Más de 500 exbeneficiarios de Inclusión se sumaron a empresas

Dignidad, templanza, orgullo e ilusiones. Todo ese combo y más puede despertar en hombres y mujeres —jóvenes o que peinan canas— la bendición de tener trabajo. De salir por las mañanas, haga frío o calor, a ponerle cuerpo, mente y corazón a una tarea cualquiera por la que, semanas más tarde, llega un bálsamo, una caricia material en forma de metal o billete que da fuerzas para seguir. Esa motivación espiritual hoy está más viva que nunca en 516 personas que pasaron de ser beneficiarios del Plan de Inclusión Social a alcanzar un trabajo formal con un sueldo y que sostiene la esperanza de crecer. 

Todo eso llegó gracias a la perseverancia del Subprograma Promoción al Trabajo, que depende del Ministerio de Desarrollo Social, la matriz a la que pertenecen todos los beneficiarios del plan "Trabajo por San Luis", esa red que contuvo y aún sostiene a miles de sanluiseños que hace mucho o poco tiempo perdieron su sustento. El rol del área estatal provincial  es, desde hace tiempo, vincular a beneficiarios del Plan de Inclusión con empresas privadas que necesitan personal. La búsqueda va desde fábricas de distintos insumos a panaderías, comercios, empresas de transporte, rotiserías y para brindar servicios en el Hospital Central "Ramón Carrillo".

En el contexto económico actual no es sencillo persuadir, seducir o convencer a los empresarios para que contraten nuevos trabajadores. Pero hay dos leyes sanluiseñas que sirven de respaldo para el sector privado, porque ofrecen un acompañamiento económico y otros beneficios fiscales: la Ley de Capacitación y Empleo, y la de Reactivación Económica.

El reingreso de los ahora exbeneficiarios de Inclusión al mundo laboral privado se produce de forma mixta. Por un lado, hay empresas que se acercan a Desarrollo Social interesadas en tomar a personas que den con el perfil que buscan. También a través de las consultas y sondeos permanentes del equipo del Subprograma Promoción al Trabajo.

"Después del último censo que hicimos a través de una plataforma digital en el que todos los beneficiarios completaron preguntas sobre su perfil laboral, sus capacidades, experiencia y talentos, confeccionamos una base de datos que ahora nos sirve para hallar a aquellas personas que coinciden con las pretensiones de las fábricas, comercios o empresas. Es el primer paso y resulta más rápido. Luego se dan las respectivas entrevistas y así se concreta la contratación", contó el titular del área a cargo, Marco Puertas, en diálogo con El Diario de la República.

"Estamos contentos y muy conformes porque es un buen número. Desde marzo hasta hoy contamos con 516 personas reinsertadas en el mercado laboral. Nos sorprende para bien esa estadística, pero podrían ser más las contrataciones. Si hubiese un poco más de predisposición por parte de los beneficiarios, más gente podría entrar a trabajar a una fábrica, una empresa de transportes, ser parte de una compañía de servicios o trabajar en una panadería o hasta en una rotisería", agregó Puertas. En la vinculación de las partes también participa el Ministerio de Producción, ya que tiene relación con muchas empresas.

"Cuando el beneficiario llega a la faz privada a través de la Ley de Capacitación y Empleo, primero firma un convenio que dura tres meses. En ese lapso percibe el aporte del Plan de Inclusión. Si todo va bien y ninguna de las partes tiene objeciones, se firma el contrato y la persona pasa a ser personal de esa compañía. A partir de allí empieza a percibir el sueldo que paga la firma privada", explicó Puertas.

Bajo esa modalidad, el Gobierno le otorga a las empresas durante los primeros 12 meses el aporte que el beneficiario cobraba en Inclusión Social: en el primer trimestre le aporta el 100% de la cifra, en el segundo trimestre el 75% de la plata que cobraba la persona y en el tercero lo mismo. En el cuarto trimestre recibe como ayuda el 25% de lo que percibía el exbeneficiario.

Sin embargo, también se puede acceder al trabajo privado bajo la Ley de Reactivación Económica. En ese caso no hay período de capacitación de tres meses, sino que la patronal le da el alta inmediatamente. Y el empleado empieza a cobrar el salario que paga la compañía. A partir de allí, durante doce meses, el Estado le otorga mensualmente a la empresa $50 mil.

Algunos no quieren el cambio

En la charla con Puertas, el funcionario explicó que no toda la gente del Plan de Inclusión aspira a tener posibilidades de crecimiento.

“Estos más de 500 beneficiarios se reinsertaron en el mercado laboral a través de las dos leyes, es gente de toda la provincia y con firmas de distintos rubros. Nosotros hacemos mucho esfuerzo en pos de que el beneficiario encuentre un trabajo mejor. Es una tarea mancomunada porque trabajamos con el Ministerio de Producción y sectores de la Industria. Pero a veces nos encontramos con cierta oposición a conseguir un empleo formal o de progresar por parte de los beneficiarios. Tenemos casos de mucha oposición por parte de algunas personas”, aseguró el funcionario.

“Actualmente hay comerciantes o industriales que se muestran interesados en los vínculos que pueden cerrar con Desarrollo Social, pero hay gente que no quiere reinsertarse en el mercado laboral privado. Hoy contamos 516 personas en buenos puestos laborales, pero podrían ser más”, agregó.

“Además estos trabajos no son por dos o tres meses y que luego los beneficiarios se queden sin nada. Nosotros al empresario, al privado, le exigimos un carácter de durabilidad en los contratos. De ningún modo admitimos que sean empleos por pocos meses. En cuanto al rendimiento de los exbeneficiarios es muy bueno. Muchos, cuando superan la capacitación y son contratados, se desempeñan muy bien y permanecen en sus puestos”, dijo Puertas.

"Nosotros continuaremos con nuestra búsqueda. Queremos recorrer la provincia para concretar vínculos con más empresas, fábricas y comercios. Estamos conformes, pero queremos contactar a más beneficiarios con buenos puestos de trabajo", agregó.

Redacción/ALG