La cifra desproporcionada de muertes por COVID-19 en América Latina y el Caribe fue resultado de desigualdades ya existentes, y los efectos más devastadores de la pandemia recayeron en grupos históricamente marginados, expuso un nuevo reporte de la organización humanitaria Amnistía Internacional (AI).
Con solo el 8,4% de la población mundial, la región padeció el 28% del total mundial de muertes a causa de la COVID-19, recordó el informe.
Según los análisis, “los gobiernos de la región deben aumentar con urgencia el gasto destinado a protección social y salud para afrontar la escandalosa desigualdad socioeconómica, que resultó fatal durante la pandemia”.
Si los países latinoamericanos hubieran actuado de este modo en los decenios previos a la pandemia, la región podría haber evitado tanto dolor y pérdida de vidas.
El reporte recuerda que la región está considerada como la más desigual del mundo, y presenta una larga lista de factores con los que esa brecha social contribuyó a los terribles impactos de la pandemia, desatada a comienzos de 2020.
En 2019, el 20% más rico de la población concentraba casi la mitad del total de ingresos, mientras que el 20% más pobre disponía de menos del cinco por ciento. El uno por ciento de las personas más ricas concentra casi la cuarta parte del total de ingresos.
Los países más desiguales (como Brasil, Chile, Colombia, México, Paraguay y Perú) tuvieron cifras muy altas de muertes por coronavirus por millón de habitantes.
En 2019, el 30% de los hogares de la región eran considerados hacinados. La mitad de los hogares de personas que vivían en la pobreza tenía condiciones de hacinamiento. Y menos de un tercio de los hogares vulnerables tienen acceso a una computadora en casa.
En 2019, solo el 47,2% de las personas empleadas estaban afiliadas o contribuían a sistemas de pensiones. Una de cada cuatro personas de más de 65 años no percibía una pensión.
En la mayoría de los países de América Latina y el Caribe, las medidas de protección de emergencia social adoptadas cubrían a menos de dos tercios de la población.
En la región, un 30% de la población no tiene acceso a atención de la salud pública gratuita, debido a la falta de cobertura de seguro de salud. Ningún país de la región amplió el seguro de salud o habilitó un seguro de emergencia durante la pandemia.
Excepto Argentina, Cuba y Uruguay, ningún otro país de la región gasta el 6% de su Producto Interno Bruto (PIB) en salud pública, cifra considerada mínima para asegurar la atención universal establecida por la Organización Panamericana de la Salud.
Debido a la falta de acceso efectivo a salud gratuita y pública, millones de familias cubren sus gastos en salud con sus ahorros. Los gastos pagados del propio bolsillo representan el 28% del total de gasto en salud en la región.
El impacto de estas carencias recayó con mayor severidad en las mujeres, que perdieron empleos con más frecuencia que los hombres y cuya carga desproporcionada en el cuidado de la familia sigue traduciéndose en un disfrute desigual de los derechos, aún más si son pueblos originarios o afrodescendientes.
La evasión fiscal en América Latina y el Caribe produjo la pérdida de miles de millones de dólares en ingresos públicos. En 2018, sus estados perdieron aproximadamente 350.000 millones de dólares, el 6,1% del PIB regional.
Con los ingresos perdidos en los últimos 10 años, la región podría haber garantizado el acceso a agua potable de 492.632 personas o haber impedido la muerte de 42.281 niños y niñas.
Esa cantidad sería suficiente para cubrir los recursos mínimos destinados a asegurar la salud universal en la región. La pandemia, sumada a la desigualdad, fue letal para América Latina.
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