Corrupción en las viviendas sociales y la estrategia de dilatar

Parece que los abogados de los exfuncionarios del gobierno de Claudio Poggi acusados por presunta administración fraudulenta tienen una clara estrategia: dilatar. Jennifer Pérez Corvalán, abogada de la Sala Penal de Fiscalía de Estado, dijo en FM Ciudad que desde 2020 no logran que vayan a ejercer su derecho de defensa en la causa que investiga manejos corruptos en la adjudicación de viviendas sociales.

Esta semana, el Tribunal de Impugnaciones confirmó el llamado a indagatoria de la exministra de Viviendas y actual concejala de Villa Mercedes, Cecilia Lucero, de Ivana Carina Furlán, Francisco José Oromí y Miguel Darío Roca, acusados de haberle quitado su casa a una beneficiaria para dársela al secretario privado del por entonces secretario general de la Gobernación, Víctor Endeiza.

Habían sido citados a prestar la declaración en mayo de este año, pero sus abogados solicitaron la nulidad de las convocatorias. Por eso, Pérez Corvalán señaló que se basan en “chicanas procesales” para demorar la causa, por lo que pidieron sanciones para los letrados.

A la espera de la confirmación de la fecha de la indagatoria, sostuvo que aguardan que se pueda concretar antes de fin de año.

Mientras tanto, Lucero sigue haciendo gala de su caradurez. Porque nuevamente pasó por el programa “Bendito”, emitido por YouTube, por el que desfilan todos los discípulos del poggismo. “Yo estoy muy preocupada por cómo se van a dar las viviendas que están al frente de La Ribera. Para mí tiene que ser de una manera muy transparente y cumpliendo un decreto, que nosotros es lo que hacíamos”, dijo con descaro, cuando justamente está investigada por no haber sido transparente mientras ejercía ese cargo.

Luego, la concejala se delató a sí misma y dejó entrever cuál es su estrategia y la de su defensa en una causa que ella califica como “armada”: dilatar los plazos para que prescriba y muera en los cajones. “Ya pasaron siete años, ya la podrían guardar”, dijo.