Piden juicio político contra un vocal del Tribunal de Contralor

En el historial de Ricardo André Bazla hay varias denuncias acumuladas, pero ahora suma una que involucra directamente a su rol dentro del Tribunal de Contralor de Villa Mercedes. El Municipio, el Sindicato de Obreros y Empleados Municipales y un profesional elevaron al Concejo Deliberante un pedido de juicio político en su contra por haber incumplido sus deberes como funcionario público, entre otras acusaciones de conductas que no serían compatibles con su cargo.

La solicitud ingresó en la mesa de entrada del cuerpo legislativo y los ediles deberán evaluarla en comisiones para determinar si la tratarán en el recinto. Si el procedimiento se efectúa, la sentencia puede determinar la destitución del vocal.

“Esta es una herramienta constitucional que está prevista en la Carta Orgánica Municipal que se activa ante la denuncia de un elector contra un funcionario votado por el pueblo", explicó el responsable de la Secretaría Legal y Técnica de la Comuna, Christian Gurruchaga.

Quienes firman el escrito son el secretario de Gobierno Germán Sepúlveda, el secretario del gremio José Mercau, y Javier Bossa, un veterinario que sufrió difamaciones por parte del integrante del partido Avanzar.

Entre los argumentos que esgrimen para pedir que inicie el procedimiento, se incluyen tres denuncias penales que tiene el controversial dirigente en su haber.

Dos de ellas fueron realizadas por el intendente Maximiliano Frontera. La primera fue por calumnias e injurias, cuando Bazla declaró en diferentes medios de comunicación afines al poggismo, que el mandatario mercedino  “se había aprobado a sí mismo 832 millones de pesos” del dinero de la coparticipación que Provincia cobró de Nación, lo que era una conducta “cuasi delictiva”. Sin embargo, todas las obras realizadas con esos fondos fueron parte de un convenio entre el Municipio y el Gobierno de San Luis.

La segunda acusación es una consecuencia directa de la primera: si supuestamente conocía o sospechaba de una irregularidad de ese tipo, debería haberla denunciado formalmente, y no lo hizo.

"Como funcionarios tenemos deberes que cumplir. Él ocupa un lugar en un órgano que es de control de la administración municipal. Si advierte alguna irregularidad, lo debe declarar ante los canales formales, mientras que él ante una sospecha lo deja en un discurso mediático con un titular amarillista que queda ahí porque no tiene sustento en los hechos", argumentó Sepúlveda.

El funcionario resumió que el sindicato acompaña el pedido de juicio político porque Bazla “les atribuyó que se habían apropiado de los fondos de los empleados, cosa que era totalmente falsa, y lo hizo en desconocimiento total de la normativa que rige al gremio".

Mientras que Javier Bossa se adhirió porque también fue perjudicado por las declaraciones públicas del vocal del Tribunal de Contralor, ya que lo acusó de ejercer la medicina veterinaria sin matrícula, cuando tenía todo en regla para desarrollar su profesión.

“En todos estos casos, después se retractó, pero el título amarillista existe y lo que busca crear es caos institucional, lo que es de una gravedad exacerbada. Estamos en un contexto en el que el odio está a la orden del día y si nosotros como funcionarios les damos letra a estos planteos, no sabemos adónde va a parar este sistema democrático que tanto nos costó tener”, expresó el secretario de Gobierno.

Hay otro argumento en contra de Bazla que tiene que ver con el Gabinete de Seguimiento y Control Fiscal que ideó el partido Avanzar para llevar una auditoría de las cuentas y gastos de la intendencia. “Han creado un poder cuando existe el Tribunal de Contralor, que él integra, que cumple esa función y está aprobado por la Carta Orgánica. Y también están los concejales. Es el pueblo de Villa Mercedes quien eligió a esas personas para que ejerzan esos controles”, reclamó.

Si la solicitud del juicio político es aprobada por el Concejo Deliberante, los ediles deberán conformar dos comisiones: una sala investigadora, que estará a cargo de reunir pruebas y elevar un informe, y una sala juzgadora, que deberá realizar un dictamen. Finalmente, esa resolución tendría que ser sometida a votación y obtener las tres cuartas partes para ser aprobada, es decir nueve votos afirmativos.