Cinco hermanas reclaman un campo que, dicen, fue usurpado

Cinco hermanas reclaman que las 1.500 hectáreas y prácticamente el centenar de animales que habían heredado de su padre en un establecimiento rural situado en el kilómetro 141 de la ruta 146, en 2020, fueron usurpados por un familiar de su progenitor. Aseguran que tras realizar denuncias, en las que exhibieron documentación que las acredita como propietarias y herederas, no han tenido respuesta de la Justicia.

Yamile Daurich le contó a El Diario que en marzo de 2020, tras el deceso de su padre, emprendió junto a sus hermanas los distintos trámites administrativos que demandaba la sucesión, ya que hay un registro mediante una declaratoria de herederos que dejó su padre que las ratifica como tales.

Aseguró que en diciembre del año pasado, luego de contratar a un puestero para que pudiera realizar las tareas en el lugar, un medio hermano de su padre ingresó sin consentimiento y desde ese momento no han podido recuperar las tierras, ya que se instaló junto a su familia.

Hasta el momento, el Juzgado Correccional 2, a cargo de Marcos Flores Leyes, ha impulsado dos allanamientos en los que efectivos de Caballería, Judiciales de la Unidad Regional de Orden Público (UROP) 1, de la Brigada Ambiental, de Criminalística y de la Comisaría 23ª "identificaron a las personas que estaban. Había tres adultos y dos menores. Se los notificó de la medida, que se hizo sin que opusieran resistencia. Se dejó registro de todos los puntos, se hicieron vistas fotográficas y planimetría, y el veterinario revisó los animales que estaban ahí; no se hizo un rodeo. Los vacunos estaban en buenas condiciones, no estaban lastimados, flacos ni deshidratados”, según le dijo a este medio quien era el subjefe de la Comisaría 23ª, subcomisario Claudio Bustos, al comienzo de este año.

Daurich manifestó que desde el Juzgado les habían dado a las personas un ultimátum de 48 horas para presentar documentación que acreditara derechos sucesorios o algún otro motivo para hacer uso de las tierras, pero nunca respondieron a esa intimación.

"Es una injusticia. El juez argumentó que no los desalojó porque estaban de forma pacífica y legalmente todo corre a nuestro favor; no entiendo por qué les siguen dando lugar. Cada uno de los impuestos está a nuestro nombre; incluso los seguimos pagando", exclamó la mujer.

La denunciante refirió que en las últimas semanas también han recibido multas por parte del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa), ya que miembros del organismo han corroborado la falta de vacunación en las vacas y novillos. "Esto ocurre porque los animales están a nombre de mi padre, tenemos el registro de la inscripción y otros trámites administrativos, pero no podemos hacer nada porque están al cuidado de los usurpadores. Además, con los terneros que han nacido recientemente realizaron hacienda y no tienen caravana ni marca. Nadie corroboró nada", se quejó la denunciante.

La familia ha presentado varios descargos, también ante el fiscal Esteban Roche, a fin de poder avanzar en la causa, aunque Daurich contó que el representante del Ministerio Público Fiscal aseguró "no poder tomar intervención en el hecho, ya que se trata de una situación sucesoria".

"Estamos cansados de esta situación, estamos reclamando y acreditando algo que nos pertenece", sostuvo la mujer.