Cómo demuestro que mi campo es "libre de deforestación"

La plataforma para soja y carne bovina libre de deforestación (Visec) es una iniciativa privada que busca dar respuesta al reglamento 1115/23 de la Unión Europea (UE), cuyo punto más álgido para la Argentina es la prohibición de importar esos productos si provienen de áreas deforestadas, en forma ilegal o legal, a partir del 31/12/2020.

En diálogo con Valor Carne, el coordinador de Visec, Gustavo Idígoras, explicó cómo se gestó la iniciativa y cuál será el mecanismo para que los campos puedan ser elegibles para ese destino y sus embarques cuenten con la certificación "Libre de deforestación", sin costo alguno para el productor.

 "La propuesta surgió en 2019 impulsada por los exportadores del complejo sojero preocupados por el Gran Chaco, el segundo bioma de América Latina que en el país ocupa 60 millones de hectáreas, superficie similar al territorio de Francia", recordó Idígoras, justificando la creación de la plataforma bajo el nombre Visión Sectorial del Gran Chaco Argentino.

"El desafío era demostrar que la Argentina no estaba deforestando ilegalmente en esa región y brindar garantías al respecto", contó. Así se fueron sumando las entidades de productores, corredores, acopiadores, Aacrea, Aapresid, entre otros.

En 2022 la estrategia se extendió a todo el país con la idea de desarrollar un protocolo para afrontar las exigencias de la nueva normativa europea sobre deforestación, a publicarse en mayo de 2023, algo que efectivamente sucedió.

¿Por qué los privados son quienes responden a la UE? "El reglamento europeo exime a los estados de participar de la certificación, ya que se basa en la debida diligencia empresarial", respondió. Esto significa que el sujeto obligado es el importador quien traslada ese compromiso al exportador del país de origen, que actúa como responsable directo del cumplimiento de la norma.

"El exportador es quien debe hacer un análisis de riesgo de los establecimientos de producción", indicó Idígoras. En tal sentido, debe mantener la cadena de custodia, tanto física como documental, para garantizar que el animal en pie no proviene de áreas deforestadas, y que la media res y la carne no estuvieron en contacto con productos de origen desconocido o en los que se comprobó desmonte.

En 2023, once frigoríficos exportadores (ABC) mostraron interés en Visec y a partir de ahí se empezó a trabajar para que se sumara toda la cadena de valor.

"La Sociedad Rural Argentina lideró la convocatoria. Se hicieron múltiples reuniones y finalmente a fines del año pasado acordaron cómo sería la composición y la tarea de Visec carne vacuna", afirmó Idígoras. Ahora, esas industrias están desarrollando un protocolo y un software de trazabilidad para que la ganadería pueda cumplir con la normativa europea que entrará en vigencia el último día de 2024.

Cómo participar   

Los ganaderos que quieran aplicar a la UE pueden darse de alta en la plataforma Visec, en forma gratuita, sean del Gran Chaco, de la Región Pampeana o de cualquier otra. El alta significa incluir su número de Renspa del Senasa que permite identificar su establecimiento.

"A partir de ahí deben generar la imagen satelital de su campo a diciembre de 2020 y a la fecha del alta, para contrastarlas. Esas capturas las puede hacer el mismo productor, el frigorífico o cualquier empresa de la cadena", dijo Idígoras. Y subrayó: "Si se constata que hubo deforestación ese establecimiento deja de ser elegible para la UE".

¿Deforestación ilegal o legal? "Ambas. La Comisión Europea ha ido más allá de la legislación argentina y de otros países. Y ha establecido que no aceptará ningún tipo de deforestación, lo que nos ha llevado a que tengamos que establecer requisitos mayores a los de la Ley de Bosques", aseveró Idígoras.

Es decir que para la UE quedará prohibida no solo la hacienda de zona roja, sino también las de zonas amarillas y verdes, donde se haya practicado la deforestación, incluyendo los planteos silvopastoriles.

"Es un régimen muy exigente, nosotros lo hemos cuestionado, pero de cualquier forma ya está publicado con esas restricciones", lamentó.

La plataforma 

El sistema Visec será gestionado por la Bolsa de Comercio de Rosario, que contará con manuales de usuario y mesa de ayuda online. Una vez que los productores, los frigoríficos y los intermediarios se den de alta, cuando hagan un movimiento de ganado se comprobará su origen a través del documento de tránsito electrónico.

Luego, como ya se contará con las imágenes satelitales, se verificará que no se haya deforestado en los campos donde estuvieron esos animales. Esto permitirá su traslado a la planta para ser faenados como aptos UE. A su vez, se brindarán garantías de trazabilidad, mediante el certificado sanitario de exportación. "No se pide trazabilidad individual, pero sí por establecimiento", resaltó.

 "Finalmente, la certificación se realizará en el embarque, el contenedor completo debe ser libre de deforestación. Y toda la documentación será enviada por Visec al importador de manera electrónica", puntualizó Idígoras, detallando que el extra costo lo pagará el exportador a la hora de realizar la certificación, a cargo de terceros.

¿El importador es quien decide la operación? "No habrá rechazos de mercadería. El importador es el responsable de ingresarla, pero la autoridad competente del bloque podrá cobrarle elevadas multas si un contenedor no cumple con los requisitos. Las penalidades pueden ser de hasta el 9% de la facturación de toda su empresa el año previo. Le costará muy caro", subrayó.

Bajo riesgo argentino

Para Idígoras, esta normativa se pondrá en marcha a pesar de las numerosas presentaciones que se han hecho por la falta de reconocimiento de la legislación nacional.

"El riesgo de deforestación tanto de soja como de carne es absolutamente insignificante. En el caso de la oleaginosa es del 0,5% y con respecto al producto vacuno hay un estudio del Conicet que se está terminando y se publicará próximamente. Los resultados serán algo superiores, pero también muy bajos", anticipó.

¿Y esto qué implica para la ganadería? "Probablemente un menor control en Europa y una tranquilidad para el importador, por lo tanto, hasta puede haber una captura mayor de precio por el lado argentino. Ese es uno de los desafíos de Visec", aseguró. Y prosiguió: "Claramente, el Gran Chaco es de mayor riesgo que la Región Pampeana por lo tanto se prestará más atención en esa zona".

¿Participa el Estado, para determinar el riesgo? "No. Las certificaciones ambientales no son materia de intervención estatal como ocurre con la sanidad y la inocuidad. En nuestro caso hicimos un acuerdo para que Agricultura nos brinde información y Cancillería nos apoye en las negociaciones", comentó.

Por lo pronto, los exportadores pagarán los costos incrementales del sistema de trazabilidad y certificación. "Una vez lanzada la plataforma, en 2025, eso dependerá de la capacidad de trasladar el adicional al importador europeo, ya están advertidos. Será nuestra estrategia", aseveró.

Para finalizar, Idígoras destacó el desafío que significan las regulaciones sobre deforestación para el comercio exterior. "Hay una normativa lista para ser implementada en el Reino Unido, EE.UU. está trabajando en un borrador y China lanzará un régimen similar en 2027. Es un camino sin retorno", concluyó.

Sello de triple impacto

Elegido entre más de 150 proyectos, el proyecto de la Sociedad Rural Argentina busca implementar buenas prácticas agrícolas, el cuidado del recurso hídrico, la captación de carbono, la preservación de la biodiversidad y el bienestar animal.

"Podemos lograr que la sostenibilidad sea una oportunidad y un negocio para Argentina, para Latinoamérica, y para todos los productores del mundo, que se alineen con la producción o secuestro de Carbono", afirmó un entusiasmado Marcos Pereda, vicepresidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA).

Las palabras del también coordinador de la Comisión de Sostenibilidad y Agricultura Familiar de la entidad están relacionadas a una reciente distinción que llegó a la entidad que conduce Nicolás Pino: la Unión Europea escogió a un trabajo que SRA desarrolla desde hace al menos dos años junto a la Cámara de Industria y Comercio Argentino-Alemana y la Asociación Argentina de Productores en Siembra Directa (Aapresid).

Quien también sumó su mirada fue Andrés Costamagna, director y subcoordinador de la Comisión de la SRA. Aseguró que "estos logros se consiguen cuando se fijan objetivos y se tiene un rumbo claro".

"En los últimos años surgió la idea de reflotar un Comité de Ambiente aggiornado, impulsando la Comisión de Sostenibilidad y Agricultura Familiar, como un ámbito de trabajo más abarcativo donde confluyen los productivistas, pero también los ambientalistas y el sector público. Y esto nos llevó a fijar dentro de nuestro Plan Estratégico SRA 2030, un eje de acción institucional llamado Sostenibilidad", expuso.

El Sello de Triple Impacto es un innovador proyecto para la producción agropecuaria y forestal, y recibirá apoyo financiero a través del programa Al Invest Verde.

Desde SRA explicaron que la convocatoria reunió más de 150 proyectos enfocados en cadenas de valor libres de deforestación y transición hacia modelos empresariales más circulares.

"Esta distinción resalta el fuerte compromiso de la entidad con el desarrollo de sistemas productivos más sostenibles", aseguraron.

¿En qué se basa? El Sello de Triple Impacto se centra en la implementación de buenas prácticas agrícolas, el cuidado del recurso hídrico, la captación de carbono, la preservación de la biodiversidad y el bienestar animal, entre otros aspectos, donde la lucha contra el cambio climático y la conservación de los ecosistemas terrestres es fundamental para tener parámetros e indicadores.

El programa

Al-Invest Verde es un programa financiado por la Comisión Europea para promover el crecimiento sostenible y la creación de empleo en América Latina. Su objetivo es apoyar la transición hacia una economía baja en carbono, eficiente en recursos y más circular, para facilitar la implementación de modelos de producción sostenibles.

Cuenta con un presupuesto de 33 millones de euros y una duración de 48 meses: inició en diciembre de 2021 y culminará en noviembre de 2025.

En su desarrollo, el programa se divide en tres componentes que trabajan, respectivamente, con pequeñas empresas latinoamericanas, instituciones públicas de la región y la gestión de derechos de propiedad intelectual.

El Componente 1 (Innovación y transición verde de las Pymes) se ejecuta bajo el liderazgo de la organización de desarrollo global sequa, junto a un Consorcio Ejecutor, conformado por diversas organizaciones de la región. Tiene como principal objetivo la gestión de fondos para la puesta en marcha de proyectos innovadores de asociación entre organizaciones de América Latina y de la Unión Europea.

El Componente 2 (Asistencia técnica al sector público) está liderado por la Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas (Fiiapp), en consorcio con la Organización Internacional Ítalo-latinoamericana (IILA). Su objetivo es prestar asistencia técnica al sector público latinoamericano para fomentar cadenas de valor sostenibles.

Mientras que el Componente 3 (Derechos de propiedad intelectual) está implementado por la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (Euipo) y tiene como principal objetivo promover el uso de los Derechos de Propiedad Intelectual (DPI) como impulsor crucial de la competitividad y la innovación para proteger la generación de valor por parte de las Pymes.

En Argentina, Al-Invest Verde apoya la capacidad de la Dirección Nacional de Bioeconomía como centro de referencia para la certificación y promoción de bioinsumos, con la finalidad de mantener e impulsar su exportación a la Unión Europea.