“La feria judicial es una herramienta de equidad institucional”

“Carta abierta en defensa de la feria judicial en la Provincia de San Luis”

A la comunidad jurídica, a los poderes del Estado y a la ciudadanía de San Luis:

Frente al reciente proyecto de ley que propone la eliminación de la feria judicial en nuestra provincia, y luego de mantener conversaciones al respecto con innumerables colegas en la profesión, transmito y comparto la profunda preocupación y rechazo masivo, a una medida que, lejos de mejorar el servicio de justicia, amenaza con debilitarlo estructuralmente.

Desde los albores de la organización judicial en nuestro país, la feria conforme al modelo europeo, fue concebida como un mecanismo racional que articula descanso, planificación institucional y continuidad del servicio de justicia mediante guardias de urgencia.

En la actualidad, todos los poderes judiciales del país, tanto a nivel federal como provincial,  sin excepción, contemplan en sus normativas la existencia de la feria judicial. Su existencia ha sido refrendada por múltiples acordadas de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y normas procesales tanto nacionales como provinciales. No se trata de una excepción o de un privilegio sectorial, sino de un pilar estructural del funcionamiento judicial argentino.

La feria judicial no implica un cese absoluto de actividad, sino un régimen de funcionamiento diferenciado que garantiza la atención de situaciones urgentes y la tutela judicial efectiva en casos que no admiten demora. Esto permite, por un lado, atender la necesidad de mantenimiento, actualización tecnológica, reorganización administrativa y planificación de gestión del Poder Judicial, y por otro, asegurar condiciones laborales mínimamente dignas para quienes integran el sistema.

En este punto, resulta imprescindible destacar que los y las abogadas litigantes, actores fundamentales del servicio de justicia, no gozan de vacaciones pagas ni de los derechos laborales reconocidos a trabajadores y trabajadoras formales. El ejercicio de la abogacía litigante está signado por exigencias constantes: plazos perentorios, audiencias, demandas, recursos, caducidades, y una presión laboral ininterrumpida que, sin la existencia de la feria, se volvería insostenible. El período de feria constituye el único espacio de descanso real en el año, necesario para preservar su salud física y mental, y garantizar un ejercicio profesional ético y eficiente.

Esta realidad se agrava cuando la analizamos con perspectiva de género: las mujeres abogadas, que además de litigar asumen mayoritariamente las tareas de cuidado, ven severamente restringidos sus derechos más elementales. Incluso la maternidad se transforma en un obstáculo: no existen mecanismos automáticos de suspensión de términos en ejemplos tales como embarazo y parto, enfermedad o atención de los hijos, etc., y muchas colegas deben enfrentar situaciones tan injustas como la “obligación” de  atender sus casos en el posparto inmediato o durante internaciones clínicas propias o de sus hijos. La existencia de la feria, aunque insuficiente, es al menos un paliativo indispensable en un sistema que aún no ha resuelto estas inequidades estructurales.

Además, no es posible obviar que el Poder Judicial se encuentra actualmente colapsado. La mora judicial es una realidad insoslayable que afecta a todas las jurisdicciones. Pretender que la eliminación de la feria resolverá este problema constituye una falacia: lejos de aliviar la situación, incrementará exponencialmente la mora, acumulando causas sin solución y sobrecargando aún más un sistema que ya se encuentra al límite de sus capacidades.

Desde una mirada constitucional y con perspectiva de derechos, la feria judicial es una herramienta de equidad institucional. Su eliminación implicaría una regresividad inaceptable en materia de derechos laborales, de acceso a la justicia en condiciones humanas y en el funcionamiento integral del sistema judicial.

Finalmente, es necesario aclarar con énfasis que la tan postergada reforma del sistema judicial no tiene vínculo alguno con la eliminación de la feria. Pretender que una reforma profunda del Poder Judicial, puede o debe comenzar por la supresión de la feria, es un argumento falaz y engañoso. Tal afirmación desinforma deliberadamente a la ciudadanía, que no conoce el sistema por dentro y desvía la atención respecto de las verdaderas transformaciones estructurales que nuestra justicia necesita.

Por todo ello, hago un llamado a la reflexión, al discurso veraz y al diálogo informado, exigiendo la protección de una institución que no es obstáculo, sino condición de posibilidad para un servicio de justicia eficaz, accesible y humano.

San Luis, mayo de 2025.

ANA MARIA LOPEZ,

ABOGADA, - CAPSL

Se envió la presente, a las correspondientes Presidencias de ambas Cámaras Legislativas, a sus efectos.-