Un tribunal penal de Trípoli condenó a muerte hoy a Saif al-Islam y a ocho altos funcionarios de su gobierno, por el asesinato a manifestantes en la rebelión de 2011, en un fallo cuestionado por la ONU, el Consejo Europeo y Human Rights Watch, entre otros.
Entre los condenados se cuentan también el ex jefe de los servicios secretos de Kaddafi, Abdala al Sanusi, y su último primer ministro, Al Baghdadi al Mahmudi.
Todos ellos fueron juzgados por su vinculación con la represión que siguió al levantamiento armado en febrero de 2011, que desembocó en el derrocamiento y asesinato de Kaddafi a manos de una turba furiosa, en octubre de ese mismo año.
El proceso, para el que la confusa situación judicial imperante en Libia no asegura una instancia de apelación, se realizó en una país fracturado en dos partes tras la rebelión de 2011, con un gobierno en Trípoli (desde donde fue dictada la sentencia contra Saif Al Islam) y otro impulsado por la OTAN e internacionalmente reconocido, en Tobruk, que luchan por el control de los recursos naturales con apoyo de antiguos miembros del Gobierno de Kaddafi, islamistas radicales, líderes tribales y señores de la guerra que trafican con armas, drogas y personas.
En consecuencia, es poco probable que la sentencia se lleve a cabo en el corto plazo, ya que además las milicias en el oeste de Libia se han negado sistemáticamente durante los últimos años a entregar al hijo de Kaddafi al gobierno y consideran que enjuiciarlo es "un derecho del pueblo".
En el juicio, donde estuvieron presentes 29 de los 38 acusados, fueron condenados también el ex presidente de los servicios secretos exteriores, Abuzid Omar Durda; el antiguo responsable de la Guardia Popular, Mansur Du; y el ex presidente de Seguridad Interior, Milad Raman, informó la agencia de noticias EFE.
Solo cuatro de los acusados no fueron condenados a muerte, entre ellos el ex ministro de Relaciones Exteriores Abdelah Al Aati.
Poco después de conocida la sentencia, la ONU impugnó el proceso, declaró que el juicio "no fue justo" y deploró la condena dictada tanto a él como a otros ocho altos funcionarios del gobierno de su padre.
"Hemos seguido de cerca la detención y el juicio y consideramos que los estándares internacionales de un juicio justo no se han cumplido", dijo la portavoz de la Oficina de Derechos Humanos de la ONU, Ravina Shamdasani.
Entre las deficiencias más graves que se detectaron figura el hecho de que no se establecieron responsabilidades penales individuales en relación con delitos concretos, además de problemas relacionados con el acceso a abogados, quejas por malos tratos y juicios realizados en ausencia del acusado.
También el secretario general del Consejo de Europa, Thorbjon Jagland, censuró hoy la condena y el juicio contra Seif al Islam, y pidió que el caso recaiga sobre el Tribunal Penal Internacional de la Haya.
"Condeno la decisión del Tribunal en lo Penal de Trípoli contra Saif al Islam y otros ocho acusados. Este caso debería haberlo tratado el Tribunal Penal Internacional de la Haya para garantizar un juicio justo", declaró Jagland en un comunicado.
El secretario general del Consejo de Europa reafirmó asimismo el compromiso de la institución a la que representa para "promover la abolición de la pena de muerte en el continente europeo y en el resto del mundo".
El hijo mayor de Kaddafi no asistió a las nueve sesiones anteriores del tribunal, que siguió por videoconferencia.
El proceso también fue criticado por la organización humanitaria Human Rights Watch (HRW), que en un comunicado desde su oficina en Nueva York aseguró que los abogados defensores carecían de acceso completo y oportuno a los archivos del caso, además de denunciar que los abogados no podían reunirse en privado con sus clientes, y amenazas varias.
"Hay serias dudas sobre si los jueces y los fiscales pueden ser verdaderamente independientes donde prevalece una absoluta anarquía y ciertos grupos están desvergonzadamente protegidos de la justicia", dijo Joe Stork, subdirector para Medio Oriente y el Norte de África de HRW, en un comunicado.
Considerado durante mucho tiempo heredero político de su padre, Saif al-Islam fue detenido en la ciudad de Zintán, al suroeste de Trípoli, por milicias que se negaron a entregarlo a las autoridades de Trípoli desde su captura en noviembre de 2011.
La mayoría de los otros acusados fueron detenidos en Trípoli, controlada por la milicia islamista de Fayer Libia (Amanecer de Libia), afín al gobierno rebelde de Trípoli.
Libia es un Estado fallido, víctima del caos y la guerra civil, desde que en 2011 la comunidad internacional contribuyera al éxito del alzamiento contra el gobierno de Kaddafi.
De la división se benefician grupos yihadistas afines al Estado Islámico (EI) y a Al Qaeda en el Magreb Islámico (AQMI), que en los últimos meses ampliaron su poder e influencia en el país.
Además, el país norafricano es desde hace meses escenario de intensos combates entre las milicias islamistas fieles a Trípoli, el EI, y el Ejército leal al Ejecutivo internacionalmente reconocido, con sede en Tobruk.
Dos vecinos de Libia, Túnez al Oeste y Egipto al Este, denuncian que los grupos yihadistas (y en especial el EI) se basan en ese país para cometer atentados, algunos particularmente atroces, en sus respectivos territorios.
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