Alertan por la expansión del comercio ilegal y la falta de respuestas del Intendente

El crecimiento de los manteros en la ciudad de San Luis, especialmente en la zona del centro cultural La Vía y la peatonal, ha generado fuertes críticas por parte de la Cámara de Comercio local, que viene reclamando respuestas urgentes por parte del municipio. “Cada vez ocupan más espacio y no se puede ni caminar por la peatonal. La situación fue caótica para el Día del Padre”, advirtieron.

Según manifestaron desde la entidad, no solo preocupa la venta ilegal en la vía pública, sino también el impulso que, consideran, da el municipio a otras actividades que afectan al comercio formal, como las ferias itinerantes y los espacios de trueque. “El propio municipio las promociona, cuando debería estar acompañando al comercio formal”, señalaron.

El titular de la Cámara, Emmanuel López, afirmó que hace más de dos semanas solicitaron reuniones con el intendente Gastón Hissa y a la Secretaría de Comercio, sin obtener ninguna respuesta. Este jueves reiteraron el pedido con carácter de urgencia. “Ni siquiera contestan los mensajes. No hay vínculo. Y estamos hablando del área con la que más deberíamos articular para mejorar la ciudad”, sostuvo.

También cuestionaron las recientes declaraciones del intendente sobre la posibilidad de crear un registro para feriantes o para quienes participen del trueque. “Pareciera que se está habilitando lo ilegal. Registrar eso es como legitimar una actividad que no corresponde. Detrás de la venta ilegal puede haber trata de personas, trabajo esclavo, evasión fiscal y otras problemáticas graves”, alertaron.

En cuanto a los llamados “trapitos”, desde la Cámara recordaron que en su momento reunieron más de 300 firmas de comerciantes para pedir una regulación. “El intendente anunció que mandará un proyecto al Concejo, pero no hace falta una ordenanza para actuar. Ya tiene herramientas legales para hacerlo y no las usa”, denunciaron.

Sobre las razones de esta inacción, desde la entidad aseguraron desconocer si se trata de una decisión política o de incapacidad para equilibrar la situación social con la legalidad. “No podemos saberlo porque no tenemos diálogo. Pero sí está claro que no hay voluntad de enfrentar las problemáticas clave del sector”, concluyeron.