No descartan acciones judiciales por el desdoblamiento salarial

La publicación de las Cuentas de Inversión del último año de gobierno de Alberto Rodríguez Saá produjeron eco en el arco político puntano. Su aprobación, la noción de que la Provincia no registró deudas hasta ese entonces e incluso, de que existía un saldo a favor el último mes del año fueron recibidas con resignación por la oposición peronista en la Cámara de Diputados, que lo venía advirtiendo. 

Referentes del espacio señalaron a El Diario que esto pone en jaque el decreto de emergencia económica del que se valió el gobernador Claudio Poggi para gobernar estos siete meses y una de sus acciones más polémicas, que fue el desdoblamiento de sueldos. Si bien queda tiempo para analizar los números en fino, ya que las cámaras tienen sus plazos, los legisladores justicialistas no descartan acciones judiciales en el futuro próximo.

“La primera impresión que tenemos es que las cuentas de inversiones están bien. Tenemos el voto afirmativo de cuatro de los cinco integrantes, de los cuales una se abstuvo de votar por haber sido ministra en su momento (N. de R.: Cecilia Badaloni)”, apuntó Claudia Pinelli, presidenta del bloque Frente Unidad Justicialista y contadora de profesión. La legisladora también destacó que uno de los votos que estableció la aprobación de la cuenta es Alberto Ferraro, alfil del oficialismo provincial y primo del ministro de Hacienda e Infraestructura Pública, Néstor Ordoñez. 

Pinelli remarcó el dato clave ya difundido por este medio: al momento del ingreso del gobernador Claudio Poggi, Alberto Rodríguez Saá le había dejado 93.550 millones de pesos. Este provenía de un activo financiero de 2022 cercano a los 100 mil millones de pesos y habiendo gastado solamente 6.888 millones de pesos. 

“Siempre en los gobiernos se tiene en cuenta de tener ahorros. En 2023 fue un año que fue necesario, pero igualmente no se utilizó todo. Se utilizaron nada más que 6.888 millones de pesos. Sé que el oficialismo tomó las cuentas como un déficit, pero si uno lo mira bien y se da cuenta, no nos hubieran aprobado las cuentas directamente de haber sido así”, argumentó. 

Otro dato que destacó la contadora es que el propio informe sostiene que la Provincia no adquirió ninguna deuda con organismos nacionales ni internacionales y no emitió Obligaciones a Cargo del Tesoro. “Hay una política pública muy fuerte en la provincia de San Luis donde se ha dicho siempre no al endeudamiento, al equilibrio fiscal, y creo que eso se ha venido manteniendo en el tiempo”, sostuvo. 

“Desde el lado del oficialismo siempre han sostenido que el uso de los ahorros implica déficit y que estos juicios ganados no tendrían que haber sido utilizados (N. de R.: la Provincia, por impulso del exgobernador Alberto Rodríguez Saá, ganó dos juicios por la retención indebida de coparticipación). Nosotros estamos en la parte pública y se busca que todo lo que ingrese se gaste. Se puede dejar ahorro, pero cuando hay necesidad hay que gastar e igualmente dejaron fondos” agregó.

“Se llegó al 31 de diciembre con esta plata, más todas las coparticipaciones que ingresaron y más las diferencias de cotización del dólar. El tribunal, por ley, puede elaborar el informe hasta el 12 de diciembre del año en análisis. Y la mayor devaluación ocurrida en el país fue a finales de diciembre, cuando había en moneda extranjera equivalente a 18 mil millones de pesos. O sea que todavía no tenemos en claro cuánta más plata llegó al 31 de diciembre de 2023”, enumeró. 

Pinelli apuntó que la versión de “déficit” que dio Poggi se contrapone con lo resuelto por el tribunal y recordó que fue su principal argumento para declarar la emergencia económica y desdoblar sueldos en el verano.

“Yo creo que debería empezar a subir los sueldos, no sé si a la par de la inflación, pero sí dejarlos un poco mejor, ya que es un pedido que están haciendo los gremios de toda la administración pública. A su vez, debe dejar sin efecto el Decreto 150 que fue convertido en ley, que ya vemos que no era necesario porque no había una emergencia ni en salud, ni en educación, ni la Policía”, argumentó. 

El tratamiento de las cuentas de inversión en la Legislatura tiene un plazo de un mes desde su ingreso. En la previa, el oficialismo y aliados tienen los votos para rechazarlas, tal como votaron los últimos dos años respecto a los ejercicios fiscales de Rodríguez Saá. 

Pero más allá de esto, para Pinelli, las cuentas pueden tener consecuencias legales. “Vamos a hacer hincapié en la parte legal del decreto de emergencia, ya que no era necesario sacarlo, porque la plata estaba. Y sobre todo, el desdoblamiento de sueldos, que tampoco era necesario y les causó un perjuicio muy grande a muchos empleados de la administración pública”, adelantó.

La diputada dijo que pedirán la nulidad e inconstitucionalidad del decreto, la readecuación de salarios para los empleados y explicaciones por el desdoblamiento de sueldos. Pinelli aclaró que directamente no podrán accionar judicialmente, ya que la

Legislatura provincial fue uno de los poderes que no fueron alcanzados por el desdoblamiento, por normativas vigentes. “No fuimos los damnificados, pero sí representamos a gran parte de la población de la provincia que sí lo fueron por estas medidas y sí vamos a ir con ellos, con los gremios o con alguna persona que esté dispuesta a colaborar en la Justicia”, concluyó.

La publicación de las Cuentas de Inversión del último año de gobierno de Alberto Rodríguez Saá produjeron eco en el arco político puntano. Su aprobación, la noción de que la Provincia no registró deudas hasta ese entonces e incluso, de que existía un saldo a favor el último mes del año fueron recibidas con resignación por la oposición peronista en la Cámara de Diputados, que lo venía advirtiendo.