obtener un crédito; sus espacios productivos se ubican en lugares, por lo general, muy aislados, especialmente los departamentos Belgrano, Ayacucho y San Martín, y son comunidades que no tienen ninguna posibilidad de contratar a profesionales”, explicó Roberto Luna, técnico de la institución en la zona de Villa Mercedes.

También expresó que todas esas tareas eran importantes “en cuanto hemos evitado el

desarraigo rural y la falta de escolaridad en los chicos, porque más allá de que seamos un programa técnico, también participamos y fomentamos la educación de los chicos; incluso hemos trabajado mucho con el tema de las mujeres, reconociendo la importancia que tienen en el desarrollo del sector”, especificó.

Sosa añadió que si bien no pertenece más al instituto desde el 10 de diciembre pasado, “tengo mi corazón puesto ahí. En San Luis, los técnicos han hecho un trabajo monumental. Durante años trabajaron sin utilizar recursos del Estado. Se movían en sus propios autos, no tenían oficinas y resolvían un montón de problemas”.

Luna coincidió e indicó que lo único que saben es que de los más de 964 empleados distribuidos en todo el país quedarían solamente 62, “entiendo que son aquellas personas que tienen tutela gremial, embarazadas y cupos, que imagino que se refieren al cupo trans, pero desconozco si esto es así”.

Agregó que “hay cuestiones que faltan a la verdad; por ejemplo, en el caso puntual de San Luis, teníamos desde el viejo Programa Social Agropecuario (PSA), que se creó en 1994, un solo delegado. En el gobierno de Alberto Fernández, tras la pandemia y algunas necesidades que se visibilizaron, teníamos un delegado provincial y tres zonales. No originábamos gasto en alquiler de dependencia. En un principio, en Villa Mercedes, estábamos dentro de las instalaciones del INTA. Después, estuvimos en el edificio de la Municipalidad, a través de un acuerdo, y el resto de los compañeros que están en el interior de la provincia trabajaban desde su casa”, explicó Luna.

Además, el técnico especificó que lo que hacían era atender a los pequeños productores: “Por lo general, estábamos enfocados en aquellos que no estaban bajo la asistencia de ningún otro organismo como el INTA o el INTI. Atendíamos a este sector más desprotegido, que no solo necesita de las cuestiones técnicas, sino también de aspectos organizativos y de la comercialización”.

Por otra parte, Sosa enumeró tareas de las que se ocuparon, como “facilitar conexiones de agua en la zona oeste de la Calera; la ingeniera Morbidelli hizo una gran tarea en la colocación de 24 kilómetros de acueducto junto a San Luis Agua. En Pozo Cavado se hizo una excavación de 183 metros para acceder al agua para los vecinos. Organizábamos ferias en San Francisco, Quines y Luján; incluimos a productores de miel y de lana de oveja, y en Alem y Carpintería colaboramos con algunos viveros. En La Toma y en el Suyuque hay un barrio productivo que produce una gran cantidad de frutas y hortalizas que se venden en la zona de La Punta”.

Además, Sosa contó que elaboraban conservas en distintos parajes como Caballito Blanco, El Milagro y Villa la Quebrada, “muchos productores de la agricultura familiar que recibían semillas también obtenían asesoramiento, de técnicos capacitados, iban a escuelas rurales, trabajaban con los municipios, con las cooperativas y con las organizaciones de cada localidad como en San Martín, en Villa Mercedes, en el sur de San Luis, en Justo Daract, en Fraga, en Juana Koslay y en Potrero de los Funes”.

Otro de los técnicos que está desilusionado es Martín Cerdá: “Tenemos bronca porque sentimos esto como un manoseo a los trabajadores y trabajadoras del organismo. Desde antes del cambio de gestión ya no había respuesta de ningún tipo, no había directivas y mucho menos, recursos. En estos tres meses de gestión lo único que han hecho es pasear el organismo por todos los ministerios sin una sola respuesta”, aseveró y continuó: “Adorni, quien gana cinco o seis veces más que nosotros, miente todo el tiempo. Acá tenemos una oficina que no funciona desde mucho antes de que asumieran”.

Cerdá contó que encontraron en la Sanitaria un espacio para que funcionara la oficina: “En el último tiempo no teníamos ni caja chica, nos teníamos que comprar todo nosotros. Básicamente, vaciaron el organismo, lo desfinanciaron, le sacaron lo poco que tenía. Pero acá estamos, dándole batalla. Sería bueno que fueran a sacar las fotos de la oficina realmente, porque desde nuestra parte intentamos hacer lo más que se pudo para arreglarla, hasta compramos una cerradura nosotros”, concluyó.

Según las nuevas pautas de funcionamiento establecidas por Nación, ahora la Inafci pasará a reportar al nuevo Ministerio de Capital Humano, que estará a cargo de la funcionaria nacional Viviana Pettovello.

La decisión implica el nombramiento de un interventor en el instituto, quien realizará una auditoría integral de recursos humanos, físicos y financieros, y evaluará su ordenamiento, al tiempo que se cerrarán las delegaciones territoriales de todo el país, reduciendo aproximadamente 800 contratos que no serán renovados.

Con el cierre, el instituto volverá a convertirse en una dirección nacional, con un plantel de 64 personas.

Redacción/MGE