Procesan a una escribana por estafa en la venta de un lote

Los tres quisieron mostrarse ajenos a cualquier maniobra fraudulenta. Pero el juez de instrucción Penal 1, Sebastián Cadelago Filippi, que los investigó durante cuatro años por usar documentos falsos para apropiarse de un terreno ajeno, cree que sus excusas son inadmisibles. Y procesó a los dos hombres que hicieron la compraventa ilegal y a la escribana que habría facilitado la operación mediante la confección de una escritura apócrifa. Otra notaria investigada no fue partícipe en los delitos, concluyó el magistrado.

Los involucrados son la escribana Sara Quevedo de Chávez, de 79 años, con una, previsiblemente, larga trayectoria profesional en la ciudad de San Luis; José María Laguardia, de 42 años, nacido en Moreno, provincia de Buenos Aires, pero radicado en la ciudad de La Punta; y Pablo Matías Villegas, nacido en San Luis hace 32 años, residente en Caseros 1956, de la capital puntana.

La noticia del procesamiento de las tres personas investigadas fue recibida con satisfacción por la víctima del fraude, Jorge Mario Saporiti, dueño de la parcela de Potrero de los Funes de la que se habían apoderado en forma ilegal. Ahora espera que continúe el trámite judicial, para que la Justicia le restituya la propiedad.

“Es una buena noticia, al menos muestra que la causa se ha movido”, dijo el damnificado, ante una consulta de El Diario.

“La prueba que se ha reunido en este expediente es suficiente para la devolución de los terrenos. Si penalmente está probado que falsificaron los poderes, lo que queda por hacer es muy poco, porque la prueba ya está hecha”, agregó el abogado de Saporiti, Guillermo Sánchez Pagano. Habla de “los poderes” porque, a raíz del caso Saporiti, descubrieron que también se habían adueñado del lote de al lado, perteneciente a María Cristina Domínguez, una mujer radicada en Salta.

Sánchez Pagano también la patrocina a ella. Y anunció: “El lunes (por hoy) vamos a pedir la indagatoria para todos los procesados, en relación con la apropiación de ese terreno, para que sea imputados por estafas reiteradas, en concurso real”.

El juez Cadelago Filippi procesó a la escribana Quevedo de Chávez por el delito de “falsificación ideológica de instrumento público”. A Laguardia, por “uso de documento público adulterado, estafa y/o estafa mediante contrato o recibo falso, en concurso ideal. Y a Villegas, por “falsificación y/o uso de instrumento público adulterado, estafa y/o estafa mediante contrato o recibo falso en concurso ideal”.

En cuanto a la escribana Mariana Sacone Ocaña, que solía trabajar en conjunto con Quevedo de Chávez, el magistrado determinó que no había méritos para imputarla por el delito por el cual la había llamado a indagatoria: falsificación de instrumento público.

“Como particular damnificado –afirmó Sánchez Pagano– estamos muy conformes con el pronunciamiento del juez. Ha hecho una investigación más que minuciosa”. Y agregó: “Porque, y me hago cargo de lo que digo, es muy fácil lograr el procesamiento de un ladrón de un led o de un ladrón de garrafas. Pero es muy difícil el procesamiento del que actúa con ‘guante blanco’, más cuando se excusa en la imagen de ‘yo doy fe” y en que su palabra es incuestionable”. Se refería, con lo último, a la notaria ahora acusada.

Sorpresa amarga

El fraude fue descubierto por Saporiti, en 2014. Fue a Rentas a buscar la boleta del impuesto inmobiliario del terreno que tenía en Potrero, de 600 metros cuadrados. Un empleado le explicó por qué no le había llegado: él ya no figuraba como titular del lote, del cual ahora aparecía como dueño un tal José María Laguardia.

El verdadero propietario empezó a investigar y descubrió que, supuestamente, él había vendido el terreno. Lo había hecho a través de Pablo Matías Villegas, a quien, en teoría, él le había otorgado un poder, confeccionado y firmado en la escribanía de Quevedo de Chávez, en la calle Mitre, o en el estudio de uno de los dos escribanos adscriptos a su matrícula.

Con la misma artimaña se hicieron del lote de María Cristina Domínguez.

Al resolver sobre Quevedo de Chávez, el juez sostuvo que “la prueba colectada es suficiente para sostener su participación y responsabilidad en los hechos de falsificación de instrumento público”. “No ha resultado de ninguna manera controvertida la sospecha inicial de que otorgó poderes falsificando ideológicamente su contenido, por cuanto da fe pública de la identidad de quienes aparecen como otorgantes, siendo del caso que los mismos han negado enfáticamente haberlos suscripto, o acudido a su escribanía”, afirmó Cadelago Filippi en su resolución.

Agregó que “la imputada no ha planteado ninguna hipótesis que permita descartar su participación en la confección y otorgamiento de los poderes, o que cuando menos permita arribar a otra conclusión en relación al dolo de su conducta. En ningún momento ha negado las firmas que se le atribuyen, lo que ha eximido de efectuar un examen pericial de las mismas”.

Para el juez, también están claras la participación y la responsabilidad de Matías Villegas. “Es innegable que jamás conoció ni tuvo contacto alguno” con Saporiti y Domínguez, las personas que supuestamente lo nombraron apoderado para que vendiera sus propiedades.

Le adjudicó “una conducta dolosa, consistente en que, munido de instrumentos públicos falsos, suscribió una escritura de compraventa de inmuebles en perjuicio” de ambas personas.

Aunque José María Laguardia dice haber comprado de buena fe, creyendo que los documentos que exhibía Gatica eran legítimos, para el juez Cadelago Filippi está probado que “fue partícipe de una maniobra fraudulenta”. A ojos del magistrado, si el comprador no se preocupó en revisar las llamativas condiciones en que Villegas le “vendía”, “es porque tuvo conocimiento cierto o cuanto menos eventual, de que los poderes eran falsificados”.

El abogado de Saporiti y Domínguez dice que le parece “muy coherente el procesamiento al comprador. Es chofer de camión, tiene una casa social de la cual debe cuotas, dice que pagó los terrenos con el dinero de una casa que su mujer vendió en Buenos Aires, pero no presentó un solo documento”.

El juez, en efecto, sospecha que no hubo un pago de Laguardia a Villegas, por los terrenos ajenos, sino que actuaron en complicidad.