Aspirantes pidieron audiencia con Poggi; quieren una solución

Poncio Pilatos, uno de los gobernadores provinciales romanos más conocidos de la historia, “se lavó las manos” cuando tuvo frente a su destino la posibilidad de trazar un acto justo. Así, bajo un acto de tibieza, la gestión del gobernador cordobés, Claudio Poggi, sucumbió a los aspirantes de agente policial a la incertidumbre y la frustración de sus sueños.

Este lunes, un grupo de damnificados, que vieron truncada la chance de incorporarse al Instituto Superior de Seguridad Pública (ISSP) “Coronel Juan Pascual Pringles”, se presentaron en Terrazas del Portezuelo para reclamar una solución. Fueron recibidos por la ministra de Seguridad, Nancy Sosa, pero no hubo mayores novedades. Ahora pidieron una audiencia directa con Poggi.

El Diario se comunicó con distintos aspirantes para consultar precisiones del encuentro. Para no exponer las identidades —por posibles represalias—, solo se mencionan los nombres de pila. Milagros, una de las afectadas, describió que se congregaron en las oficinas a las 8 de la mañana; fueron con familias, madres y padres. Después de una hora de espera, Sosa los atendió.

“Nos volvieron a plantear la situación de que el instituto no se encuentra en condiciones para poder cursar. Nosotros pedimos que la ministra se fije en el esfuerzo que hemos hecho, pero nos dijo que no. Incluso nos mostró fotos de las instalaciones. Le planteamos que hay muchos lugares en la provincia que se podrían usar, como las sedes de la UPrO, pero no hubo novedades positivas. No quedamos muy conformes”, especificó.

Hay decenas de historias de estos jóvenes y cada una tiene su lado conmovedor, donde cualquiera que tenga empatía siente la injusticia de un acto caprichoso. Malena, una aspirante, dialogó con El Diario. Durante el contacto, se escuchaba balbucear a su hijo de 10 meses. La joven tenía la voz de cuando se pierde la esperanza.

“Era mi sueño. Invertí tiempo y dinero, como el resto de mis compañeros, para que ahora no se pueda. Ojalá se solucione”, lamentó. El deseo de llevar el pan a la mesa, con el sacrificio de su vocación, se postergó.

Por su parte, Milagros detalló que les dieron un número de expediente frente al pedido de audiencia con Poggi. El grupo de damnificados entiende que él posee la última palabra. Mañana tienen que llamar para tener una confirmación del día en que los atendería.

“Nos quisieron hacer entender que el ISSP no es una bolsa de trabajo. Por supuesto que lo sabemos, nosotros nos anotamos por vocación, no lo hacemos por plata”, lamentó y remarcó que había dejado su fuente laboral para poder estudiar. Su familia se tuvo que endeudar para sostener los estudios.

Carmen, madre de uno de los aspirantes, de Villa Mercedes, contó que los padres están preocupados y se mantienen en contacto mediante un grupo de WhatsApp. Desde su punto de vista, el Gobierno podría agotar otras instancias, pedirle instalaciones al Ejército, por ejemplo.

“Quisiéramos que el Gobernador nos atienda. La ministra dice que no, que no hay nadie sobre ella. Pero, ¿quién es la cabeza? El Gobernador fue elegido por el pueblo y tenemos derecho a reclamar que nos atienda personalmente”, dijo y repudió la actitud “soberbia” de la ministra.

En los pasillos del Ministerio de Seguridad hubo críticas muy irónicas sobre la presencia de los padres de los aspirantes. Cuestionaron que fuesen al edificio a acompañar a sus hijos que “son adultos”. Una crítica para el olvido.

Voz oficial

El Diario de la República accedió a una nota con el director de Relaciones Institucionales del Ministerio de Seguridad, el abogado Rafael Berruezo. El letrado remarcó que la ministra recibió a los damnificados y los puso al tanto de las condiciones edilicias. Admitió que le llevaron “tranquilidad” a los chicos, indicándoles que para el próximo ingreso los tendrán en cuenta, aun cuando hayan sobrepasado el límite de edad de 24 años.

Pero al mismo tiempo, en palabras del propio funcionario, no hay ninguna certeza. “El año que viene ingresan, si es que en el transcurso del 2024 se pueden arreglar las instalaciones. Se respetará el orden de mérito, no se les tomará teórico, pero sí tendrán que hacer el examen médico y físico (el Gobierno se comprometió a hacerse cargo de los gastos)”, especificó.

La directora de Infraestructura del Ministerio de Seguridad, Leila Vega, justificó la medida que acabó con el sueño de los jóvenes, indicando que tienen que hacer “arreglos de manera ordenada”, es decir, que utilizarán todo el año para las reparaciones. Destacó espacios con anomalías estructurales.

Berruezo subrayó: “No se puede hacer en otro lugar, la escuela tiene una función y determinadas características; tiene que ser ahí. No se puede hacer virtual, por ejemplo, tiene que ser presencial y en un lugar adecuado a las exigencias de un futuro policía (…) quedó el compromiso para el año que viene, algunos no terminaron conformes”.

Habrá que ver si el mandatario cordobés escucha a los aspirantes. La provincia no merece perder vocaciones.

Redacción/MGE