Leandro “El Bocón” Vílchez, el supuesto autor material del asesinato de Romina Aguilar, “tiene ganas de hablar”, dijo ayer su abogado. Tendrá su oportunidad el próximo martes 1º de noviembre. Para ese día, a las 10, el juez de instrucción Penal 1, Sebastián Cadelago Filippi, le fijó audiencia de indagatoria.
El defensor de Vílchez no quiso anticipar cuál será el contenido de la declaración, ni si va a aportar algún dato revelador. “Prefiero no adelantar nada, pero básicamente va a plantear lo que piensa sobre la acusación en su contra. A él no se lo ha escuchado hasta ahora, porque en su momento se abstuvo”, dijo Santiago Calderón Salomón.
“Principalmente –agregó– el objetivo es que escuchen su opinión en relación con lo que se ha aportado en la causa sobre él. Va a ser bastante contundente. Tengo que hablar previamente con él, algunas cosas las sé, otras las vamos a ver en el momento. Pero bueno, tiene ganas de hablar. Si alguna cosa sirve, la dirá”.
El abogado había pedido la audiencia la semana pasada y ayer había reiterado la solicitud.
No es poca cosa la acusación que pesa sobre “El Bocón”. Está procesado por homicidio agravado por mediar promesa de pago y por el uso de un arma de fuego. Ese delito se paga con prisión perpetua.
El primer agravante se refiere a que, según la hipótesis que sostiene la investigación judicial, al crimen cometido la mañana del sábado 30 de enero de este año lo habría encargado el esposo de la víctima, el intendente de La Calera, Diego Lorenzetti. El ex funcionario está preso, como supuesto autor intelectual.
Vílchez está detenido desde el 31 de marzo. Su supuesto cómplice, Edivaldo de Oliveira Pereira, jockey brasilero de los caballos de Lorenzetti, también está en prisión. Se entregó a la Justicia el lunes 29 de febrero.
Lorenzetti y “El Bocón” no deben guardar buenos sentimientos hacia Oliveira. El jinete confesó que participó en el crimen junto a Vílchez, por encargo del intendente, que les pagaría doscientos mil pesos.
Según el brasilero, originalmente Vílchez le dijo que el propósito del ataque a Aguilar era robarle. Pero una vez consumado el asesinato, cuando él le recriminó por que la había matado sin quitarle nada, su cómplice le dijo lo del crimen por encargo. Y le reveló que el nexo entre el esposo de la víctima y él, había sido Héctor Gastón “El Chori” Heredia.
Este hombre es primo de “El Bocón” y viudo de una prima de Lorenzetti. Hasta ahora no está imputado. Pero su suerte se podría definir cuando analicen el contenido que un perito de la Policía Bonaerense extrajo de treinta teléfonos celulares y algunos chips.
El juez Cadelago Filippi le dijo a la prensa, días atrás, que piensa comisionar al equipo de peritos del Poder Judicial, encabezado por la licenciada Carina Bernal, para que analicen toda la información que recopiló el teniente primero Daniel Giles. Y que notificará a los defensores, por si quieren designar un perito de parte.
Los datos están almacenados en cinco DVDs depositados en el juzgado.
Los defensores habían pedido copias, pero el magistrado no se las ha facilitado aún. No obstante, ayer ordenó que el próximo lunes, personal especializado de la Procuración General haga cinco copias de los discos. Probablemente sea para entregárselas a las partes.
El defensor de Vílchez dijo ayer que no cree que vayan a proponer un perito de parte para que intervenga en el trabajo que comandará Bernal. “Lo estamos analizando. El problema es que no tenemos informe alguno de lo que hizo el teniente primero Giles. Asistí a las audiencias y hace veinte días le entregaron al secretario el material peritado, pero no han proveído siquiera la forma en que nos lo van a entregar”, dijo Calderón Salomón.
El defensor de Lorenzetti, Carlos Salomón, ha ido más allá, al cuestionar la idoneidad del perito que extrajo la información. “El juez en ningún momento nos dijo cuál era la especialización que tenía el teniente primero Giles. Por lo tanto, no podíamos nombrar perito de parte”, afirmó ayer, al ser entrevistado por El Diario.
Ayer presentó ante la Cámara del Crimen una denuncia sobre lo que considera “una manipulación de la prueba” por parte del juez. En ese escrito, también se quejó de que “durante veintidós días hábiles la causa estuvo paralizada”.
Cadelago Filippi –dijo el defensor del principal acusado– “no nos ha informado nada” de que piensa encomendarle un trabajo a técnicos del Poder Judicial. “Si lo dispone, estaría haciendo una pericia sobre una supuesta pericia y en ese caso lo vamos a recusar con causa. Hemos cuestionado la idoneidad de Giles y esperamos el informe para plantear la nulidad de esa supuesta pericia”, agregó.
Consultado por El Diario, el juez no quiso responder a los reproches de Salomón. Se limitó a contestar que en breve ordenará el análisis de la información extraída de los celulares.
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