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La Legislatura aprobó la creación del departamento antinarcóticos

Por redacción
| 24 de julio de 2014
La nueva división podrá gestionar, planificar y proyectar medidas de prevención.

Con la idea de montar un blindaje contra el tráfico de estupefacientes y sus terribles consecuencias sociales, el Gobierno de San Luis tiene vía libre para crear el Departamento de Lucha Contra el Narcotráfico (D8, según la nomenclatura de la fuerza). El proyecto legislativo para su creación fue aprobado ayer en Senadores por unanimidad y así se convirtió en ley. La nueva dependencia se organizará sobre la estructura de la actual División Toxicomanía, pero elevada al rango de departamento en la plana mayor policial. Esto implica presupuesto propio y libertad de acción para definir medidas de combate contra las mafias.

 

"En San Luis no hay un mercado importante de drogas, pero hay que tomar medidas"


El senador justicialista del departamento Pedernera, Maximiliano Frontera, fundamentó el proyecto de ley del Ejecutivo y sostuvo que la propuesta apunta “a instrumentar la aplicación de una política de Estado provincial que se orienta a la prevención del narcotráfico y el narcomenudeo de estupefacientes”. Y remarcó que “en San Luis no hay un mercado de drogas importante”, pero de igual manera “resulta conveniente adoptar todas las medidas para evitar que ese flagelo afecte a la sociedad, particularmente a los jóvenes”.  
Frontera también explicó que la ley sancionada permitirá modificar la estructura orgánica y funcional de la Policía. “La división al transformarse en departamento tiene mayor jerarquía y un aumento de los recursos tecnológicos y logísticos para desarrollar las tareas de inteligencia, que son indispensables”, dijo.
La ley que consolida la creación del D8 especifica que el Ministerio de Seguridad y el Poder Judicial deberán coordinar, además, acciones “para producir un blindaje al ingreso o tránsito de drogas ilegales o estupefacientes dentro del territorio de la provincia”. Para ello, deberán planificar controles vehiculares, de cargas y equipajes. El texto también compromete al Ejecutivo a proveer los recursos y define que el Ministerio de Salud deberá “controlar la comercialización de psicofármacos y toda  sustancia apta para la producción de estupefacientes".

 


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