Jockey Club San Luis: el ocaso de una entidad histórica

En la actualidad hay pocos indicios que ayuden a sostener la idea que durante muchos años el Jockey Club San Luis fue una entidad modelo. Hoy el predio de unas 30 hectáreas, es un gigante abandonado, marchito y lleno de cicatrices. Está en crisis y el primer pantallazo de Ernesto Nader Alí, delegado normalizador, es lapidario: “Está en ruinas”.

La razones se construyen en constantes administraciones deficientes, la poca mantención de lo edilicio, la falta de trasparencia de la hora de rendir gastos e ingresos. Sólo para explicar parte del caos actual, el nombrado por la Dirección Provincial de Constitución y Fiscalización de Personas Jurídicas aporta una cifra: “Podemos confirmar que hay 110 caballos que ocupan boxes, pero hay sólo dos contratos de alquiler”.

Un conocedor del ambiente y que desde hace 50 años concurre al Jockey lanza entre dientes una frase que mezcla bronca y decepción: “Hoy es solamente un geriátrico de caballos”. Pide no publicar su nombre porque dice que sería “echar más leña al fuego”.

Otro dato llamativo que expone es que la administración saliente aseguraba que no podía realizar carreras dada la escasa inscripción de participantes, pero en la entidad hay alojados más de un centenar de animales, lo que garantizaría un éxito, si se llegase a concretar alguna competencia.

El delegado normalizador asegura que en el lugar se evidencia actividad: “Caballos hay, gente que los cuida y los entrena, también; pero eso no está bajo el control de la institución”.

Alí no da vuelta y asegura que el Jockey Club “ha dejado de cumplir con los objetivos para los cuales fue creado, no existen balances presentados en los últimos dos años y las últimas comisiones directivas no cumplieron con la razón social que tenían”.

En rigor, no se presentaron balances desde 2013 y cuando lo hicieron en 2016, los libros aportaban poca información de cuánto dinero ingresó a la entidad y en qué se gastó.

Si bien el pantallazo inicial es poco alentador, las perspectivas son sumamente oscuras: “No descarto que ante la compleja situación de la entidad más que una normalización, el Jockey requiera de una intervención. Porque hay que tomar decisiones que exceden esta función que hoy tengo”.

La palabra intervención suena con fuerza, es que el estado es crítico y requerirá una decisión mayor que la normalización. La jefa del Programa Dirección y Fiscalización de Personas Jurídicas, Liliana Fagés explicó que la figura del interventor reúne en una persona el poder de toda la Comisión Directiva pero que el fin último es sanear la institución para que los socios vuelvan a elegir sus autoridades.

La intervención se realiza por plazos cortos de tiempo, por ejemplo 90 o 120 días, pero si la crisis no fue superada, se vuelve a realizar una prórroga hasta conseguir realizar elecciones.

Quien por ahora es normalizador explicó que la única actividad que se realizaba allí eran las carreras de caballos, que ya no se disputan, y que “en los últimos dos años ha sido un descontrol”.

Por un plazo de 120 días y de acuerdo a lo expuesto por el ministro de Gobierno, Gastón Mones Ruiz, el primer paso del normalizador era elaborar un nuevo registro de socios actualizado para llamar a elecciones y el segundo, confeccionar un informe de la realidad financiera y económica de la entidad.

En lo que se refiere al primer punto, Alí afirmó: “Debo hablar con todos los sectores involucrados para que den su opinión, porque ellos son los que tienen que responder a preguntas tales como: ¿Qué queremos hacer con el Jockey? ¿Tiene que ser sólo un club de hipismo? o ¿tiene que tener además una función social y cultural como la tuvo entre los años 60 y 70 cuando alcanzó su esplendor?”.

Sobre el segundo punto explicó que lo acompaña el contador Gabriel Perarnau, quien será el encargado de hacer la investigación económica y financiera del Jockey. Aunque anticipó que a nombre del club no existe ninguna cuenta bancaria, ni registros de movimiento de dinero y tampoco sobre el número de empleados.

Asimismo, contó que sólo cuentan con un libro de actas que tienen observaciones legales y algunos pocos registros de los años 2014 y 2015, pero sin comprobantes y mucho menos datos concretos sobre ingresos y egresos de fondos. 

Otra tarea tiene que ver con la confección de un inventario para saber quién está ocupando el lugar y cuáles son los bienes que tiene el club.

Los vecinos miran con buenos ojos la intervención, sobretodo los del barrio 208 Viviendas, quienes tiene sus casas por la calle Ministro Berrondo, ya que desde hace años denuncian que se presta para camuflar a los delincuentes que escapan luego de un ilícito y que se usa por muchos que arrojan allí todo tipo de desperdicios. Piden que las autoridades cierren el predio y mantengan la maleza baja.

 Irregularidades

El 3 de noviembre, según consta en la resolución 39 de Personas Jurídicas, Norma Sosa presentó todos los documentos que tenía en su poder. La repartición pudo evidenciar una serie de errores. En el Libro de Comisión Directiva había hojas pegadas sin firma y que databan de junio y julio de 2014. Las últimas autoridades argumentaron que la comisión anterior no entregaba los libros.

Además se encontraron abrochadas boletas y facturas que pretendían ser las rendiciones de subsidios. Lo que debería haberse hecho es anotar en los libros el detalle del gasto e ingresos y luego aportar las facturas como prueba de dicha erogación.

Tampoco había documentación que pudiera respaldar el dinero que entraba o salía tal como estaba descripto en algunos documentos.

Había contratos de locación sobre una parte del predio para realizar actividades “recreativas y deportivas” hasta el 2020 y dos contratos de alquiler de dos caballerizas, también hasta el 2020. Nada de esto se informó ni se dejó asentado. Esos acuerdos los efectuaron cuando la comisión directiva estaba a punto de dejar su cargo.

También había registros sobre el “contrato de comodato” de un tractor hasta diciembre de 2015 en donde figura Sosa "adquiriendo un vehículo en buen funcionamiento que no se hallaba en el predio y que los socios denunciaron porque no sabían de su existencia".