Aprobaron proyecto que autoriza la destrucción de escapes libres

En la Sesión Verde realizada  este jueves  en el Concejo Deliberante de San Luis fue aprobada  por unanimidad la ordenanza propuesta por el Municipio capitalino que autoriza la destrucción de escapes libres de motocicletas y otros  vehículos incautados en los operativos de tránsito,  y  el posterior reciclaje de la chatarra resultante en el Centro de Disposición Final.

Recordaron que la utilización de los caños de escapes adulterados está prohibida, y que la nueva norma establece que van a permanecer treinta días a resguardo antes de su destrucción.  En la Comuna aseguran que la ordenanza  apunta  a reducir la contaminación sonora que generan las autopartes modificadas, una acción que afecta particularmente a las personas con autismo, que padecen discapacidades y a los adultos mayores.

Señalaron que hasta ahora las normas permitían la incautación del rodado, la extracción de la parte modificada, y la devolución del vehículo con la condición de que el infractor abonara la multa y colocara una pieza sin modificaciones.

“Esto es algo súper importante. Se acumulaban muchos caños de escapes que quedaban en el limbo y ahora la ordenanza nos va permitir erradicar por completo este material”, aseguró Facundo García,  secretario de Seguridad Ciudadana de la Comuna, quien indicó que actualmente  existen entre 100 y 200 escapes de este tipo almacenados en el área de logística y depósito del Municipio.

La presidente de la Comisión de Salud del Concejo, Johana Sosa, dijo que la aprobación de la ordenanza se hace eco de un reclamo de larga data de los vecinos para que se combata la generación de ruidos excesivos y molestos.

Los concejales modificaron el proyecto original para que el monto recaudado por el reciclaje de los escapes adulterados pueda ser donado a ONG de la capital provincial.

Ley Yolanda

En la sesión de este jueves, el Concejo aprobó la adhesión del Municipio a la ley nacional Yolanda, que determina la obligatoriedad de realizar capacitaciones medioambientales a los empleados de los tres poderes del estado, en este caso, municipal.