Registro de adoptantes: sólo se podrán anotar los residentes

La provincia está muy cerca de incorporarse al Registro Único de Adoptantes Nacional, el cual funciona como una base de datos a nivel país, facilita las búsquedas de adoptantes y amplía el espectro de oportunidades para los niños que representan casos complejos, como aquellos que están por encima de la edad pretendida o poseen problemas de conducta. 
“Si ingresamos ya no recibiríamos más inscripciones de personas de otros distritos. Lo cual está bárbaro porque la verdad es que es un trabajo sin sentido cuando sabemos que no van a tener la misma probabilidad, en comparación con los postulantes de acá. Además, puede pasar que haya gente que viene de Ushuaia o de cualquier punto de la Argentina con una expectativa demasiado grande para lo que es la realidad. Por otro lado, la ventaja es que nuestros aspirantes van a tener mayores posibilidades y se ordena y agiliza el listado porque nos ocuparíamos únicamente de ellos”, manifestó Federico Gorsch, coordinador general del Registro Único de Adoptantes (RUA) local. 
Actualmente el Poder Judicial  maneja dos padrones. Uno es el de los residentes, integrado por cincuenta y cinco personas, el otro incluye a unos cincuenta solicitantes de "extraña jurisdicción", quienes se encuentran domiciliados fuera de San Luis. Los primeros tienen prioridad en la designación de adopciones.
El RUA, con sede en la ex casa de gobierno, es uno de los pocos que aún no conforma el registro federal. Al principio la falta de adhesión respondió a la preocupación por la pérdida de autonomía. “La ley estaba mal planteada y no se entendía. Parecía que iba a haber una base única en la que se mezclaban todos los postulantes, en vez de ser diferentes listados que están todos conectados. Con la modificación del 2009 quedó claro que no es así, nosotros damos las altas y las bajas”. Hasta la actualidad son diecinueve las provincias que ya se incorporaron. Quedan por sumarse Santiago del Estero, Catamarca, Córdoba y Formosa. 
Según Gorsch, de convertirse en ley el proyecto que presentaron varios diputados de distintos bloques políticos,  los casos extremadamente difíciles podrán ser remediados con rapidez. “En jurisdicciones como la nuestra, que no tiene tantos habitantes, no es fácil encontrarles un hogar a algunos adolescentes o a varios hermanitos, como sí pasó hace poco en Buenos Aires con cuatro chicos de 12 a 16 años”.
Los bebés y los niños de hasta ocho años por lo general son adoptados dentro de la provincia. Sucede que la mayoría de los postulantes prefieren formar una familia con menores que no superen la etapa de la niñez temprana. Alrededor del 90 por ciento de los residentes manifiestan querer pequeños de hasta tres años. “Los futuros padres también pueden elegir el género, pero a eso le restamos importancia a la hora de llamarlos”, contó el coordinador general.  
La prioridad de los jueces todavía será territorial y el orden de mérito comenzará por la provincia, seguirá por la región y finalizará en la consideración de los registros de todo el país. Gorsch explicó la utilidad del sistema: “Si por ejemplo un magistrado de Salta necesita familia para un niño de doce años y allí no hay postulantes, entonces amplía la búsqueda. Es importante aclarar que eso pasa una vez que agotó el listado local. Solamente después ingresa en la base de datos nacional y levanta el teléfono, llama a la red, que se comunica con nosotros y nos pide la fotocopia del legajo elegido”.
Los tiempos de espera desde la inscripción efectiva en el RUA a la adopción definitiva no son exactos, pero la fase inicial demora alrededor de tres meses. “Las entrevistas personales son la parte que puede llegar a extender este proceso”, dijo Gorsch. Luego de que se otorga la guarda provisoria el mínimo transcurrido es de seis meses, antes de acceder a la adopción final. Éste es el tiempo que el RUA toma para determinar si el niño y la familia crearon nexos afectivos y están en condiciones de vivir juntos.
El proyecto de ley tendrá despacho en las comisiones de Derechos Humanos y de Asuntos Constitucionales.