El pueblo de Colombia produjo un giro histórico al convertir en presidente a Gustavo Petro, quien asumió el 7 agosto como el primer mandatario de izquierda de la Colombia moderna.
La victoria de Petro tiene raíces profundas en la desigualdad, la violencia y los déficits del Estado colombiano, pero el impulso definitivo llegó tras el descontento y la indignación por el maltrato y el desprecio acumulados por los colombianos tras décadas de gobiernos conservadores.
Los más de 40 días de protestas y los 80 muertos causados por la brutal represión del gobierno durante el estallido social de 2021 fueron la gota que colmó el vaso del cambio.
Su gestión enfrentará enormes retos, ahondados por el país que deja Iván Duque; cuatro de cada 10 habitantes colombianos viven en la pobreza y casi 20 millones viven sin poder cubrir sus necesidades básicas de alimentación. Es decir, el 6,1% vive en la pobreza extrema.
Según el Banco Mundial, Colombia es el segundo país con mayor desigualdad en América Latina, después de Brasil. Duque deja el déficit fiscal en 83%: los gastos del país superan por mucho sus ingresos y, sin embargo, las políticas sociales son extremadamente débiles.
Entre los principales desafíos que tendrá que afrontar el gobierno entrante, la seguridad y la reducción de la violencia, fueron ejes de la campaña: reformar la política de seguridad del Estado para enfrentar a los grupos armados y a las organizaciones criminales.
Para lograrlo, el presidente tendrá que implementar el Acuerdo de Paz con el fin de reducir la presencia de grupos armados en los territorios a través de una política estatal de desmantelamiento y, sobre todo, llamados a acuerdos de paz.
Tras años de negligencia y de desprecio por parte del gobierno saliente, Colombia vuelve a hablar de paz. El propósito de Petro de asegurar en Colombia la paz total no solo es un loable designio, sino un mandato constitucional y un presupuesto básico de convivencia.
Si el nuevo presidente de Colombia logra proteger a las comunidades desde un enfoque de derechos humanos, que englobe la relación de la violencia con temas como la pobreza multidimensional y la desigualdad, podrá sostener que el pueblo colombiano ha comenzado, por fin, a superar uno de los problemas más grandes que lo aquejan: la inseguridad generalizada en su territorio, incluidas las masacres y los asesinatos continuos de líderes sociales y ambientales.
De igual manera, la agenda económica con peso social de Petro fue, desde el comienzo de su campaña, uno de los miedos más explícitos para el empresariado y los inversionistas extranjeros en Colombia.
Para afianzar la gran alianza que quiere construir, el nuevo presidente tendrá que trabajar en construir confianza, sobre todo entre los inversionistas, para mantener el crecimiento del país.
Aunque parte de la credibilidad de Petro ante sus electores pasa por no flexibilizar sus propuestas en exceso, el presidente colombiano necesita llegar a acuerdos con los empresarios y los inversionistas si quiere tener las riendas económicas de Colombia y asegurarse fondos para sus políticas sociales y ambientales.
El tercer gran reto del nuevo presidente colombiano es, sin duda, cómo poner en marcha las políticas y estrategias ambientales del país que anuncia su programa.
Aunque tiene muchas urgencias que atender —como frenar la deforestación y detener el asesinato de defensores ambientales—, la dificultad más grande será cambiar la política mineroenergética de Colombia y a la vez encontrar financiación para sus propuestas y para el sector ambiental.
Hoy Colombia destina solo el 0,5% de su Producto Interno Bruto (PIB) a temas ambientales, un déficit enorme que deberá solucionar el nuevo presidente antes de ejecutar planes más ambiciosos.
Petro y la izquierda enfrentan el desafío de una nueva Colombia.
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