Los defensores de los derechos humanos están alarmados por lo que parece ser un nuevo proceso que permite a los países mantener la confidencialidad de sus respuestas a los expertos de la ONU sobre las denuncias de abusos de los derechos humanos.
Una página del sitio web de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas sobre Derechos Humanos (Acnudh) alberga las cartas (conocidas oficialmente como comunicaciones) de los y las especialistas en derechos humanos, conocidos como relatores especiales, a los presuntos autores de los abusos, generalmente los gobiernos.
En la mayoría de los casos, la página también alberga la respuesta, pero en algunos casos recientes ha aparecido un documento que dice: “La respuesta del gobierno no se hace pública debido a su carácter confidencial”.
Ese mensaje aparece al menos en el caso de cuatro gobiernos -Ecuador, Guatemala, India y Nepal- y de una entidad no gubernamental, la empresa tabacalera británica Imperial Brands PLC. Esa retención de información, dicen los defensores, es inaceptable porque la persona que envió la denuncia de una violación de derechos humanos, a veces con riesgo de sufrir daños personales, merece saber cómo está respondiendo el gobierno.
Parte del proceso de resolución de los asuntos presentados ante los relatores especiales es que las víctimas lean la respuesta del Estado, que será la base para los siguientes pasos que puedan dar. Retener la publicación de las respuestas es un callejón sin salida para la posible resolución de los problemas.
La Acnudh no respondió a las solicitudes de comentarios sobre el aparente cambio en el proceso. Las comunicaciones también pueden incluir objeciones a leyes o prácticas que contravengan las normas de derechos humanos.
En 2021, los expertos enviaron un total de 1.002 comunicaciones a 149 países y 257 “actores no estatales”, entre los que están incluidos empresas y organismos y agencias internacionales, según la Acnudh.
De esas comunicaciones, 651 recibieron respuesta. En las 1.002 comunicaciones hubo referencia a 2.256 presuntas víctimas de violaciones a los derechos humanos. No existen estadísticas sobre el número de solicitudes de confidencialidad de las comunicaciones, añade el informe.
No sorprende que los Estados hayan solicitado la confidencialidad, pero sí sorprende saber que fue concedida la solicitud. Para los relatores especiales, “a menos que haya información muy crítica que ponga en peligro la vida de alguien, deberían poder hacer pública la información”.
No es raro que la respuesta de un gobierno incluya partes de la información ocultada con tachaduras. A juicio de los especialistas, “mantener la confidencialidad de las respuestas de los Estados no concuerda con el propósito del procedimiento de comunicación ni con el principio de respetar y empoderar a las víctimas en su desarrollo”.
Ceder a las peticiones de los Estados de mantener la confidencialidad de cierta información, es decir, no compartir información que podría salvar vidas con las víctimas, los familiares y los abogados, sería un grave error por parte de cualquier agente de la ONU, porque los derechos humanos deben garantizarse siempre, sobre todo si existen denuncias al respecto.
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