Preocupación por el centro de víctimas de violencia de género

Concejales del bloque justicialista presentaron un pedido de informe para saber sobre el funcionamiento del hogar “Berta Elena Samper”, para víctimas de violencia de género. Desde que asumió el intendente, Gastón Hissa, referentes de la oposición peronista desconocen si hay algún funcionario dedicado al área, como así también si el espacio está operando.

 “Sabemos que en el centro contaban con un grupo de profesionales interdisciplinarios, compuesto por una psicóloga, una abogada y una trabajadora social. No sabemos cómo está funcionando el centro ni si estas personas siguen integrándolo”, agregó la concejala Paulina Calderón, quien detalló el proyecto a El Diario.

"El refugio sigue existiendo como espacio físico, pero no sabemos sobre su funcionamiento" (Paulina Calderón- Concejal del bloque justicialista).

 

Calderón recordó que este es el único centro de contención que funciona en la provincia, creado durante la intendencia de Enrique Ponce. Por razones de seguridad de las víctimas, no se difunde su ubicación, pero funcionaba con la condición adicional de que las mujeres debían presentar una denuncia judicial para que fueran resguardadas.

“No tenemos información al respecto. El refugio sigue existiendo, como espacio físico, pero no sabemos sobre su funcionamiento ni el destino exacto que se le está proporcionando a ese espacio”, remarcó. La concejala describió que el proyecto pasó a las comisiones de la Mujer, Niñez y Ancianidad, y Legislación e Interpretación del Concejo. Ella sospecha que el pase a esta segunda comisión es para frenar la propuesta y así, sea pasada a archivo.

“Habíamos hecho un pedido de informe en relación a la dirección de género que habitualmente tenía el Municipio. Estas son funciones establecidas en la carta orgánica. Aparentemente, ahora depende de la Secretaría de Atención al Vecino. Pero no conocemos si hay una funcionaria o funcionario a cargo”, describió, para poner en contexto de la falta de atención al área.

La inacción en cuanto a políticas de género del intendente Hi-ssa es evidente para la legisladora. “Lamentablemente, no estamos viendo que se esté trabajando en el tema. De hecho, si conocemos alguna víctima de violencia no sabemos adónde dirigirla”, concluyó.

Una víctima a la deriva

A nivel provincial también hay preocupación por parte de referentes feministas, quienes marcaron que si bien hay trabajadores de la Dirección de la Mujer y Género con buena predisposición, la disminución de categoría de secretaría a un área dependiente del Ministerio de Desarrollo Humano redujo la cobertura a mujeres víctimas de manera ostensible ante los menores recursos.

Cecilia Betervide, promotora territorial en prevención en violencia de género de la CCC, secretaria adjunta de la CTA Autónoma e integrante de la agrupación de mujeres Lelikenun, detalló el caso reciente de una mujer víctima de violencia de género. Por cuestiones de seguridad y para evitar su revictimización, la referente solo dio a El Diario datos generales. La mujer huyó con sus tres hijos de otra provincia, donde sufría violencia de género. En San Luis, fue recibida por otra persona que también comenzó a ejercer violencia contra ella. Allí decidió buscar ayuda.

Betervide y otras activistas la asistieron. Sin embargo, tuvieron gran dificultad para encontrar un refugio. Finalmente, consiguió estadía por la gestión de un intendente de una ciudad cercana y la ayuda de funcionarias de la Dirección de Mujeres y Género de la provincia.

Hoy, la mujer necesita un trabajo para poder costear un alquiler (ella trabajaba para su agresor) y muebles básicos, ya que empezará de cero. Ropa y juguetes ya consiguieron. “No solo se queda sin lugar donde vivir, sino que también se queda sin posibilidades económicas, sin poder sustentarse ella y sus hijos”, remarcó. Quienes quieran colaborar pueden contactar al 2664666216.

"Es importante que el Estado esté con políticas públicas claras, que no sea una cuestión de voluntad" (Cecilia Betervide- Referente territorial en prevención de violencia de género de la CCC).

 

“La solidaridad en estos casos es importante, la primera mano que se extiende es la que muchas veces salva, pero la responsabilidad es del Estado, ya sea nacional, provincial o municipal. Nadie pide que las mujeres que sufren violencia vivan de arriba, lo que se pretende es que el Estado asista y dé una mano para que ellas salgan de esta situación”, apuntó la referente.

“La respuesta que dan los gobiernos es que no hay plata. Por lo que yo pude entender, las funcionarias que están más abajo no tienen mucho poder de decisión al respecto. Algunas tienen ganas, interés, compromiso y están abiertas a trabajar, pero no está la decisión política de destinar recursos. Es importante que el Estado esté con políticas públicas claras, que no sea una cuestión de voluntad de las personas”, concluyó.