Piden 4 años y 8 meses para un acusado por violencia de género

Es preferible verse frustrado en el amor que dejar la vida en un amor en este tipo de circunstancias”, le dijo el juez José Luis Flores a una expareja en la sala de la Cámara Penal 1 de San Luis, ayer. Él estaba sentado en el banquillo de los acusados, solicitando lo condenen a 4 años y 8 meses de cárcel por haberle dado una paliza a la mujer a fines de 2019. Ella, quien estaba allí para dar su consentimiento al acuerdo de un juicio abreviado, contó que siguió viéndolo por dos años mientras estaba en el Penal y que incluso quedó embarazada en una de las visitas. Para evitar el juicio oral, el hombre admitió su culpabilidad y aceptó tratar sus adicciones y problemas de violencia. Como condición, la Fiscalía incluyó restricciones y prohibiciones para que víctima y victimario no vuelvan a verse, al menos hasta que un informe psicológico acredite que el imputado está recuperado.

El hecho ocurrió el domingo 29 de diciembre de 2019 en un departamento que la pareja compartía en Aristóbulo del Valle al 800. En la denuncia que hizo ante la Policía, Carla Araneda, la víctima, contó que ella y Cristian Eduardo Torres, el imputado, habían llegado de un local bailable y comenzaron a discutir porque él le recriminaba una presunta infidelidad.

Fue entonces que la tomó del cuello y comenzó a darle golpes de puño en la cara y el torso hasta que el hermano del agresor intervino y lo sacó a la calle. Ella optó por abandonar la vivienda e irse a lo de su madre, donde se acostó a dormir hasta que, por la tarde, comenzó a faltarle el aire e hinchársele el rostro.

La golpiza había sido tan terrible que tenía fisuradas la cuarta y quinta costilla del lado derecho, que habían provocado que se filtrara aire y sangre al pulmón derecho, por lo que tuvieron que colocarle un drenaje. También tenía un gran hematoma en el ojo derecho con un derrame completo en el globo ocular, según constató la médica forense Marcela Gómez.

Para ese entonces hacía apenas tres meses que Araneda y Torres habían comenzado su relación, que no terminó allí. Con el correr de los días, el agresor, quien hoy tiene 28 años, fue detenido, citado a indagatoria y luego procesado con prisión preventiva.

Para el fiscal de Instrucción Esteban Roche, quien redactó la requisitoria fiscal, no hubo dudas de que Torres “tuvo la intención inequívoca de matar a la damnificada… aprovechando su condición de hombre… sin importarle las consecuencias que causarían en el cuerpo de Araneda”. También que si el hermano y padre del agresor no hubiesen intervenido el resultado quizá hubiera sido luctuoso. Por eso lo acusó de tentativa de femicidio y pidió lo condenen a 11 años de cárcel.

Pero ella no lo abandonó y según consta en los registros del Servicio Penitenciario de la capital, continuó visitándolo hasta hace unos seis meses, cuando según Andrada habrían terminado con la relación. Antes, Torres le había contado al tribunal que la mujer quedó embarazada, pero que perdió al bebé antes del parto.

Al momento de presentar el acuerdo de juicio abreviado, la fiscal de Cámara 1, Virginia Palacios, les dijo a los jueces que “analizando todas las connotaciones de la causa y habiendo tenido relación y contacto directo con la víctima” es que resolvió cambiar la calificación del delito a “lesiones graves agravadas por el vínculo y por mediar violencia de género”, que prevé una pena de 3 a 10 años de prisión.

Mencionó que el proceso le fue explicado a Araneda y que su consentimiento no fue viciado y es totalmente válido, pero hizo una aclaración: para asegurarse de que ambos no estén atravesando por una “Luna de miel”, como se llama a una de las fases de la violencia en la que el agresor muestra arrepentimiento pero no modifica sus conductas en el tiempo, dijo que la Fiscalía solo aceptaría el acuerdo si se establecen prohibiciones y restricciones, tanto entre víctima y victimario como entre sus familias, por cualquier medio, físico o virtual, “por el tiempo que sea necesario hasta que un informe psicológico acredite la recuperación del encartado respecto a su abordaje sobre la violencia”.

Federico Martín Putelli, abogado de Torres, no ofreció objeciones y aclaró que su defendido también se compromete a un tratamiento efectivo para su adicción a las drogas. Cuando el tribunal le ofreció la palabra, el imputado sostuvo que no consume desde que está en el Penal, pero Flores le aclaró que eso no es una recuperación, sino una mera prohibición por el lugar en el que se encuentra.

Antes de cerrar la audiencia y sin pronunciar el término en sí, Flores habló de una relación tóxica y les dijo a ambos que “aquí no estamos hablando de amor. No es posible hablar de amor en estas condiciones. Hay, sí, dos personas que cargan una emocionalidad, pero que no saben cómo conjugarla… no se puede llevar una vida sana para ninguno en estas circunstancias”, les explicó.

Los jueces tienen un plazo de 10 días para pronunciarse sobre si homologan o no el acuerdo.