Una historia de amenazas que terminó trágicamente en Beazley

Los detalles que ventiló el fiscal Francisco Assat Alí este viernes cuando acusó a dos hombres y a un menor de haberse puesto de acuerdo para asesinar a Marcos Rosales son la prueba de que un conflicto vulgar puede tornarse luctuoso aún en una localidad pequeña y en donde todos se conocen como Beazley. Es que el menor, que permanecerá con prisión domiciliaria por 90 días, ya había atacado al hombre de 36 años a puñaladas y minutos antes de asesinarlo lo amenazó: “Rengo culiado te vamos a matar”.

Y así lo hizo el miércoles a la noche, luego de que Rosales llegara a la vivienda de Salvio Cadelago y Perón a buscar al adolescente para reclamarle por haberle pegado a su hijo. Antes de que W.R. le asestara la puñalada artera que le ingresó 12 centímetros de profundidad en el pecho y le lesionó el ventrículo derecho del corazón, Ceferino Vicente Villafañe, de 23 años, y Walter Emanuel Quiroga, de 35, atacaron a trompadas a la víctima. Por eso, Villafañe —tío del menor— y Quiroga —hermano del menor— fueron imputados por Assat Alí como coautores de homicidio calificado por ser realizado por el concurso premeditado de dos o más personas.

Según el relato del fiscal adjunto Juan Pablo Díaz Estopiñan, la secuencia de acciones, que terminó con un muerto y dos casas quemadas en una localidad en donde el evento más estruendoso de cada semana es el arribo del tren de cargas, tuvo su inicio el mismo miércoles alrededor de las 19:30. El menor acusado y un grupo de personas atacaron al hijo de Rosales a la salida de la escuela, el Centro Educativo Tucumán. Minutos más tarde, el adolescente implicado fue en moto a la casa de Rosales, en la calle Di Pasquo, y allí, mientras aceleraba su moto para llamar la atención, le profería a los gritos las amenazas de muerte: “Te vamos a matar”.

Rosales, quien ya había sido atacado a puñaladas por el menor el 24 de diciembre del año pasado, tomó su vehículo, un Renault 12, y siguió “al imputado hasta la calle Salvio Cadelago, donde reside. Allí se inició una discusión entre ambos, a la cual se sumaron Villafañe y Quiroga”, detalló Díaz Estopiñan. La vivienda en donde el conflicto finalmente estalló está a unos escasos metros de la Comisaría 46ª, pero a pesar de ello la situación se tornó en tragedia.

Los dos mayores implicados en el ataque arremetieron contra Rosales a trompadas. Una oficial de la Policía vio la escena e inmediatamente ingresó al destacamento a pedir refuerzos. “Fue entonces cuando el menor apuñaló a Rosales causándole una herida punzocortante de siete centímetros de longitud, dos de ancho y una profundidad aproximada de 12 centímetros”. La integrante de la fuerza aseguró que, en ese momento, Rosales “solo trataba de defenderse”, sostuvieron los fiscales durante la acusación.

Assat Alí se refirió a la calificación legal y consideró que “hubo un acuerdo previo para matar entre todos”. Advirtió también que se aprovecharon “del estado de indefensión” de la víctima y planteó la imposibilidad de que el menor hubiera actuado solo por sus características físicas y las de Rosales. Y en este punto dijo que “los golpes fueron los que dejaron el camino expedito para que le diera la puñalada letal”.

También precisó que tras el asesinato, comenzó a congregarse gente en el ingreso a la casa de la familia Quiroga. Fue entonces que los atacantes “se encerraron” en la propiedad, pero la violencia continuó en ascenso hasta que apedrearon la vivienda y luego arrojaron un líquido inflamable.

Díaz Estopiñan mencionó durante la audiencia que en diciembre ya se había suscitado un problema entre la víctima y el imputado adolescente, quien había apuñalado cuatro veces a Rosales. Todo dentro de un contexto de amenazas, que estaban explicitadas en una denuncia que tramita la Unidad de Abordaje Fiscal. “Esto marca la problemática entre las familias y concretamente entre estas mismas partes, que ya se venía sosteniendo con anterioridad”, sostuvo y enumeró evidencias como el acta de levantamiento del cadáver, la actuación de Homicidios y llamadas de emergencias.

La Fiscalía también solicitó para avanzar con la investigación la Cámara Gesell a menores que estaban en la zona, una rueda de reconocimiento, hisopados, una planimetría y declaraciones en sede judicial y solicitó para Villafañe y Quiroga la prisión preventiva por el plazo de 120 días.

Los tres imputados se abstuvieron de declarar y el defensor oficial, Guillermo Salazar, requirió para los mayores la prórroga de los ocho días de detención. Sin embargo, aseguró que los hechos “no se condicen” con lo relatado por los fiscales e hizo alusión a que no está verificada la cadena de custodia del lugar del hecho y que no tienen el resultado de la necropsia, sino solamente el acta de defunción.

En relación al adolescente, el defensor de la Niñez, Adolescencia e Incapaces, Sebastián Privitera adhirió al planteo de Salazar. Finalmente la jueza Penal, Juvenil y Contravencional, Daniela Benenatti, resolvió que el menor tendrá prisión domiciliaria por el plazo de tres meses.

La madre del menor, detenida ilegalmente

Antes de que inicie la audiencia en donde resultaron imputados Ceferino Villafañe, Walter Emanuel Quiroga y el menor de edad, el fiscal instructor Francisco Assat Alí le pidió la palabra al juez de Garantías Marcos Flores Leyes y se refirió a una situación puntual: “Notamos en este momento que hay una persona que no fue citada ni requerida por este Ministerio Público Fiscal para la presente audiencia de formulación de cargos. La mujer fue demorada, pero solamente se solicitó la detención de tres personas, no de ella”, mencionó para finalmente solicitar la inmediata libertad de la mujer, ya que no se le iban a formular cargos.

El defensor oficial Guillermo Salazar se refirió a la presencia de su representada en la sala de Oralidad 2 del Poder Judicial. “Es una situación gravísima. Esta defensa tomó entrevista con los imputados en calidad de detenidos y si a la señora no se le formulan cargos se pone de manifiesto que la señora ha sido detenida de manera ilegal”, dijo. Salazar también le solicitó al juez que ordene que se investigue la ilegalidad para determinar los responsables de la misma y que sean penados por el proceder antirreglamentario.

Finalmente, Marcos Flores Leyes ordenó la libertad de la mujer. “Señora, en este momento se puede retirar, ya que está en libertad”, le dijo a la mujer. Pero para sorpresa de algunos, la mujer no se despegó del asiento y con un hilo de voz inaudible se dirigió al juez. El magistrado interrumpió para darle la opción de que si deseaba permanecer en la audiencia podía hacerlo. Es que la mujer, más allá de no haber participado del ataque, tenía un interés particular: el menor que fue acusado por la fiscalía de apuñalar en el corazón a Marcos Rosales es su hijo.