Gestión social escolar en el abismo

Por Paulina Calderón y Victoria Vega.

En los últimos días, la comunidad educativa y la sociedad en general están siendo espectadoras de una campaña injustificada de escrache y desinformación sobre las escuelas públicas autogestionadas. A lo largo del año también fueron víctimas de esta cruzada las escuelas generativas, en el marco de un gobierno provincial que, con todo su arsenal comunicacional, pretendió instalar un discurso de “regularización” de algunas instituciones educativas de gestión social.

¿Por qué?  ¿Cuáles son los motivos? ¿Qué intereses motivan esta campaña sucia y arbitraria? ¿Regularización o acomodo a conveniencia?
Tanto las escuelas autogestionadas, algunas con una historia de 25 años en nuestra provincia, como las escuelas generativas, se encuentran enmarcadas en la gestión social escolar, avalada por la Ley Nacional de Educación 26.206. Es decir, estas escuelas requieren una Asociación Educacional que las gestione para implementar el proyecto educativo, administrando los fondos que reciben del gobierno provincial para su funcionamiento. En el caso de las Autogestionadas los salarios son liquidados por las propias asociaciones, como así también la selección y contratación de todo el personal; en cambio, en las Generativas, los cargos docentes son contratados a través de la ULP con el visto bueno del Ministerio de Educación. En este punto, conviene hacer una salvedad: cada tipo de gestión tiene su Ley Provincial y, en el caso de las Autogestionadas, la Asociación que gestiona la institución debe concursar y de resultar aprobada la instancia, pasará a administrar la institución por un periodo de tiempo determinado.

El gobierno provincial asumido en diciembre de 2023 decidió, entre sus primeras medidas, prorrogar hasta febrero de 2025 o inter se llame a concurso (“lo que suceda primero” decían) los contratos con las Asociaciones de las Escuelas Autogestionadas mientras que respecto a las Generativas les comunicó que iban a pasar a la Autogestión con un supuesto acompañamiento del gobierno mediante capacitaciones.

Sin embargo, esa misma gestión, muy poco coherente con sus anuncios, decidió unilateralmente y sin causa justificada rescindir los contratos con algunas de las asociaciones, vimos así el cierre de escuelas generativas como la Félix Máximo María en el Molino Fénix-Casa de la Música en Villa Mercedes, o el cambio de las asociaciones de las escuelas L’ étude de l´Art Ballet y Luis Lusquiños en la ciudad de San Luis y la Escuela Horizonte en El Volcán. También decidieron desplazar a coordinadoras en la Corazón Victoria de San Luis y  en la Gen Z en La Pedrera.

Y ahora, es el turno de las autogestionadas…  en principio de una de ellas, la Escuela Pública Bilingüe Digital Nelson Mandela de la Ciudad de La Punta, cuya prórroga de contrato, unilateralmente, se rescinde el 20 de diciembre. Al mismo tiempo, convocaron a asociaciones que quisieran gestionarla, sin realizar el concurso que la Ley y reglamentación establece, pero la legalidad no parece preocupar a esta gestión de gobierno.

En los últimas días, también se rescindió, a partir del 20 de diciembre, el contrato de la Asociación que administraba la EPA N° 10 Maestro Escultor Vicente Lucero del B° La Ribera de Villa Mercedes (una de las escuelas más grandes con más de 3000 estudiantes y alrededor de 250 docentes), abriendo también una convocatoria a Asociaciones sin el concurso respectivo.

Definitivamente, el objetivo es perseguir a aquellas asociaciones y/o autoridades de esas instituciones que, aunque hayan realizado un trabajo sumamente relevante para sus comunidades educativas, sienten afinidad política por el gobierno anterior y/o concursaron de manera legal oportunamente, en contra de un discurso oficial que anuncia que esto nunca más sucedería en San Luis.

También en ese interés político se esconde el interés económico de administrar a gusto y piaccere los fondos que reciben estas asociaciones, sin importar qué tan valioso sea el proyecto educativo en cuanto a innovación, calidad y resultados de sus estudiantes; nada han podido decir en relación a ello ni a la conformidad y aprobación de las familias. Estas persecuciones involucraron hasta docentes como en el caso de la Escuela Generativa Luis Lusquiños, donde desvincularon alrededor de 15 docentes; en vez de cuidar las fuentes de trabajo en un año económicamente muy difícil, este gobierno se desligó completamente, adjudicando la responsabilidad a las “nuevas” asociaciones que, sin concursos ni jurados han accedido o están por acceder a la gestión de estas instituciones.

Por supuesto consideramos que son modelos perfectibles, que requieren acompañamiento y normativa principalmente en relación a los cargos docentes, sus designaciones y estabilidad así como en relación a la renovación de las autoridades educativas. No obstante, resaltamos el trabajo que tanto escuelas autogestionadas como generativas realizan coherentemente desde un proyecto educativo institucional (muchas veces ausente en escuelas de gestión estatal y privada) siendo propuestas que les han permitido fijar un rumbo y marcar un camino de logros como la inclusión de estudiantes con discapacidad, la inserción de estudiantes con sobreedad y repitentes, muchos de ellos con trayectorias frustradas en otras instituciones.

Tanto las autogestionadas como las generativas han sido y son proyectos estudiados en los ámbitos académicos a nivel nacional e internacional que demuestran un claro interés por motivar todo aporte que permita “oxigenar” el sistema educativo con nuevos formatos escolares que ofrezcan más oportunidades o, al menos, habiliten el debate sobre si la política educativa está dando repuestas a las demandas del mundo actual. Esto de ninguna manera significa contraponer tipos de escuelas ni alentar la fragmentación dado que el foco está puesto en responder a la diversidad de realidades que rodea a las instituciones. En este sentido, está claro que la voluntad de la gestión no es precisamente fortalecer y/o mejorar iniciativas que vayan en este camino sino al contrario: para el gobierno todo lo pasado no admite aprobación.

Como en una montaña rusa, los giros y deslices de la política pública en relación a las instituciones de gestión social, dejan descompuestxs y revueltxs a más de uno y, en el recorrido, estudiantes, docentes y familias que apuestan y apostaron a ellas, se agarran fuerte para no caer al vacío.