El Senado aprobó proyecto de escala salarial para judiciales

El proyecto de ley sobre la escala salarial del Poder Judicial de la Provincia de San Luis fue aprobado este martes por unanimidad en la Cámara de Senadores. La letra expone distintas acciones que beneficiarán a los trabajadores del sector, entre las que se destaca la definición de un piso para que los sueldos se rijan de acuerdo a parámetros orientados a la canasta básica. Así, más del 30% del personal (alrededor de 350 empleados) alcanzará un equilibrio en sus ingresos. Ahora, la iniciativa debe ser tratada en Diputados.

“Esto se trabajó con el Colegio de Magistrados y Funcionarios Judiciales de San Luis y Villa Mercedes. También con el Superior Tribunal de Justicia, el sindicato y el Ministerio de Hacienda; de hecho, el año pasado, Carolina Monte

Riso tomó iniciativa en estas cuestiones”, contó Luciano Cardarelli, secretario general del Sindicato de Judiciales Puntanos.

De acuerdo a lo que especificó, se concretaron medidas desde hace más de un año para lograr diferentes aspectos. Más allá del piso salarial, existe un techo: nadie puede pasar el sueldo del Gobernador, ya que así lo dispone la Constitución Provincial. Además, el ajuste de los básicos se hace porcentualmente según el rango y la categoría, siendo el 100% el sueldo básico del presidente del Superior Tribunal de Justicia. Aseguran que así se evita el solapamiento en los cargos superiores y la poca diferencia entre los inferiores.

La norma viene a recuperar una deuda histórica con funcionarios y magistrados del 17%, relacionada a incrementos otorgados en 2012 (cuando se determinó el 22% para la administración pública general y el 14,5% a funcionarios) y en 2014 (cuando fue un 30% para la administración pública general y el 20% para los funcionarios).

Se traza el pago del ítem de dedicación exclusiva a los nuevos funcionarios judiciales (prosecretarios del escalafón administrativo, prosecretarios, jefe de departamento y jefe de despacho del escalafón profesional). Incluso se habilita la creación de cargos como el de chofer, dando transparencia a la remuneración que perciben actualmente los mismos.

Entre las medidas, se dispone fijar para magistrados, funcionarios y empleados de todos los escalafones un adicional por antigüedad del 2% de la remuneración total, excluyendo a los adicionales por título y responsabilidad funcional. Esto es por cada año de prestación de servicios en la administración pública, con un tope de 30 años, en tanto no exceda el 24,42% del sueldo básico del presidente del Superior Tribunal de Justicia.

Pauta el adicional por título para el personal del Poder Judicial de acuerdo al escalafón y los adicionales por responsabilidad de función y asistencia. La Clase A establece el 25% del sueldo básico de revista para títulos universitarios iguales o mayores a 4 años inherentes a la función judicial.

En la Clase B se abona el 20% del sueldo básico de la categoría que revista, para títulos universitarios iguales a 2 o 3 años o superior no universitario inherente a la función judicial.

Para la Clase C, se define el 17,50% del sueldo básico de revista para los títulos secundarios. Mientras que la Clase D especifica el 25% del sueldo básico de revista por todas las carreras de posgrado que se acrediten; el pago de este título se adiciona al porcentaje de clase A o B.

Otro de los artículos remarca que se mantendrá el adicional maestranza.

“Este proyecto garantiza un piso. Más de 350 empleados y sus familias se verán beneficiados, ya que contarán con un salario acorde; garantizar los derechos es uno de los compromisos más importantes”, señaló el senador por el Departamento Pringles, Daniel Camilli, durante la presentación de la iniciativa.

“Es una buena acción que se ha logrado en conjunto, por parte de todos los actores que trabajaron para esto”, apuntó el senador del Departamento Chacabuco, Marcelo Debandi.

Redacción/ALG