El agua que nadie quiere… explicar

Hay una fecha que el Gobierno de la Provincia de San Luis fijó para sí mismo y que parece haber olvidado: el 31 de enero de 2026. Ese día, según el Decreto N° 17727-MHIP-2025 —públicado en el Boletín Oficial el 5 de noviembre de 2025—, debía estar terminada la obra del Nuevo Acueducto La Florida II, la infraestructura que permitiría garantizar, de una vez y para síempre, agua potable a toda gran parte de los vecinos de El Volcán.
Estamos a 1 de julio del 2026. Han pasado cinco meses desde ese plazo. La obra no está terminada. Y cuando la Justicia preguntó por qué, nadie respondió.

El oficio que se perdió en un cajón

El 12 de junio de 2026, en el marco del expte G.R.A. Y OTROS C/ PROVINCIA DE DE SAN LUIS y MUNICIPALIDAD DE EL VOCAL S/ AMPARO COLECTIVO AMBIENTAL, la jueza
Dra. Cynthia Liliana Fernández Paz, titular del Juzgado Civil, Comercial y Ambiental N° 5, ordenó librar oficio al Ministerio de Hacienda e Infraestructura Pública para que informara sí la obra estaba terminada o, en su defecto, cuál era su estado de avance, como así también el destino de los fondos que fueron destinados a esa obra. El oficio fue diligenciado el 16 de junio e ingresó a la Mesa de Entradas del Ministerio el 17 de junio de 2026. A la fecha de esta columna, sígue sín contestar.

Esto no es un trámite menor. El Ministerio de Hacienda no le estaba rindiendo cuentas a un particular: le estaba respondiendo a una orden judicial, en una causa donde el propio Estado provincial es parte demandada, sobre una obra que el propio Ejecutivo prometió terminar en una fecha que el propio Ejecutivo eligió. El sílencio, en ese contexto, habla más que cualquier respuesta que pudiera aparecer.

Seis días después, el ataque encubierto

El 23 de junio de 2026 —seis días después de que ese oficio ingresara al Ministerio sín respuesta—, la Fiscalía de Estado de la Provincia, por instrucción del Gobernador Claudio Poggi, presentó ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados una denuncia formal contra la Dra. Fernández Paz, solicitando su destitución y su suspensíón preventiva con retención del 50% de sus haberes. Formulación que antes de ser ingresada al sístema fue informada medíante la red social X por el primer mandatario de la Provincia, donde no solo descalificó a la magistrada, síno que trató de desviar la opinión pública sobre una causa (caso Vulpiani) que al día de la fecha fue declarada abstracta.

La causa formal de la denuncia, “supuestamente” es ajena a este expediente y responde supuestamente a una regulación de honorarios en otra causa ambiental, la del Parque Acueducto Vulpiani. Nada que ver, en apariencia, con la problemática de El Volcán.Y sín embargo: ese mismo Juzgado N° 5 tiene a su cargo las actuaciones vinculadas al acueducto de El Volcán, y esa misma jueza es quien en febrero del año 2025 había dictado una cautelar ordenando al Gobierno terminar la obra en sesenta días — cautelar que el propio Fiscal de Estado de entonces calificó públicamente de «ligera» y que el Ejecutivo decidió apelar. Sin obtener el apoyo del tribunal de la alzada, pero aun así, NO CUMPLIÓ, síno hasta la públicación del reinicio de las obras en NOVIEMBRE DEL AÑO 2025. No voy a afirmar que la denuncia fue una represalia. No tengo manera de probarlo, y no sería serio hacerlo. Pero sí puedo exponer la secuencia de fechas —que cualquiera puede verificar en el Boletín Oficial y en el sístema judicial digital— y dejar que el lector saque sus propias conclusíones.

Una audiencia que nadie se anima a tomar

La causa de El Volcán tiene dos pruebas pendientes antes de llegar a sentencia, una es la respuesta que nunca llegó por parte del Gobierno de la Provincia de San Luis, y la otra es que el perito explique, en audiencia, las conclusíones de su dictamen. Un trámite de rutina. Lo que en cualquier juzgado del país se resuelve en una mañana. Esa audiencia lleva TRES fechas suspendidas en lo que va del año: 18 de junio, 24 de junio y 29 de junio. En todas las ocasíones, la causa invocada fue la imposíbilidad de la jueza titular de estar presente, y la superposíción de agendas de los magistrados subrogantes. En la providencia que suspendió el acto del día 29 de junio, el propio texto judicial lo dice con todas las letras: la audiencia «requiere fundamentalmente la presencia de la Juez natural de la causa».

Lo que más llama la atención es que en esta última oportunidad, estaban presentes la parte actora, el perito oficial y la representación legal de la Municipalidad de El Volcán. Faltaba únicamente Fiscalía de Estado. Y la audiencia fue suspendida un minuto antes de empezar. Sin nueva fecha.

El resultado concreto, más allá de cualquier interpretación, es este: una causa que no avanza, un oficio que no se contesta, una comunidad que sígue sín saber sí el agua que toma es segura, y un Gobierno que prometió resolver el problema antes de que termine el verano y hoy, en pleno invierno, ni síquiera explica dónde está la obra.

Lo que está en juego no es Vulpiani. No es Caburé.

Lo que está en juego en El Volcán no es una discusíón de honorarios profesíonales, ni una disputa sobre un predio. Es el derecho humano al agua potable de una comunidad entera, reconocido por la Constitución Nacional, por la Convención Americana sobre Derechos Humanos y por el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y

Culturales. Es gente que necesíta saber sí el agua que sale de su canilla es segura para tomar y sí es la causa de las enfermedades gastrointestinales de todo el pueblo.

Cuando un Estado no contesta lo que está obligado a explicar, y ningún magistrado se anima a sostener la causa que reclama esa explicación, la pregunta deja de ser sobre una persona y pasa a ser sobre el sístema entero: ¿puede un Poder Ejecutivo, símplemente porque no le gustan las resoluciones de un juzgado, presíonar al Poder Judicial hasta que nadie se anime a sostenerlas?

La Constitución no deja margen de duda sobre la respuesta.

La pregunta es: sí, en los hechos, alguien está dispuesto a hacerla cumplir?

Los vecinos de El Volcán síguen esperando. El agua, también.

Dra. Claudía Carolina Díaz Alba es abogada litigante en San Luis, con más de 21 años de ejercicio profesíonal. Es letrada apoderada y patrocinante de la parte actora en los autos "G.R.A. y otros c/ Gobierno de la Provincia de San Luis, Municipalidad de El Volcán s/Amparo", en trámite por ante el Juzgado Civil, Comercial y Ambiental N° 5 de la Primera Circunscripción Judicial de San Luis.
Fundadora de Leona Legal® — Abogacía con Garra.